Graña y Montero, sin embargo, señala que el referido contrato de Subordinación y Cesión de Derechos suscrito entre las socias del Gasoducto Sur Peruano es un acuerdo plenamente válido.
En el marco del proceso concursal abierto por Indecopi por la insolvencia del Gasoducto Sur Peruano, la constructora brasileña Odebrecht notificó hoy miércoles a una subsidiaria de Graña y Montero con una petición arbitral.
En esta petición enviada a la subsidiaria GyM, la empresa brasileña cuestiona la validez del contrato de subordinación de derechos y cesión condicionada de derechos subordinados firmado el 29 de abril del 2016, según informó Graña y Montero en un hecho de importancia enviado a la SMV.
Los firmantes del contrato son el Grupo Odebrecht; Enagás SA; GyM SA; Graña y Montero SAA; Negocios de Gas SA y Gasoducto Sur Peruano SA (dicho acuerdo, incluyendo sus respectivas adendas, el “Contrato de Subordinación y Cesión de Derechos”).
Este contrato acuerda que los socios que cumplieran con honrar las garantías frente a los bancos acreedores del Crédito Puente tendrían derecho a cobrar a GSP sus acreencias en mejor orden de prelación que aquellos socios que no lo acaten.
Por su parte, el Grupo Graña y Montero señaló que el referido contrato de Subordinación y Cesión de Derechos es un acuerdo plenamente válido y exigible entre las partes firmantes.
No obstante, señaló que se encuentra evaluando la petición arbitral con sus asesores legales.
A inicios de diciembre pasado, Indecopi inició el procedimiento concursal ordinario por quiebra del consorcio Gasoducto Sur Peruano a pedido de Enagás, uno de sus socios, “por adeudarle obligaciones ascendentes a US$ 417 mil por facturas impagas.
El consorcio formado por Odebrecht y Enagás obtuvieron la buena pro del Gasoducto Sur Peruano el 2014, mientras Graña y Montero se unió el 2015.
El grupo Odebrecht está representado por Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C., Odebrecht Latinvest Perú Ductos S.A., Odebrecht S.A, Inversiones en Infraestructura de Transporte por Ductos S.A.C. y Construtora Norberto Odebrecht S.A, publicó Gestión.
El Grupo Odebrecht, entre otras pretensiones, plantea cuestionar la validez del contrato de subordinación de derechos y cesión condicionada de derechos subordinados suscrito con fecha 29 de abril de 2016 entre el Grupo Odebrecht, Enagás SA, GyM SA, Graña y Montero SAA, Negocios de Gas SA y Gasoducto Sur Peruano SA”, señala el oficio de Graña y Montero, agregando la empresa que “conforme a nuestro análisis interno, el referido Contrato de Subordinación y Cesión de Derechos es un acuerdo plenamente válido y exigible entre las partes de dicho acuerdo
El consorcio de Odebrecht y Enagás obtuvo la buena pro del Gasoducto Sur Peruano el 2014, al que luego se unió Graña y Montero el 2015.
El pasado 4 de diciembre, Indecopi inició el procedimiento concursal ordinario por quiebra del consorcio Gasoducto Sur Peruano a pedido de unos de sus socios, Enagás, “por adeudarle obligaciones ascendentes a US$ 417,165.87 por concepto de capital, derivadas de facturas impagas”.
No es el único conflicto por el gasoducto. Enagás ha solicitado al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski el inicio del trato directo para resolver sus diferencias, sino se irán a arbitraje. Odebrecht también ha entablado arbitraje al Estado porque sus medidas (entre ellas, el Decreto de Urgencia 003-2017) han afectado sus operaciones, entre ellas, el gasoducto sur.
-La participación en Gasoducto Sur Peruano SA era de 55% para Odebrecht, 25% para Enagás y 20% para Graña y Montero. El consorcio Gasoducto Sur Peruano firmó un contrato de construcción del gasoducto con un consorcio en donde participaban Odebrecht con el 71% y Graña y Montero con el 29%. A pesar de que Odebrecht es el accionista mayoritario en Gasoducto Sur Peruano, desde el estallido del caso Lava Jato, mediante un contrato la empresa pasó a ser controlada por la española Enagás, por lo que Odebrecht le ha entablado arbitraje como si no fuera empresa suya.
-El gasoducto del proyecto recorrería más de mil kilómetros desde Cusco hasta Mollendo e Ilo, con una inversión estimada de US$ 7,328 millones, de los cuales, US$ 4,250 millones sería la inversión en la construcción del gasoducto y el resto, gastos en operación y mantenimiento por 34 años.
-Enagás y sus socios sostienen que la terminación del contrato de concesión del Gasoducto Sur Peruano implica aplicar la cláusula 20, que señala una subasta a un nuevo concesionario y el antiguo concesionario entregará los activos previo cobro de estos con el dinero de la subasta, pero el Ministerio de Energía y Minas señala que se aplica la cláusula 6, en donde solo señala que la terminación del contrato porque no se cumplió el cierre financiero y el Estado cobrará la garantía de fiel cumplimiento sin efectuar ningún pago al antiguo concesionario.
-Enagás espera recuperar US$ 511 millones que invirtió en el Gasoducto Sur Peruano, remarcó Gato Encerrado.