Sergio Bergman, rabino, farmacéutico, escritor y ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación repasa los distintos temas de la agenda ambiental y de los principales desafíos a afrontar en el marco del desarrollo sustentable. Por Susana Rigoz.

-Después de varios años, se presentó el Informe del Estado del Ambiente. ¿Cómo evalúa el diagnóstico realizado?

-Ante todo, constituye un hito porque da cumplimiento a una obligación del Estado Nacional –establecida en la Ley General del Ambiente de 2002– de presentar un informe anual sobre la situación de nuestro territorio. Desde la promulgación de la ley, es la segunda vez que se presenta y nuestro compromiso es actualizarlo anualmente.

En cuanto a los resultados, no puedo decir que estemos bien pero sí que tenemos una línea de base para analizar y ratificar a lo largo del tiempo aquellas políticas públicas en materia que demuestren su efectividad, teniendo en cuenta que en mucho casos, por tratarse de medidas a mediano y largo plazo, no podremos verlas terminadas. Por otro lado, como corresponde a un país federal, lo que el informe muestra debe estar validado por el compromiso de las ecorregiones y de las provincias que, como distrito autónomo y soberano, son las dueñas pero también las responsables de fiscalizar, administrar y mantener actualizada la base de datos. Nosotros a través del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) trabajamos en lo que llamo el “parlamento medioambiental” homogeneizando los datos aportados.

-¿De dónde provienen los datos utilizados en el informe?

-Si bien las provincias participan, el mayor insumo proviene de la sociedad civil: ONGs, universidades, institutos, etcétera. Por lo tanto, el trabajo que hay que hacer es el de reunir y conectar toda la información dispersa, incluso la de gran cantidad de agencias del Estado que no funcionan desarticuladamente. Es por esta razón que, si bien es un documento de gran utilidad, llevará años completarlo e incluso perfeccionarlo, colectando datos y generando los que falten.

-¿Hubo resistencia de parte de alguna provincia en cuanto al suministro de información?

-La realidad es que se trata de un deber hacia la Nación, que redunda en beneficio de las mismas provincias ya que sin información adecuada no puede gestarse una política ambiental. Es cierto que el primer título de federalismo es que los recursos naturales pertenecen a las provincias, pero ese mismo derecho implica su fiscalización, control y cuidado, acciones sobre las que no tiene potestad la Nación. A veces pareciera que hacer las cosas bien en materia ambiental es complicado cuando con solo aplicar las leyes existentes se podrían resolver los problemas. En síntesis, los que no funcionan son los sistemas de control.

– Muchas veces no queda clara la función de cada organismo en determinados eventos. Por ejemplo, en enero de 2017, cuando el Plan de Manejo de Fuego aun funcionaba bajo la órbita de su cartera, en la provincia de La Pampa, se desataron incendios que arrasaron con más de 1.300.000 hectáreas de campo. ¿De quién fue la responsabilidad de semejante desastre?

-Es un buen ejemplo de incumbencia de jurisdicciones. La Ley de Fuego es clara y establece un protocolo: la fase uno es de competencia local; en la dos, pueden solicitar ayuda; y en la tres, es factible una intervención directa del sistema nacional, aun sin pedido local. Ignorar estas instancias es desconocer la ley. El incendio comenzó el 20 de diciembre de 2016 y la provincia pidió ayuda a Nación recién el 2 o 3 de enero, cuando ya se habían quemado alrededor de 800 mil hectáreas. La falta de prevención, la poca trasparencia en la inversión de los fondos de Manejo del Fuego y el hecho de no haber implementado los alertas, pese a que desde el mes de octubre informes de nuestro ministerio advertían sobre la cantidad de material combustible seco en la zona, son responsabilidad absoluta de la provincia.

-¿En qué estado está la Ley de humedales que permitiría proteger cerca del 23 por ciento del territorio nacional, gran parte del cual se encuentra en estado de emergencia?

-Por el momento, la ley se encuentra trabada. Hay un proyecto en el Senado y nosotros estamos trabajando con todos los ministerios otro proyecto para Diputados. Mientras tanto nuestra competencia ejecutiva es hacer el inventario de humedales, tarea que llevamos adelante con las universidades, especialistas y equipos técnicos a través de las distintas ecorregiones. Estimo que para el año próximo estará finalizado.

-¿Existen presiones de determinados sectores que consideran que esta ley podría afectar sus actividades productivas?

-Existe fanatismo de ambos lados. Están quienes ignoran las leyes, aunque existan, y aquellos que pretenden que no se toque nada. A mí no me parece mal que haya intereses y que se discuta, siempre que quede claro que por encima de todo está el bien común. Por ejemplo, no es lo mismo discutir la agroindustria o la producción arrocera en los humedales correntinos que los emprendimientos inmobiliarios en el Delta. Cada ecorregión debe tener un principio de sustentabilidad: una producción sustentable merece ser estudiada mientras que una urbanización, directamente prohibida.

-¿Cómo lograr un equilibrio entre las posturas extremas?

-Logrando el uso responsable de los recursos, algo que puede alcanzarse por medio de una herramienta elemental que es la evaluación del impacto de las actividades en el ambiente. Estos estudios, EIA, se realizan en la actualidad, pero el problema es que el encargado de presentarlos es el mismo empresario que realiza la actividad. ¿Existe una alternativa más clara? Sí, el Estudio Ambiental Estratégico: una planificación previa realizada por el propio Estado, un mapa prospectivo donde determina qué puede hacerse en cada lugar y qué no. Hecho esto, todas las otras leyes ya no se necesitan: EIA, leyes de presupuestos mínimos, entre otras normas que solo existen en aquellos países donde se necesitó frenar las actividades que avanzaban sobre los recursos. Los países serios no las tienen porque a nadie se le ocurriría, por ejemplo, hacer una explotación sobre un glaciar. En la Argentina, en cambio, primero se autoriza la explotación de Veladero y después se discute si hay que prohibirla, lo mismo ocurre con los humedales y las construcciones del Delta que nunca debieran haberse realizado, aun sin la Ley de Humedales aprobada, si las cosas se hubieran hecho con seriedad.

-Este instrumento no figura en la Ley General del Ambiente.

-No, porque esta Ley le dio a cada uno un pedacito: las provincias, que en general se manejan como feudos, son dueñas de los recursos y la Nación, la encargada de fijar presupuestos mínimos ambientales. En este contexto, ¿quién resuelve los problemas? Nadie. Lo que deberíamos hacer es un debate serio sobre los grandes temas –por ejemplo, megaminería ¿sí o no?– porque muchas cosas se realizan porque la ley lo permite.

-¿Es un objetivo de su gestión discutir la implementación de esta herramienta y, en caso de hacerlo, cuánto se tardaría en relevar el territorio nacional?

-Desde Ambiente lo propiciamos porque nuestra gestión está orientada por los 17 indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sustentable del Milenio de Naciones Unidas a los que suscribimos por propia iniciativa. Por otra parte y más allá de la cuestión ambiental, es un requisito a cumplir si la Argentina quiere entrar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y ser uno de los países desarrollados en economía. Realizar un mapa estratégico es un trabajo de años y para nosotros sería importante que ingresara al Congreso para su tratamiento antes de la finalización de nuestro mandato.

No es lo mismo discutir la agroindustria o la producción arrocera en los humedales correntinos que los emprendimientos inmobiliarios en el Delta

Minería, un tema candente

-Una de las actividades más cuestionadas por su alto impacto ambiental es la minería. ¿Cuál es la posición de su cartera respecto de este tema?

-Las actividades extractivas por su propia naturaleza no son sustentables y el principio por el cual se trabaja es que debe hacerse de manera responsable y con los controles a los que no estamos acostumbrados pero son ineludibles en los países serios.

En el caso Vaca Muerta y el fracking es un proyecto estratégico para la Argentina que se va a desarrollar y va a atraer inversiones importantes. El tipo de fracking a usar, la medición del impacto en los acuíferos, el reciclaje del agua son algunos de los temas que hay que analizar en primera instancia y posteriormente controlar.

En cuanto a la minería tradicional, como dije antes, las provincias son autónomas y el gobierno nacional por su parte estimula su desarrollo pero con fiscalización, algo que no se hizo nunca en el país. Hasta ahora ni se controlaba el impacto ambiental ni se inspeccionaban las riquezas de las mineras, empresas privadas que toman los recursos del suelo con la promesa de generar ganancias al país y el único control al que se someten es su propia declaración jurada. No ejercer ningún control del Estado para que se cumpla es la base de una gran inequidad. Abundan los ejemplos de países que se desarrollaron sobre la base de esta actividad, Chile, por ejemplo que tuvo un alto crecimiento mientras nosotros no logramos arrancar.

Las actividades extractivas por su propia naturaleza no son sustentables

-Según un informe técnico de su ministerio, 77 de los 322 proyectos mineros existentes están en las cuencas inventariadas por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA).

-Durante nuestra gestión refinanciamos el IANIGLIA y completamos un 42 % el inventario que estaba pendiente y prevemos llegar al 95 % este año. Sin embargo sabemos que el inventario por sí mismo no resuelve el problema. Una vez publicado, cada jurisdicción deberá auditar los proyectos ubicados en recursos hídricos estratégicos.

Dos cursos de agua en debate

-Las represas santacruceñas son otro tema conflictivo que implicó cuestiones legales y ambientales. ¿En qué estado se encuentran los estudios de impacto ambiental?

-El desarrollo de las represas en el río Santa Cruz tuvo varios vaivenes, se incorporaron cambios al acuerdo firmado originalmente, la Corte Suprema de Justicia dictaminó la suspensión de las obras y resolvió incluirlo dentro de la ley de grandes obras hídricas, hecho que permitió la participación del Ministerio de Ambiente de la Nación y la realización de auditorías. Después de reformular el contrato comercial, modificadar la cota, la cantidad de turbinas y la potencia, entre otros cambios, no hay limitaciones en cuanto al avance del proyecto pero, conforme a los datos que surgen del estudio ambiental, se determinó una mayor exigencia en medidas de mitigación y compensación. Finalmente en agosto se firmó la resolución conjunta de los ministerios de Energía y Ambiente para autorizar las obras que ya están en condiciones de comenzar.

-El tema del saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo parece el cuento interminable. Por primera vez, las tres jurisdicciones involucradas en esta problemática –la Nación, la Ciudad y la provincia de Buenos Aires– pertenecen al mismo signo político. Sin embargo, muchos especialistas consideran que este hecho, en principio auspicioso, no redundó en un avance real.

-No estoy de acuerdo con ese argumento. Por un lado, iniciamos un plan de saneamiento para determinar cómo podríamos limpiarlo. La primera conclusión es que el real problema es la reubicación de la gente ya que el 70 % de la carga de contaminación se produce por los afluentes cloacales y solo el 30 % por efluentes de la industria. Este porcentaje está conformado por 218 empresas que ya están ubicadas y avisadas de los cambios que deben hacer para evitar la clausura. Nuestra intención es reconvertirlas en un plazo razonable con financiamiento colaborativo con el empresario responsable, a quien hasta ahora nadie controlaba o solucionaba su problema coimeando a un funcionario. En ese sentido, establecimos un nuevo sistema on line de inspecciones orientado a evitar prebendas, extorsiones o políticas punteriles.

-¿Cómo se resuelve este tema tan complejo y urgente?

-Con ordenamiento territorial y desarrollo urbano, para lo cual vamos a convocar a un concurso internacional de diseñadores de cuenca que ayuden a pensar cómo transformar esa tierra estratégica de cara al río en un recurso económico para la inversión en infraestructura. Durante el reciente viaje a China, hubo sobre este tema dos cuestiones interesantes. Una de ellas se refiere a la posibilidad de conseguir financiamiento de iniciativas privadas y de empresas del Estado de ese país –y otros– para la realización de un tramo experimental que permita validar tecnología en cuanto al saneamiento. Por otra parte, China está interesada en traer empresas especializadas en construcción de viviendas sociales, hecho que tendría un impacto especial en el tema Riachuelo ya que la resolución de la Corte obliga a la construcción de más de 7700 casas.

-En varios de los temas mencionados aparece China como actor. ¿A qué se debe semejante grado de injerencia del país asiático en proyectos relacionadas con el ambiente?

-En la actualidad, China se está transformando geopolíticamente en la potencia más relevante que sostiene la bandera del cambio climático y, frente al interrogante que representan los Estado Unidos, ratifica su compromiso en este tema. En cuanto a su relación con la Argentina expresa su interés en trabajar en forma conjunta y existe un acuerdo en que los proyectos se realicen en este marco de cuidado ambiental y sean sometidos a una severa auditoría de los emprendimientos. Los cancilleres de ambos países acordaron incorporar una comisión de trabajo permanente en el área medioambiental en el marco de los acuerdos bilaterales.

Nuevos proyectos

-Ud. afirmó en una entrevista que nada puede ser sustentable sin “innovación y tecnología”. ¿Qué proyectos se están llevando adelante en este sentido?

-Ante todo, empezamos a trabajar en forma conjunta con otros ministerios para tratar de generar soluciones a temas estratégicos comunes relacionados con la producción sustentable, entre otros. Uno de ellos está relacionado con el uso de agroquímicos. Es necesario buscar una alternativa porque lo que se utiliza en la actualidad viene de la mano de lo transgénico y nosotros queremos ir hacia un modelo de química verde. En este momento estamos trabajando con el Ministerio de Ciencia y Tecnología para reemplazar el herbicida que se utiliza para el control de plantas no deseadas (Paraquita) y que ya está siendo prohibido en algunos países. Y estamos haciendo un trabajo experimental de cultivo de algas en el mar para reemplazar las proteínas y obtener la parolina, productos para la biocosmética, biofarmacia e incluso biogás con el residuo. Al contrario de lo que ocurre con las proteínas obtenidas a través del cultivo del suelo que se erosiona y pierde sus nutrientes, con las algas en el mar se genera un ecosistema y se generan estos insumos sin perder biodiversidad.

-¿Cuál es la magnitud de este emprendimiento y qué tiempos manejan?

-Soy optimista. En nuestra gestión haremos y pondremos en funcionamiento estaciones experimentales y creo que en diez años aproximadamente puede reemplazar a la soja. Ya hay dos proyectos en el sur de Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego, y nosotros estamos trabajando con agroindustria y algunos grupos de inversión locales.

Es necesario buscar una alternativa porque lo que se utiliza en la actualidad viene de la mano de lo transgénico y nosotros queremos ir hacia un modelo de química verde

-¿Hay otros planes innovadores?

-Varios. Uno de ellos es el de papel piedra, un sustituto amigable con el ambiente y que se hace a partir de la piedra caliza, sin utilizar ni madera, ni agua ni cloro. Este material ciento por ciento reciclable ya se fabrica en China y Taiwan; en la Argentina esperamos tener una planta experimental en los próximos años. Otro, la espuma de vidrio, producto del reciclado de botellas, que se utiliza como insumo para la construcción cuya característica principal es la de ser un material aislante térmico, especial para lugares fríos. En cuanto a proyectos relacionados con el desarrollo local, estamos trabajando con cooperativas de productores en el manejo sustentable de la vicuña, con el objetivo de colocar en los mercados de Europa esta fibra de lujo, evitando su contrabando o que se pague un precio ínfimo por un producto de gran calidad. Es una pena que poblaciones degradadas y pueblos originarios no pueden hacer un desarrollo sustentable en un lugar tan maravilloso como es la Puna, cuando importantes marcas internacionales lo utilizan como producto de lujo generando altísimas ganancias.

La economía como faro

-¿Qué impacto tuvo que su cartera pasara a rango ministerial?

-En primera instancia, demostró que el desarrollo sustentable es una política de Estado para el gobierno. Para nosotros significó cambiar una secretaría formateada con un paradigma que no nos representa en un ministerio que debe redefinirse y hacer su trabajo. Esto implica un reposicionamiento: dejaremos de ser “policías verdes” para trabajar en forma conjunta con los demás ministerios ya que Ambiente es una política que atraviesa todos los sectores. En ese contexto, el primer paso fue darles confianza en cuanto a que la información compartida no sería utilizada para inhibir las actividades sino para hacerlas sustentables.Todos estamos de acuerdo en que la Argentina debe cuidar sus recursos naturales, pero no con un sentido conservacionista de no intervención, sino apostando al desarrollo sustentable, en miras a salir de la pobreza pero no a expensas de dañar el ambiente, la salud o la calidad de vida de la gente. Hay que buscar soluciones de fondo porque en el siglo XXI, la confrontación “Rentables contra Sustentables” es un partido que perdimos 10 a 0. Hoy la sustentabilidad va de la mano de la rentabilidad.

-¿El ambiente entonces está subordinado a la economía?

-Todo está subordinado a la economía. Y voy a ser más fundamentalista aún: si todo está subordinado a la economía, hay que cambiar la economía. ¿Cómo? Incorporándole la externalización del daño ambiental. Si quien produce este daño se viera obligado a pagar, dejaría de contaminar. Un ejemplo es el principio de responsabilidad extendida del productor en la utilización de las botellas pet. La responsabilidad de su disposición no es de los recicladores ni de las plantas de tratamiento sino de la empresa y su costo debería estar incorporado al precio final. Mientras la economía continúa discutiendo cuánto margen tiene para dañar el ambiente, el mundo a través del Acuerdo de París (NdeR: Acuerdo mundial sobre el cambio climático alcanzado en 2015, que presenta un plan de actuación para limitar el calentamiento del planeta) está reclamando que cambiemos el paradigma.

-¿Qué rol tiene el Estado en ese panorama?

-Hay que revertir lo que se hizo mal y además buscar los nichos de lo que nunca se desarrolló. Sin escala de economía, la sustentabilidad es inviable y el Estado debe regular, establecer las condiciones y controlar que el beneficio de cada explotación redunde en el bien común, infraestructura, acceso al trabajo, generación de empleo, etc. No es su rol poner una empresa sino determinar dónde debe estar y dónde no. Creo que uno de los beneficios de que el presidente sea un empresario es que cuenta con el conocimiento suficiente como para determinar la función de cada uno: funcionarios y empresarios.

-¿Cual es el principal desafío que debe enfrentar desde su cartera?

-Por un lado, creo que este ministerio debe tener una impronta innovadora, ser proactivo e inteligente para lograr un cambio de paradigma que genere sustentabilidad en la producción y en el trabajo. En cuanto a los desafíos puntuales puedo mencionar muchos como el manejo sustentable de los bosques, los límites de la producción agroindustrial o el uso de agroquímicos, pero en realidad lo más importante es llevar agua y cloacas a la gente. No podemos hablar de sustentabilidad cuando no logramos brindar un mínimo de dignidad para las personas.