Los fondos sociales son recursos provenientes de la transferencia de proyectos mineros de titularidad del Estado.
Desde el 2006, los fondos sociales en la minería peruana acumularon un total de S/ 1,680.72 millones en beneficio de muchas comunidades aledañas a los proyectos mineros en todo el país, reportó el Ministerio de Energía y Minas (MEM).
Según el “Informativo Minero” del MEM, los fondos sociales en minería creados mediante el Decreto Legislativo N° 996 incluyen recursos conformados por un porcentaje de la transferencia de proyectos mineros de titularidad del Estado, que tienen como finalidad financiar proyectos sociales que beneficien a la población aledaña a los proyectos mineros.
Los fondos sociales priorizan proyectos de atención humanitaria, infraestructura, servicios básicos, capacitación, fortalecimiento de capacidades, así como financiamiento de proyectos para la generación de empleo productivo para la población, principalmente de los sectores más vulnerables.
De acuerdo a la norma, estos recursos son distribuidos en un 85% entre los centros poblados o comunidades; un 10% entre las municipalidades distritales y un 5% entre las municipalidades provinciales de las zonas aledañas a los proyectos mineros.
Actualmente, existen siete fondos sociales en La Libertad, Apurímac, Cajamarca, Junín, Piura y Ancash.
La Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama es la que mayor presupuesto ha comprometido con más de S/ 700 millones, para la realización de 423 proyectos.
Existen diferentes mecanismo para la distribución de las rentas mineras, dependiendo de la etapa del proyecto. Los fondos sociales son ejecutados por una asociación civil creada para la implementación de proyectos sociales orientadas a las comunidades dentro del área de influencia de un proyecto minero. Con este mecanismo, se esperaba contribuir al desarrollo local, así como al mayor desarrollo de inversiones mineras.
Desde diciembre de 2008 el Estado peruano puso en operación el mecanismo de los fondos sociales, como medio para canalizar parte de los ingresos percibidos por el Estado a cuenta de las concesiones mineras, hacia inversiones y proyectos de orden social que beneficien a la población aledaña a dichas concesiones y contribuir a la legitimación de las empresas extractivas en dichas zonas.
El modelo, basado en la gestión privada de los fondos y la participación directa de los actores locales, buscó agilizar la gestión y ejecución de los recursos, librándola de las demoras inherentes a la gestión pública.Existen seis casos en operación, con recursos que bordean los 340 millones de dólares, siendo el Fondo Social Michiquillay (FSM) uno de los más importantes, dado su volumen financiero.
