El Gobierno nacional eliminó las inversiones de capital y redujo en un 18.5 por ciento el presupuesto. En total, pasará de 4216 millones de pesos en 2017 a 3435 millones este año. “Queremos dialogar con el interventor y parar esta ola de despidos”, plantearon los trabajadores.

El ajuste en la empresa estatal Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) anticipado por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, ya llegó. Al menos 200 trabajadores de la mina, encargada de sacar carbón para abastecer a la usina de la cuenca, fueron despedidos ayer por el interventor de Cambiemos, Omar Zeidán. Al brutal recorte de personal, el Gobierno nacional sumó también una reducción del 18,5 por ciento del presupuesto.

Peña había anunciado durante su último informe en el Senado un recorte en salarios y gastos operativos en YCRT del 10 por ciento. Pero Zeidán fue más allá y lo extendió hacia un 18.5 por ciento, en línea con los postulados que marca el Poder Ejecutivo para la reducción del gasto público en dependencias estatales.

En total, el presupuesto para YCRT pasará de 4216 millones de pesos en 2017 a 3435 millones de pesos para este año. Además, se eliminaron las inversiones de capital en la usina. De esta forma, se especula con que la verdadera intención es vender la usina a capitales privados.

El lunes llegaron los primeros telegramas de despidos y los trabajadores ya reclamaron su reincorporación en una mesa de discusión. “Queremos dialogar con el interventor y parar esta ola de despidos, tenemos la esperanza de revertir esto y tener todos los compañeros integrados al yacimiento”, destacó Miguel Páez, Secretario General de la Seccional ATE Río Turbio durante una rueda de prensa en la que los gremios confirmaron la decisión de la empresa.

La decisión de ajustar a los trabajadores ya estaba clara, porque semanas antes los funcionarios ofrecieron retiros voluntarios, que fueron resistidos por los empleados. Según explicó durante la rueda de prensa Oscar Sánchez, secretario adjunto de APS, primero “se los invita a los trabajadores a aceptar el retiro voluntario, caso contrario se los despide”.

Los interventores alegaron que estaban haciendo “sus mayores esfuerzos para lograr una operación segura y sustentable del yacimiento”. “Como parte de dicho esfuerzo se realizaron y se realizarán las adecuaciones presupuestarias correspondientes”, habían planteado.