Gobierno afianza que el legado energético sea la política económica más consolidada de Bachelet
Tras la baja de precios histórica de la última licitación eléctrica, la Comisión Nacional de Energía afina propuesta para realizar obras de transmisión y que incluye la cifra más alta de la historia en esta materia.
Ambicioso y desafiante. Estos son solo algunos de los calificativos que suscitó la propuesta para ampliar las redes de transmisión eléctrica nacional que el Gobierno liberó hace unos días. Y no es para menos, ya que el plan supone una inversión total por nada menos que US$ 3.170 millones, la cifra más alta en la historia planteada para este segmento del negocio eléctrico, que en los últimos años solo ha sabido de estrechez y cuellos de botella, los que han impedido el desarrollo de proyectos, afectado la normal operación del sistema e, incluso, impactado en los precios de la energía.
Claro que este monto récord no es la única sorpresa que contiene el Informe Técnico Preliminar del Plan de Expansión Anual de la Transmisión correspondiente al año 2017, que por primera vez la Comisión Nacional de Energía (CNE) elaboró bajo los lineamientos de la nueva ley del sector, reforma que impulsó Máximo Pacheco durante su gestión como ministro de Energía y que es considerada como la reforma más importante del sector eléctrico en las últimas tres décadas.
La propuesta incluye en forma inédita la construcción de una línea de características similares a la que consideraba el –a estas alturas ya sepultado y polémico– proyecto HidroAysén, así como tecnología para ayudar a la red eléctrica a soportar la creciente participación que la energía renovable, en particular la eólica, tendrá a partir del año 2021, lo que supone un reto para la estabilidad de la red, dada la intermitencia de esta fuente de generación y la presencia mayoritaria que tendrá a partir de ese año.
El monto que el Gobierno está planteando y que corresponde a obras que, en su totalidad y tras las correspondientes licitaciones, iniciarían su construcción durante el primer semestre de 2021, con un plazo máximo de ejecución de 84 meses, se descompone en 13 obras para expandir el sistema de transmisión nacional (que previo al cambio legal se denominaba troncal y constituye la columna vertebral de la red de transporte de energía), que suponen inversiones por US$ 3 mil millones, correspondiendo 9 de estas iniciativas a obras nuevas (US$ 2.987 millones) y las 4 restantes a la ampliación de instalaciones existentes (US$ 17 millones).
Una parte importante de este presupuesto se lo lleva la propuesta para construir una línea paralela a la polémica Cardones-Polpaico que, rodeada de muchos problemas, lleva adelante la colombiana ISA. La gran diferencia es que la idea de la CNE es que se destinen casi US$ 1.900 millones para instalar un tendido de 500 kV y 1.500 kilómetros de extensión, que pueda mover 3 mil MW de energía, que permita llegar en forma directa con energía desde la zona de Atacama hasta la Región Metropolitana. ¿La fórmula? Corriente continua, una alternativa que hasta ahora solo fue analizada, aunque sin éxito, para concretar la interconexión de los principales sistemas eléctricos del país, los desaparecidos Interconectado Central (SIC) y del Norte Grande (SING), pero nunca propuesta con una magnitud de este orden.
El secretario ejecutivo (s) de la CNE, Iván Saavedra, explicó que se contempla la realización de un enlace en corriente continua entre el norte del país y el centro de carga ubicado en la Región Metropolitana y este deberá ser capaz de transportar la oferta de energía renovable no convencional, principalmente solar. “Esta obra viene a complementar la interconexión SIC-SING, posibilitando que el sistema opere con costos más bajos, con una mayor controlabilidad y mayor seguridad”, detalló.
La tecnología de corriente continua, que posibilita trasladar grandes bloques de electricidad minimizando las pérdidas de energía, es la alternativa que también, sin éxito y durante años, defendieron la ex Endesa y Colbún para transportar la producción del hoy extinto proyecto HidroAysén.
Con US$ 500 millones como inversión estimada, es la segunda obra de este pool en magnitud y también representa una diferencia con lo que hasta ahora se ha visto en estos ejercicios de planificación por parte de la autoridad. Se trata de una subestación eléctrica (instalación donde se inyecta y retira energía) que considera además dispositivos para el almacenamiento de 300 MW de electricidad. Esta tecnología apunta a dotar a la red eléctrica de la suficiente flexibilidad para responder a la intermitencia o variabilidad de energías como la eólica, que tras las recientes licitaciones de suministro para clientes regulados, entre ellos los residenciales, tendrá un peso cada vez mayor en la matriz eléctrica nacional.
Saavedra explicó que “este plan de expansión contempla inversiones por más de 3 mil millones de dólares, de los cuales dos obras suman en total 2 mil 200 millones que entrarán en operación en febrero de 2030, dentro de 12 años más. Importante es aclarar que este plan no es comparable en cuanto a metodología y procedimiento con los planes de expansión troncales anteriores, en particular por el horizonte de planificación que es de al menos 20 años y los objetivos que la ley establece para este proceso”.
Agregó que los plazos propuestos contemplan la culminación del actual proceso (junio-julio 2018 con decreto de Expansión respectivo) para las obras mayores, la elaboración o desarrollo de los estudios de franja que contempla la ley, cuya duración puede llegar a 3 años, el proceso de licitación de estas obras que es de un año y medio, y finalmente el plazo constructivo que se extiende por 7 años, llegando así a febrero de 2030.
“Para los clientes finales ser abastecidos por un mercado de generación competitivo asegurará la obtención de menores precios. Este mercado competitivo se viabiliza cuando en el sistema de transmisión no se observan congestiones y desacoples económicos, facilitando así el desarrollo de la referida competencia en el segmento de generación. Por su parte, las empresas de transmisión siempre tendrán el incentivo de participar en las licitaciones de estas obras de transmisión, dada su gran magnitud y al régimen de pago que establece la ley para estas inversiones”, dijo a El Mostrador Mercados.
En el sector comentan que una de las razones que explica el aumento exponencial de la inversión considerada en este primer ejercicio planificador bajo la nueva normativa –considerando que hasta ahora el récord para este tipo de estudios es de US$ 1.000 millones, propuesto en 2013–, es que el horizonte para la planificación se duplicó, pasando de 10 a 20 años. Esto, con el objeto de contar con la holgura suficiente de la red, incluyendo un período de crecimiento más largo tanto de la demanda como de la producción eléctrica.
Otra de las razones –añaden conocedores del sector– que posibilita esta apuesta ambiciosa, es que la nueva Ley de Transmisión cambió el esquema de pago de estas inversiones, que previamente recaía en un 80% en las generadoras y el 20% en los consumidores de todo tipo, es decir, tanto libres (mineras o grandes industriales) como los regulados. Esta mayor carga les daba a las eléctricas un rol especialmente activo a la hora de cuestionar la real utilidad de las obras proyectadas, incentivo que hoy se habría perdido.
Sin embargo, en la industria advierten que, tanto a nivel gremial como en forma individual, debería esperarse que los principales usuarios mayoristas de electricidad, es decir, las mineras, asuman este rol, por lo que adelantan que sería inminente que este informe preliminar sea impugnado ante el Panel de Expertos, instancia que hace las veces de tribunal para las controversias del sector eléctrico y del gas, donde el enfrentamiento podría resultar complejo.
Otro punto que ha levantado el debate, al menos en las redes sociales, son los plazos que la propia ley fija para someter a consulta pública las obras contenidas en este informe, ya que las partes involucradas solo tienen 10 días hábiles para analizar la conveniencia de estas obras o bien de alternativas que pudieran ser más costo-efectivas, evitando, por ejemplo, caer en la temida sobreinversión.
De hecho, ya hay voces –incluso entre quienes participaron en la reforma legal– que se alzan para plantear a la autoridad la necesidad de ampliar estos plazos de participación, incluyendo incluso la realización de audiencias públicas para analizar estas obras que buscan dar realce al que, a estas alturas, es visto como el mayor legado del Gobierno saliente: los avances en materia energética.
