En un artículo anterior para SEMANAeconómica mostraba que los choques electorales o políticos (como el “Arequipazo”) tienen efectos negativos aunque temporales sobre los activos financieros peruanos, pues los factores más importantes son los asociados a los factores globales como el desempeño de las acciones emergentes o los commodities. Los recientes destapes en el caso Lava Jato han corroborado esta hipótesis, pues su duración fue de días. No obstante, esta vez, ¿tendrá algún efecto a mediano y largo plazo?

Los choques electorales o políticos funcionan como sigue: aumenta la incertidumbre, lo cual provoca que los inversionistas reduzcan sus posiciones en los activos de riesgo por la falta de visibilidad sobre el posible desenlace del evento (esto es lo que sucedió el viernes 15 de diciembre ante la eventual vacancia). Una vez que, para bien o para mal, la información se va develando, los inversionistas van definiendo escenarios y asignando probabilidades y se da un rebote en los precios (como lo que se dio el lunes 18).

La nueva información determinará si ese rebote es o no sostenible. En la historia, normalmente estos eventos no han llegado a mayores, por lo que su efecto de largo plazo ha sido nulo: el Arequipazo nunca se concretó y los candidatos considerados extremos han terminado perdiendo en las elecciones, o sorprendiendo al alza como fueron los casos del segundo gobierno de Alan García y el de Ollanta Humala (en gran parte por las bajas expectativas).

El escándalo Lava Jato podría tener un efecto positivo a mediano plazo sobre los activos, pues devela las formas corruptas de hacer política y negocios que han dominado la región y el país, así como sus responsables: la transparencia siempre será positiva para los inversionistas, aunque en el corto plazo lograrlo sea un choque traumático. Las condiciones necesarias para que este evento sea un real “lavado” del Perú es que la justicia haga su trabajo y que los poderes del Estado busquen los mecanismos para que a futuro se transparenten los negocios entre el Estado y el sector privado. No obstante, estos mecanismos no deben significar mayores trabas para la ejecución de buenas ideas ni afectar el capital humano del Estado. Por ejemplo, en vez de prohibir que una persona capaz del sector privado, con ganas de aportar al país, pase al sector público, habría que fijar los mecanismos para incentivarlo a  que lo haga mejor, evitando los potenciales conflictos de interés.

Cuando el 14 de diciembre de 2000 vi por televisión en vivo a Vladimiro Montesinos comprando el honor de Alberto Kouri para pasarse a las filas del Fujimorismo, pensé que ese sería un punto de quiebre para la forma de hacer política en el país. Se había dado un puñal en el corazón a la corrupción. Me equivoqué. De hecho, diversas personas que salieron en esos “vladivideos” son hoy día congresistas o están libres. Espero esta vez no volverme a equivocar y que este evento sea un verdadero “lavado Perú”. Y con este artículo cierro el año deseándoles un gran 2018.