A la promesa hecha en agosto del 2016 por el entonces presidente del Consejo de Ministros Fernando Zavala sobre destrabar US$18.000 millones en proyectos de infraestructura en dos años, en abril del 2017, Alfredo Thorne, en esa fecha ministro de Economía, respondió admitiendo un optimismo desmedido en esta propuesta: “La verdad, con toda sinceridad, están muy trabados”.
Son 13 los proyectos que se priorizaron el año pasado en este gobierno para destrabar, entre los que se encuentran la línea 2 del metro de Lima y Callao, la ampliación del aeropuerto internacional Jorge Chávez (AIJCH), el puerto San Martín, el aeropuerto de Chinchero, el gasoducto sur peruano (GSP) y la red vial 4 y 6.
Sin embargo, al menos para el caso específico de las principales obras del Estado (AIJCH, GSP, línea 2 del metro de Lima y Callao y Chinchero), ninguna estaría culminada para finales de este gobierno, según la ex presidenta de Ositrán Patricia Benavente.
“La falla en la aplicación de la nueva Ley de Asociaciones Público Privadas, la necesaria reforma de Proinversión para que tenga mayor autonomía y la ausencia de una autoridad que supervise, sobre todo a los gobiernos regionales y locales, en la ejecución de obras, son obstáculos que limitan cualquier posibilidad de desarrollo”, afirmó Benavente.
Por el lado puntual de la ampliación del AIJCH, el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Bruno Giuffra, sostuvo que la institución trabaja para que la obra esté lista para el 2021.
Sin embargo, la empresa operadora del aeropuerto, Lima Airport Partners (LAP), anunció que esta demoraría cuatro años para la construcción de la segunda pista y un año más para el terminal. Las obras se iniciarían en el segundo semestre del 2018, según LAP.
“Ha habido muchos conflictos ligados a temas de expropiación e interferencia de terrenos que han costado mucho tiempo. El Estado debe solucionar el saneamiento antes de hacer entrega de la concesión”, afirmó el director de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, José Luis Bonifaz.
Similar situación se presenta para la línea 2 del metro de Lima y Callao. Las obras se iniciaron en mayo del 2015 y se han construido solo 4,3 de 26,87 km, por lo que la fecha de culminación ya se calcula para el 2022, dos años más de lo propuesto inicialmente.
A mediados de octubre se anunció la aprobación de la totalidad de estudios definitivos de ingeniería (EDI) correspondientes a la etapa 1A del proyecto. Al respecto, Giuffra comentó a este Diario en CADE 2017 que el destrabe del proyecto ya está avanzando.
“Tenemos garantizado un año de ejecución y otros 165 expedientes en cola que se van a aprobar en las próximas semanas”, informó el ministro en aquel momento.
No obstante, Benavente comentó que se ha reanudado la ejecución de obras pero no por la vía adecuada.
“Es vital poder revisar nuevamente varios aspectos del contrato. Hay problemas con los EDI y con el contrato con la concesionaria que más adelante ocasionarán un conflicto legal y millonario al Estado”, advirtió.
Tanto la construcción del aeropuerto de Chinchero como la reanudación de obras del GSP son dos proyectos que no tienen una fecha de término definida, por el simple hecho que tampoco se cuenta con una de partida.
Luego de las controversias a inicios de año alrededor del aeropuerto de Chinchero, el Estado continúa en conflictos legales con el consorcio Kuntur Wasi, que estuvo a cargo del proyecto.
“Hoy, el Estado no tiene más remedio que llevar a cabo el proyecto como si fuera una obra pública”, apuntó Bonifaz.
Hace unos días, el MTC confirmó que luego de un año de negociaciones, ya cuenta con los terrenos para la construcción de la obra, que se esperaba que esté finalizada para el 2018.
Un caso distinto es el del GSP, en el que la licitación para definir un encargado nuevo recién se realizaría a fines del 2018. Una vez reanudadas las obras, tomará cuatro años culminarlas. Mientras tanto, Enagás, uno de los miembros del consorcio originalmente encargado de realizar el proyecto, ya dio el primer paso para llevar al Estado peruano a un arbitraje internacional.
De acuerdo con el director ejecutivo del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial-CCL, César Peñaranda, es imprescindible empezar estos proyectos lo antes posible.
“La economía está recibiendo suficientes golpes de la política para darnos el lujo de poner en pausa estos proyectos”, comentó. Coincidió con esta afirmación Bonifaz, quien calculó el impacto de estos golpes en 0,5% del PBI del 2018.
Benavente opinó que el Estado no debe empezar a licitar más obras de las que puede supervisar o financiar, como realizar todas las líneas del metro a la vez, por ejemplo.
Propuso que, para megaobras como las comentadas, se designen funcionarios específicos en las instituciones relacionadas que funcionen como los ansiados “destrabadores”.
