Los fondos de pensiones de los países, de ciudades como Nueva York o San Francisco, de la Iglesia de Inglaterra, diócesis católicas y de fundaciones han desinvertido 5 billones de euros.
A mediados de los años ochenta del siglo pasado, los estudiantes de Yale iniciaron una campaña para que la universidad americana vendiera su participación en empresas que operaban en Sudáfrica como protesta contra el apartheid. Yale tenía invertidos 300 millones de dólares, una cuarta parte de ellos en bancos que prestaban dinero al Gobierno sudafricano.
A finales de la década, 155 instituciones educativas americanas, 26 estados (como California, que tenía 3.100 millones de inversión) y 90 ciudades, así como fondos de pensiones, habían vendido sus participaciones en grupos vinculados con Sudáfrica (sólo tres de los grandes fondos californianos se deshicieron de 9.000 millones de dólares en activos), jugando un papel en la decisión del Congreso de Estados Unidos de aprobar sanciones contra Sudáfrica y en que 200 empresas cortaran lazos con el país. El proceso llevó la retirada masiva de capitales de Sudáfrica, a la devaluación del rand y a la hiperinflación, provocando a la caída del régimen de segregación racial de Pieter Botha en 1989.
Ejemplo
Sudáfrica es un ejemplo de las campañas de desinversión emprendidas por los inversores, y que han tenido antes al tabaco y al armamento entre sus objetivos. El cambio climático y la necesaria transición hacia una economía baja en carbono es ahora una de sus grandes preocupaciones, especialmente tras la decisión de Donald Trump de retirar a Estados Unidos del Acuerdo contra el Cambio Climático de París de 2015 (que limita al 2º Centígrados el calentamiento del planeta), de revitalizar la construcción de grandes gasoductos y de relajar los estándares medioambientales para la técnica de extracción de hidrocarburos conocida como fracking que impulsó su predecesor Obama.
Nueva York es la última en sumarse a un movimiento surgido a la raíz de la Cumbre del Clima de París, que aboga por desinvertir en empresas de combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón) por contribuir a las emisiones de gases de efecto invernadero. La ciudad ha emprendido acciones legales contra las petroleras ExxonMobil, ConocoPhilips, Chevron, Shell y BP, pidiendo compensaciones legales por los daños que, considera, causan las catástrofes que desencadena su actividad, como el huracán Sandy, que hace cinco años provocó graves daños.
Pero, además, su alcalde, Bill de Blasio, anunció que los cinco fondos de pensiones de la ciudad retirarán sus inversiones en combustibles fósiles, que suponen 5.000 millones de los 189.000 millones de dólares en activos que gestionan. Un paso que ya han dado San Francisco, Minneapolis, Seattle, Santa Fe, Santa Mónica, Santa Cruz o Richmond en Estados Unidos, y Oslo (Noruega), Orebro (Suecia), Boxtel (Holanda) y Copenhague (Dinamarca), y que estudian Berlín y Washington.
Las ciudades forman parte de una lista de entidades filantrópicas, instituciones educativas y religiosas y fondos de inversión que han comenzado a desprenderse de sus participaciones en empresas de combustibles fósiles. Según la organización Divest Invest, a este movimiento se han sumado ya cerca de 800 instituciones y más de 59.500 inversores particulares, que se han comprometido a desinvertir activos por valor de 6 billones de dólares (4,9 billones de euros) en este sector para destinarlos a energías limpias.
Actividad
De hecho, los grandes inversores se muestran muy activos en este terreno. Un ejemplo es el Fondo Noruego de Pensiones, que maneja 880.000 millones de euros en activos. El mayor fondo soberano del mundo, que precisamente obtiene los ingresos que invierte de la extracción de petróleo y gas, anunció en noviembre que reducirá paulatinamente su presencia en la industria petrolera.
Actualmente tiene 35.000 millones de dólares en este mercado, incluyendo acciones en Shell o Chevron, además de participar en la estatal Statoil. El Fondo, acostumbrado a revisar su política para cumplir con los criterios éticos, ambientales y sociales que rigen su inversión, ya ha cedido su participación en empresas de carbón, tabaco, armamento o aceite de palma.
KLP, el fondo de pensiones de los empleados públicos de Noruega, también venderá acciones de compañías vinculadas con arenas bituminosas (arenas de alquitrán o petrolíferas); y el sueco AP2 está deshaciendo posiciones en petroleras y gasistas.
Los fondos de las instituciones eclesiásticas han sido unos de los más activos. La Iglesia de Inglaterra, cuya cabeza es la Reina Isabel II, que tiene un patrimonio de 9.200 millones de euros en empresas e inmuebles, emprendió ya ese camino. En 2015 inició la venta de su participación en empresas de petróleo y carbón, valoradas en 16,8 millones. Este año, 40 asociaciones católicas de Italia, Australia, Sudáfrica y Bélgica anunciaron que retirarán sus inversiones de aquellas compañías que trabajen con combustibles fósiles por ser responsables de las emisiones contaminantes y, por tanto, del calentamiento del planeta y de la mayor vulnerabilidad de las comunidades más empobrecidas.
Educación
Fundaciones como la de la familia Rockefeller, que construyó su fortuna en torno al petróleo, ya dieron los pasos para salir de estas energías. Pero, una de las avanzadillas de este movimiento han sido las universidades. Entre los grandes inversores institucionales figuran los fondos de las universidades de Estados Unidos, conocidos como endowment, y que se calcula, mueven más de 500.000 millones de dólares (encabezados por Harvard, con 37.000 millones en activos, y Yale, con 25.000 millones).
La mayoría de estas instituciones privadas se financian a través de las donaciones de antiguos alumnos y de las cuotas de los nuevos estudiantes, que se destinan a invertir en carteras para multiplicarla. Harvard dijo en abril que paralizará sus inversiones en combustibles fósiles, sumándose así a Stanford y, sobre todo, a las 54 universidades británicas que han firmado este compromiso, como Glasgow y Londres.
El Parlamento Europeo anima a desinvertir
Como paso previo a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP23), que se celebró en Berlín en noviembre, el Parlamento Europeo hacía semanas antes un llamamiento a gobiernos e instituciones financieras públicas y privadas, incluidos bancos, fondos de pensiones y compañías aseguradoras, para que asumieran un "compromiso ambicioso de alinear las prácticas crediticias y de inversiones" con el objetivo de que la temperatura media mundial no supere los 2 °C, en línea con el Acuerdo de París.
Éste, firmado en 2015 por cerca de doscientos países, estableció medidas para la reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). El Parlamento pedía, asimismo, en su declaración que estas organizaciones desinviertan en combustibles fósiles, incluyendo la eliminación gradual de los créditos a la exportación a las inversiones para este tipo de fuentes de energía no renovables, así como garantías públicas específicas para promover la inversión verde y para ofrecer ventajas fiscales a los fondos de inversión responsable y a la emisión de bonos verdes.
Los eurodiputados recordaron que el cambio climático es uno de los desafíos más importantes para la humanidad y que todos los Estados y actores del mundo deben hacer todo lo posible para limitar los problemas asociados. "El Acuerdo de París es un paso importante en esa dirección, aunque todavía queda mucho por hacer", indicaron en su resolución. En cuanto a la política energética, el documento pide a la comunidad internacional que adopte un calendario concreto para eliminar los subsidios a los combustibles fósiles.
El Parlamento trabaja actualmente en tres textos para aplicar el Acuerdo de París, entre ellos figura la reforma del mercado del carbono después del año 2020 (ETS) y la regulación sobre las emisiones de gases de efecto invernadero. La UE ha marcado el objetivo de reducir dichas emisiones de gases de efecto invernadero, al menos, un 40% en 2030 respecto a los niveles de 1990.
Fondos de pensiones y religiosos
El Fondo Noruego de Pensiones, que aplica criterios éticos, ambientales y sociales para gestionar su cartera de inversión, tiene 35.000 millones de dólares invertidos en empresas petroleras (entre ellas Shell y Chevron, además de la estatal noruega Statoil) de las que ha decidido desprenderse, al igual que su compatriota KLP y el fondo sueco AP2. Las instituciones eclesiásticas también cuentan con fondos de inversión. Algunos de ellos ya han puesto en marcha este proceso.
La Iglesia de Inglaterra inició en 2015 la venta de su participación en empresas de petróleo y carbón, valoradas en 16,8 millones, y comunicó que no invertirá en grupos en los que el 10% de sus ingresos proceda de esta actividad. A partir de este año, 40 asociaciones católicas de Italia, Australia, Sudáfrica y Bélgica retirarán sus inversiones en compañías que trabajan con combustibles fósiles, por ser responsables de las emisiones contaminantes y, por tanto, del calentamiento del planeta y de la mayor vulnerabilidad de las comunidades más empobrecidas.
Ciudades, de Europa a EEUU
Nueva York acaba de sumarse a este movimiento y venderá los 5.000 millones de dólares que los 189.000 millones en activos que gestionan, al tiempo que demandará a las grandes petroleras, exigiendo que compartan los costes que causan con su actividad, que va en contra del cambio climático.
Estados Unidos es el gran baluarte, donde grandes urbes como San Francisco, Minneapolis, Seattle, Santa Fe, Santa Mónica, Santa Cruz o Richmond han iniciaron las desinversiones en estas industrias, arrastrando con ellas a sus fondos de inversión (principalmente de funcionarios y profesores). En Europa, el movimiento es aún incipiente pero ciudades como Oslo (Noruega), Orebro (Suecia); Boxtel (Holanda) y Copenhague (Dinamarca) se han comprometido a salir de los combustibles fósiles, un paso que están estudiando también Berlín y Washington. La capital danesa anunció a principios de 2016 que su fondo basado en el petróleo, gas y carbón destinaría los cerca de 1.000 millones de euros invertidos en energías renovables.
Las universidades inician el camino
La Universidad de Glasgow (Escocia) fue pionera en Europa en tomar la decisión, hace dos años, de desinvertir en petróleo. Tras la campaña impulsada por los 1.300 estudiantes de la Glasgow University Climate Action Society, la institución educativa aprobaba en 2015 vender en diez años los alrededor de 23 millones de euros que tenía invertidos en energías fósiles.
Actualmente son 54 las universidades británicas (entre ellas, Londres, Bedfordshire y Sheffield) que se han comprometido a salir de esta industria de combustibles fósiles, además de dos irlandesas y de instituciones norteamericanas como Standford, que hasta 2020 se desprenderá de 18.000 millones en acciones de grupos de petróleo, gas y carbón, o Georgetown. Sólo los centros de Estados Unidos gestionan un patrimonio en activos que supera los 500.000 millones de dólares. Harvard (con el mayor patrimonio bajo gestión, con 37.000 millones de dólares) dijo en abril que paralizará sus inversiones en combustibles fósiles.
Instituciones filantrópicas
Instituciones como la Ben & Jerry Foundation, el Merck Family Fund (creado por el presidente de la farmacéutica alemana Merck, George Merck), el Wallace Global Fund (del expresidente americano Henry Wallace), o la Schmidt Family Foundation (impulsada por el presidente de Google, Eric Schmidt) se unieron a este movimiento que tuvo pionero a la familia Rockefeller.
La Fundación de los herederos de la fortuna del magnate John D. Rockefeller, que hizo su fortuna con el petróleo, comenzó en 2014 a retirar sus inversiones en combustibles fósiles, valoradas en 775 millones de euros, comprometiéndose a destinar 50.000 millones a renovables. Algunos sectores han pedido también a dos de los fondos filantrópicos más importantes, Wellcome Trust, y la Fundación Gates, que salgan de la industria. En 2016, la Fundación Bill y Melinda Gates abandonó el capital de Exxon (donde tenía 824 millones de dólares) y de BP (187 millones). Esta última fue la responsable del desastre de la plataforma Deepwater Horizon, en el golfo de México en 2010.
