Si, como reclaman quienes se han opuesto a los abusos de la mayoría fujimorista durante este año y medio, se trata sobre todo de preservar la institucionalidad democrática, el tono de las reacciones críticas al indulto a favor del ex presidente Alberto Fujimori no está ayudando. Una cosa es manifestar decepción y hasta indignación, y otra es dividir el mundo entre “buenos” (quienes se oponen al indulto) y “malos” (quienes están a favor o dudan). Eso agrava innecesariamente la crispación. Y es que, por más rechazo que genere el indultado (por razones muchas veces atendibles), no se puede pasar por alto la complejidad –política y jurídica– del indulto, ni el hecho de que ese tipo de complejidades da lugar a los desacuerdos que la política intenta canalizar a través de la deliberación y las decisiones colectivas. Y que la institucionalidad democrática a veces recurre a la discrecionalidad de ciertos poderes para definir ciertos temas.
Sin embargo, el antifujimorismo maximalista parece querer reservarse la prerrogativa de la discrecionalidad sólo para sí. Hace unos días repudiaba que el fujimorismo recurriera a la figura discrecional (y antipresidencialista) de la vacancia por “incapacidad moral permanente” contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK). Pero hoy, tras conocerse el indulto, conspicuos representantes del antifujimorismo reclaman (sobre todo en redes sociales) retomar la vacancia, porque en su opinión el éste sí descalificaría moralmente al presidente (pero no la mentira ni el mal manejo de conflictos de interés). Ese juicio moral es discrecional.
La discrecionalidad no puede equipararse con el golpe de Estado cuando da lugar a la decisión que a uno no le gusta, y a la vez ser vista como perfectamente válida si es que conduce la decisión que uno aprueba. Asimismo, no se puede estar a favor de la discrecionalidad presidencial sólo cuando deniega el indulto (como lo hizo el expresidente Ollanta Humala), pero en contra –hasta el punto de descalificar moralmente a quien la ejerce– cuando lo concede (como ha hecho PPK).
Incluso cuando hay aspectos jurídicos del indulto que resulten discutibles –como casi todo en el ámbito jurídico– no se puede afirmar categóricamente que el indulto es ilegal ni inmoral. No es ilegal a priori, en primer lugar, porque el presidente tiene discrecionalidad para otorgar indultos según la Constitución. Algunos afirman que tal prerrogativa es anacrónica por ser un rezago monarquista que atenta contra la separación de poderes. Eso es históricamente cierto, pero no por eso se conviene necesariamente eliminar la figura. Hay muchísimas razones por las cuales podría ser conveniente mantenerla. Una de ellas es la gobernabilidad, y otra es la falibilidad del Poder Judicial. Recuérdese fue a través del indulto como el fujimorismo enmendó (a medias, es cierto) algunos excesos en la lucha antiterrorista (jueces sin rostro etc.) a través de la comisión especial de gracias presidenciales que conformaron en su momento el primer defensor del Pueblo Jorge Santistevan de Noriega y el padre Hubert Lanssiers.
Para muchos, esa falibilidad también se evidencia en la propia sentencia a Fujimori. Ésta es controvertida al menos por dos aspectos: 1) por el uso de la teoría del dominio del hecho para condenarlo sin pruebas de que él diera la orden en los casos Barrios Altos y la Cantuta (SE 1167, Comenta el Director), y 2) por el hecho de que el juez a cargo hizo consultas externas que sugieren que habría tenido la intención de condenarlo mucho antes de que culminara su proceso penal. No es cierto tampoco que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) haya prohibido indultar a Fujimori. Eso es, en el mejor de los casos, una discutible interpretación de ciertas sentencias que han anulado amnistías en casos en los que se buscaba el encubrimiento de delitos de lesa humanidad. Esos casos son difícilmente comparables a éste porque 1) Fujimori no fue sentenciado por esos delitos, según el propio Tribunal Constitucional peruano, y 2) los delitos de Fujimori ya no pueden ser encubiertos, son todos públicos (SE1568, Voces y Opiniones).
Pero PPK no ha recurrido a ese tipo de indulto, sino al humanitario. Se viene diciendo que las condiciones de salud de Fujimori no son suficientemente graves como para indultarlo. No es cierto que el indulto humanitario proceda sólo para los desahuciados. La norma que regula esta figura admite un cierto grado de discrecionalidad médica: de ahí que se haya recordado casos de indultos humanitarios a diabéticos o pacientes de otras enfermedades que han sobrevivido muchos años a su liberación. En este caso está claro que Fujimori padece de enfermedades crónicas que su encierro podría agravar, a juicio –hasta cierto punto discrecional– de los médicos.
El antifujimorismo no puede, pues, admitir la discrecionalidad sólo cuando se trata de sus propios juicios morales. Por ello hace mal en presentar su justificada decepción sobre PPK –quien prometió no indultar a Fujimori, y jugó varias veces (incluso el jueves pasado) la carta del antifujimorismo— como si se tratara de un asunto que no admite matices. Toda clase de insultos recaen no sólo contra PPK, sino contra todo aquel que ose estar a favor, o incluso dudar, sobre la viabilidad o conveniencia del indulto. Esta revista –que ha sido particularmente crítica del fujimorismo en los últimos dos años– no participa de ese falso y maniqueo ethos.
Haber concedido el indulto con nocturnidad e intempestivamente es parte del riesgo que PPK decidió tomar –y podría incluso favorecer a sus enemigos– pero no lo vuelve incapaz moral. Ha sido una decisión difícil –tal vez trágica– que podría proveer la gobernabilidad que necesita PPK (si sabe hacer política en adelante) o bien conducirlo al abismo y obligarlo a renunciar (ver SE 1587, Legal y Política y Indulto a Alberto Fujimori, un arma de doble filo para PPK en semanaeconomica.com). Ahora que ha sido cuestionado en esa sede, será la CIDH la que diga si el indulto fue ilegal o no. Entre tanto, los ciudadanos y los líderes de opinión tienen derecho a hacer saber su opinión, a criticar, a protestar (pacíficamente) incluso, pero no ayudan a la democracia quienes descalifican moralmente a quien piensa diferente. Ayer eran los fujimoristas tildando de corruptos a todos los que estaban contra la vacancia. Hoy los antifujimoristas contra quienes admiten el indulto. Los del medio, una vez más, violentamente presionados desde ambos lados.
