La estatal informó al Servicio de Evaluación Ambiental que no se ejecutará el proyecto de la central de ciclo combinado ni de la segunda unidad de la planta cogeneradora en Aconcagua. Todo, como parte de un compromiso alcanzado en 2014.
Era 2007 y al interior de la estatal ENAP celebraban la obtención de un permiso ambiental que les permitía aprovechar el suministro de gas natural licuado para tener autonomía energética en la Refinería Aconcagua ubicada en Concón, además de vender sus excedentes de electricidad al sistema interconectado central (SIC).
El proyecto de expansión, por unos US$390 millones de la época, incluía un complejo de generación eléctrica compuesto por una planta cogeneradora -una a gas y una a vapor- de tres unidades de 165 MW brutos en total y 250 ton/h de vapor de proceso, además de una central de ciclo combinado “de alta eficiencia” de 414 MW, según se lee en la resolución de calificación ambiental. Todo el complejo, denominado Central ERA- sumaba en conjunto aproximadamente 579 MW.
Sin embargo, diez años después, y luego de sortear la oposición ciudadana de la iniciativa a través de la firma de un memorándum de entendimiento, sólo se ha avanzado en la construcción de una unidad de planta cogeneradora de 77MW. Por ello, la estatal sinceró el estado del proceso, informando al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) la renuncia a la mayoría de los permisos ambientales.
Esto se realizó en diciembre pasado, cuando ENAP ingresó una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para someter a tramitación las adecuaciones y mejoras operativas que se buscaban incorporar al proyecto Cogeneradora Aconcagua. En el documento, se informa la “no construcción del resto de las unidades señaladas en el proyecto consolidado”, con excepción de una de las unidades a vapor, hoy en construcción.
Según comentan, la decisión se explica -entre otros factores- por los compromisos adoptados con la comunidad en 2014, luego de la judicialización de la iniciativa. En el avenimiento se acordó construir en una primera etapa la planta de 77 MW y, posteriormente previo evaluaciones adicionales, complementarla hasta llegar a los 165 MW. En el caso del ciclo combinado se acordó la obtención de un nuevo permiso ambiental para llevar a cabo la iniciativa.
A esto se suma lo anticuado que quedaba la tecnología de la central a 10 años de haber obtenido su visto bueno.
“La decisión de no avanzar en los proyectos que consideraba esta RCA -independiente de la cogeneradora que se encuentra en construcción-, responde a un compromiso alcanzado en 2014 con la comunidad de Concón, que estamos cumpliendo conforme a lo acordado. Somos una empresa que busca avanzar en la sostenibilidad de sus operaciones y por eso cumpliremos con este acuerdo”, comentaron desde ENAP.
Considerando lo anterior, el proyecto ingresado reduce su área de intervención de 5,5 a 1,6 hectáreas, y actualiza la composición del gas natural utilizado para la combustión y las emisiones de la planta cogeneradora. Además, se incorpora el compromiso de sacar de operación normal dos de las cinco calderas existentes, adquiridas en marzo del 2014 en el marco del avenimiento.
Según explican desde la estatal, la renuncia de parte del llamado proyecto Central ERA no tiene relación alguna con la Central Nueva Era, iniciativa que se está llevando adelante con la japonesa Mitsui. “La central de ciclo combinado que contemplaba el proyecto original no tiene relación alguna con la Central Nueva Era, proyecto independiente que continúa su tramitación en el Sistema de Evaluación Ambiental, incorporando nuevos estudios solicitados en el marco de su tramitación, al tiempo que mantenemos vigente la vinculación con las comunidades a través de una serie de actividades y programas”, indicaron
La semana pasada, el organismo contralor rechazó el plan de descontaminación de una de las zonas consideradas de sacrificio ambiental. El texto de la entidad destaca que la “modificación” efectuada por la cartera ministerial gatilló la caída de uno de los 14 planes que trazó el programa de Michelle Bachelet en esta materia. El dictamen señala que los niveles de emisión consignados en el inventario son superiores a los del informe técnico, "habiendo sido modificados mediante una estimación efectuada por la secretaría de Estado". Según organizaciones de la zona, con esto queda claro que los "errores" del ministerio van en directo beneficio de las empresas.
Los 90 mil habitantes de Concón, Puchuncaví y Quintero conviven en 524 km2 de contaminación. En los últimos años han tenido que cargar con enfermedades y hasta muertos. Los familiares que los sobreviven han creado agrupaciones que han gritado a los cuatro vientos que, detrás de sus partidas, están las empresas de la zona. Cargan con fichas médicas, radiografías y una larga espera, porque, a pesar del tiempo, siguen habitando una zona de sacrificio ambiental.
El plan de descontaminación para la zona era crucial. Cuando el Consejo de Ministros lo aprobó –en diciembre del año pasado– el entonces titular de Medio Ambiente, Pablo Badenier, salió a celebrar la decisión: “Lo que busca este plan es congelar las emisiones ya presentes y poder disminuirlas, básicamente de Gener, División Ventanas Codelco y Refinería Aconcagua Enap, que son los grandes emisores. También prever un mecanismo de compensación de emisiones para los nuevos proyectos, los cuales deben compensar en un 120%, es decir, una disminución neta de las emisiones, y la regulación de fuentes puntuales, como pequeñas calderas, acopios de áridos y de otras características”.
Sin embargo, todo lo caminado quedó en nada cuando, el martes de la semana pasada, la Contraloría General de la República resolvió a rechazar el plan, dando un duro golpe al Gobierno en materia medioambiental, porque uno de los objetivos trazados en el programa de Gobierno de Michelle Bachelet era elaborar 14 planes de descontaminación. Este era uno de los más emblemáticos y data de 1993.
"No se ajusta a derecho", señala la resolución firmada por el contralor Jorge Bermúdez, pero va más allá y cuestiona la gestión del ministerio en este ámbito: "Los niveles de emisión consignados en el inventario de emisiones establecido en el artículo 2º, tabla 2, en lo que se refiere a las fuentes puntuales, son superiores a los que constan en el informe técnico contenido en el respectivo expediente electrónico, habiendo sido modificados mediante una estimación efectuada por la secretaría de Estado suponiendo el escenario con mayor impacto ambiental –máximas emisiones autorizadas y máximas capacidades operacionales de las plantas–".
Según el documento del Ministerio del Medio Ambiente que abordaba los 14 planes que se trazó la administración de Bachelet, la contaminación atmosférica es el principal desafío para la autoridad ambiental en Chile. Existen en el país 10 millones de personas expuestas a una concentración promedio anual de MP2,5 superior a la norma. Incluso, ese mismo documento apelaba al Primer Reporte del Medio Ambiente publicado el 2013, donde la Organización Mundial de la Salud (OMS), determinó que la contaminación atmosférica es responsable de al menos 4 mil muertes prematuras a nivel nacional. "Abordar esta contaminación traería beneficios en salud valorizados en alrededor de 8.000 millones de dólares al año", detalla el texto.
El plan de Descontaminación para esta golpeada zona buscaba reducir en un 15% la concentración diaria de material particulado 2,5 y en un 21% la concentración anual. Lo que cuestiona Contraloría es que la descontaminación de la zona apuntaba a que ese límite máximo debía ser sobre las emisiones reales de las empresas, que son más bajas que el límite máximo permitido. Al concentrar el plan en datos irreales, nada haría reducir la contaminación actual de las empresas. Es decir, Concón, Puchuncaví y Quintero no saldrían jamás de su nivel de saturación.
El plan de Descontaminación para esta golpeada zona buscaba reducir en un 15% la concentración diaria de material particulado 2,5 y en un 21% la concentración anual. Lo que cuestiona Contraloría es que la descontaminación de la zona apuntaba a que ese límite máximo debía ser sobre las emisiones reales de las empresas, que son más bajas que el límite máximo permitido. Al concentrar el plan en datos irreales, nada haría reducir la contaminación actual de las empresas. Es decir, Concón, Puchuncaví y Quintero no saldrían jamás de su nivel de saturación.
Por eso, uno de los párrafos de la Contraloría es tajante: "Las medidas dispuestas para las aludidas fuentes puntuales , diseñadas sobre la base de esos niveles que son mayores a la real contribución de emisiones por parte de ellas, no se traducen en una efectiva reducción de los contaminantes, de que se trata, por lo que el presente instrumento de gestión ambiental no cumple con la finalidad que la normativa le asigna".
Hernán Ramírez, de la agrupación Dunas de Ritoque, sostiene que con esto queda claro que los "errores" del ministerio van en directo beneficio de las empresas como AES Gener y sus cuatro termoeléctricas a carbón. "Hablamos de empresas sucias y contaminantes. Es la misma empresa que durante la anterior administración de Bachelet buscó construir la termoeléctrica Campiche en el borde de un humedal, lo que se logró con el apoyo del Gobierno de la época a pesar de un fallo de la Corte Suprema", apunta Ramírez.
El que se declare a una zona como saturada es resultado de un largo estudio donde se efectúan mediciones constantes. Así, por ejemplo, las zonas donde la norma de calidad del aire ha sido sobrepasada para algunos contaminantes son, por ejemplo, el complejo industrial Ventanas o el campamento de la División Chuquicamata de Codelco. El 2 de marzo de 2015, mediante el Decreto Supremo Nº10 del Ministerio de Medio Ambiente, Concón, Quintero y Puchuncaví fueron declaradas saturadas por material particulado MP2,5 anual y en condición de latencia para MP2,5 diario y MP10 anual.
Cuando se dio a conocer el plan, una serie de reclamos se levantaron desde la ciudadanía. La agrupación de Mujeres en Zonas de Sacrificio acusaron que los plazos establecidos para el cumplimiento total del plan en el Anteproyecto y en el Proyecto eran diferentes. "En el Anteproyecto se informó a la Comunidad de un plazo de 6 años para el cumplimiento del plan de descontaminación, y el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad aumentó dicho plazo sin expresión de motivos que justificara el mantener por 4 años adicionales a una población cercana a los 100 mil habitantes de las comunas de Quintero, Puchuncaví y Concón, respirando un aire con niveles de contaminantes que el Ministerio de Salud, así como el de Medio Ambiente, reconocen que generan enfermedades respiratorias, cardiovasculares y diversas formas de cáncer sin dar un motivo que justifique dicha decisión", se quejaron.
Uno de los párrafos en lo que también objeta el plan el organismo contralor, apunta justamente a esos plazos: "Cabe hacer presente que si bien el artículo 1º del decreto en comento previene que el plazo de vigencia del mismo es de 6 años, su artículo 2º,I.3 inciso segundo, hace referencia a un plazo de 10 años para el cumplimiento del objetivo del plan, disposiciones que no resultan concordantes",
Hernán Ramírez señala que las emisiones de contaminantes del aire de las centrales termoeléctricas de Gener, Fundición de cobre de Codelco, han significado que los habitantes de Puchuncaví, Quintero y Concón tengan que respirar durante décadas tales niveles de contaminación. "Han tenido que enfrentar enfermedades respiratorias, cáncer, daños neurológicos, principalmente en niños de estas comunas", puntualiza. Y suma dardos: "Que un plan como este cometa errores en los cálculos en la cantidad de contaminación atmosférica, tiene carácter de negligencia criminal".
El Mostrador se comunicó con el Ministerio de Medio Ambiente, pero no logró que desde dicha cartera se refirieran al tema.
