La institucionalidad ambiental tuvo este año uno de sus hitos políticos más relevantes desde la creación del Ministerio del Medio Ambiente, significando incluso, la renuncia de dos ministros. Este hecho hará repensar para el próximo año qué hacer para que no suceda de nuevo. Modificación del sistema de evaluación ambiental o una mayor preocupación por las comunidades son algunos elementos.
A principios de diciembre, el nuevo Tribunal Ambiental de Antofagasta admitió la reclamación que hizo Andes Iron para revertir el rechazo al proyecto minero y portuario Dominga. Pero independiente de cómo seguirá esta “serie”, uno de sus capítulos más vistos y comentados fue el del 21 de agosto, cuando el Comité de Ministros rechazó este proyecto, generando un conflicto ministerial pocas veces visto en este siglo, que tuvo como consecuencia la renuncia de los Ministros de Hacienda y Economía.
Este impasse seguirá teniendo consecuencias durante 2018. No tanto a nivel político, sino a nivel empresarial y regulatorio. Las compañías deberán incluir nuevos elementos a la hora de presentar un proyecto al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) o a otras instancias superiores. Por su parte, este organismo y su principal instrumento, el SEIA (Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental), también sufriría modificaciones.
Para hacerse una idea, en noviembre pasado, se ingresaron al SEIA proyectos por US$.1415,42 millones (ver gráfico). Por otro lado, sólo el proyecto Dominga contemplaba una inversión de US$$2.500 millones.
Para los especialistas, quizá una de las lecciones clave para 2018 para el sector privado, es la importancia de fijarse más aún en cómo los proyectos afectan al entorno, tanto a nivel de comunidades como medioambiente, algo que incluso puede darse con el sistema de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), instancia diferente a los permisos ambientales.
“Andes Iron lo hizo bien con respecto al diálogo temprano con las comunidades, pero hubo una falencia: muchos proyectos de inversión afectan a un territorio mayor del que se considera en la evaluación de impacto ambiental”, comenta Álvaro García, presidente ejecutivo de Alianza Valor Minero y ex ministro de Economía (Eduardo Frei).
En una línea similar, Alejandra Medina, socia líder de Sostenibilidad de EY cree que hay una fuerte necesidad de que se tomen decisiones sobre ordenamiento territorial, de forma transparente y que den señales acerca de dónde pueden y dónde no pueden desarrollarse proyectos de este tipo”.
Uno de los caminos que podría tomarse para mejorar el sistema de evaluación de grandes proyectos de inversión, pasaría por ajustar algunas tuercas en materia de la institucionalidad ambiental, tarea que le tocará negociar al nuevo Gobierno de Sebastián Piñera. “Ni las empresas ni las ONG ambientales están satisfechas con la actual institucionalidad. Lo más lamentable es la gran inversión de recursos sin resultados positivos ni de la protección ambiental ni del desarrollo económico”, comenta Monserrat Moya, abogada especialista en RSE de Peralta, Gutiérrez y Asociados.
Con la nueva institucionalidad ambiental (Ley 20.417 y reglamento DS 40/12 del MMA), nuestro país mejoraba la ley de bases de medio ambiente que fue nuestro marco regulador por casi 16 años. Si bien Dominga fue sometida a trámite con el reglamento anterior (DS 95/2001) “su rechazo puede dañar la actual institucionalidad y la credibilidad del actual sistema de evaluación ambiental”, comenta Rodrigo Velásquez, director de Sustentabilidad y Cambio Climático de PwC.
Desde el Congreso, el Senador Patricio Walker, presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, explica que es fundamental modificar el sistema de impacto ambiental para 2018, de tal manera que se establezcan instancias de dialogo preliminares, y así, buscar acuerdos entre las comunidades afectada (o beneficiada) por los proyectos y las empresas “Hoy tenemos un gran déficit, porque la evaluación se hace respecto a la línea base del proyecto. Pero cuando se quiere hacer un cambio e localización del lugar donde se va a construir una determinada infraestructura, no se puede hacer porque la ley no permite. La flexibilidad es necesaria”, dice Walker.
Además, el parlamentario DC dice que deben existir mecanismos para que los tribunales ambientales tengan un rol más proactivo y preventivo del conflicto.
Álvaro Merino, gerente de Estudios de Sonami es categórico: “A partir de la decisión del Comité de Ministros, creemos que se deberá revisar la institucionalidad ambiental en el sentido de otorgar al inversionista mayores grados de certeza jurídica, en la medida que cumpla la normativa”, dice Merino.
Como sea, lo más posible es que sí o sí, se realice un proyecto de extracción minera en el lugar, cercano a la localidad de La Higuera. Claramente, Andes Iron seguirá insistiendo en 2018, tomando en cuenta que la iniciativa original contemplaba la producción anual de 12 millones de toneladas de concentrado de hierro y 150.000 toneladas de concentrado de cobre.
Pero puede que en el camino aparezcan otros interesados, tomando en cuenta la dimensión del yacimiento y el fuerte boom del acero a nivel mundial. Según la Asociación Mundial de Acero, la producción de este metal ha crecido un 31,5% desde 2009 hasta alcanzar el año pasado las 1.628 millones de toneladas.
Sea como sea, la forma en que se logra la aprobación de proyectos de tal envergadura, será un tema de discusión en la próxima administración, pero sobretodo, en el Congreso.
