El Gobierno venezolano ha limitado a 35 litros de gasolina por automóvil y 5 litros por motocicleta la cantidad de abastecimiento en las estaciones de servicio de cinco estados del oeste del país, según una circular del Ministerio de Petróleo difundida por medios locales.
De acuerdo con la nota, la medida, que afecta a los estados de Barinas, Portuguesa, Apure, Lara y Cojedes, trata de evitar la "reventa" de gasolina por parte de conductores que se "abastecen en varias oportunidades", ante "la situación de contingencia presentada en materia de combustibles en los estados precitados". Los transportistas de alimentos, productos perecederos, prensa y medicinas están excluidos de esta limitación.
Desde hace unos días en estos y otros estados del oeste del país se han registrado largas colas de vehículos en las gasolineras ante el desabastecimiento de combustible, una situación que la petrolera estatal PDVSA ha atribuido a las sanciones financieras de Estados Unidos.
Pese a ser el país con mayores reservas de crudo del mundo, Venezuela sufre crisis periódicas de escasez de combustible que el Gobierno atribuía hasta ahora al contrabando de gasolina a la vecina Colombia, donde es mucho más cara, al no estar fuertemente subsidiada, como ocurre en la nación petrolera.
PDVSA atraviesa dificultades económicas y ha sido declarada en default(impago) por varios agentes financieros internacionales, tras abonar con retrasos los vencimientos de algunos de sus bonos de deuda externa.
Conforme a cifras de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), la producción de la compañía estatal, que genera a Venezuela más del 90 % de las divisas que ingresa, bajó en octubre por primera vez en veintiocho años de los 2 millones de barriles diarios, publicó Libre Mercado
El presidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Manuel Quevedo, sostuvo este lunes 25 de diciembre una reunión de monitoreo en la sede de la compañía, con el fin de supervisar los planes de distribución de combustible en todo el territorio nacional.
La información la ofreció la estatal petrolera a través de su cuenta en Twitter, @Pdvsa.
El pasado viernes Pdvsa informó que ejecutaban un plan especial para el urgente restablecimiento del servicio de suministro de gasolina en los estados Táchira, Barinas y Zulia, debido a un retraso en la distribución atribuido al “bloqueo financiero internacional”. En ese momento la compañía señaló en un comunicado que en los próximos días se normalizaría el suministro en esos estados del país.
El fiscal general de la República, Tarek William Saab, anunció en noviembre la detención del exministro de Energía y Petróleo, Eulogio del Pino, y del expresidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Nelson Martínez, por su presunta vinculación con hechos de corrupción en la estatal.
Las detenciones son producto de las investigaciones desarrolladas por el Ministerio Público (MP) en torno a las tramas de corrupción que envuelven a la subsidiaria de la estatal petrolera en Estados Unidos, Citgo Petroleum Corporation (Citgo) y la empresa mixta Petrozamora, reseña Telesur.
El fiscal número 55 del Ministerio Público lleva el caso de Martínez, a quien acusan de estar vinculado con la firma del contrato de refinanciamiento de la deuda de Citgo, “sin consentimiento del Ejecutivo Nacional”, además de otros supuestos delitos de legitimación de capitales.
“Martínez firmó sin contar con el beneplácito del Ejecutivo Nacional el refinanciamiento de Citgo y los que lo acusan son los mismos exdirectivos de la empresa que también aseguraron que las firmas sin consentimiento del Ejecutivo, que es lo más grave, fueron avaladas por el funcionario”, aseveró Saab.
Otro investigado es Eulogio del Pino, imputado por varios delitos de corrupción durante su gestión como presidente de la estatal petrolera, reseña trabajo de Telesur.
Del Pino fue aprehendido por la Dirección General de Contra Inteligencia Militar (Dgcim) acusado de peculado doloso, concierto de funcionario con contratista, asociación para delinquir, uso indebido de sistemas de información y daños a la industria petrolera.
También es investigado por el caso de sabotaje en la empresa mixta ruso-venezolano Petrozamora, con la alteración intencional de cifras fiscalizadas de producción de crudo desde 2015 al 2017, período en el que registró pérdidas por 15 millones de barriles.
Además, el Fiscal General aseguró que Nelson Martínez maquillaba cifras de Pdvsa, acción que ponía en riesgo el patrimonio de Venezuela y creó una mafia que el nuevo Ministerio Público está comprometido a capturar.
Detalló que el objetivo de la lucha que encabeza el Ministerio Público venezolano es contra las mafias de corrupción para recuperar la ética en el manejo de los recursos de la administración pública, así como reestructurar toda Pdvsa y llevarla nuevamente a ser la principal fuente económica del país.
El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, exigió acabar con la corrupción, ante las numerosas detenciones por irregularidades en Pdvsa y su filial Citgo, en Estados Unidos.
“El 27 de noviembre es el punto de partida para la nueva etapa de transformación de Pdvsa”, afirmó, y enfatizó que “ha llegado la hora de una gran limpieza en Pdvsa junto a la clase obrera, junto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y al pueblo”.
También denunció que el gobierno de Estados Unidos estaba detrás de un “paro silencioso” de la industria petrolera, que sería ejecutado con la complicidad de las mafias internas de Pdvsa.
“Hemos descubierto en la investigación lazos directos con la Embajada de Estado Unidos en Venezuela para provocar un retroceso en la industria petrolera y provocar lo que yo llamo un paro silencioso de la industria petrolera, que bajara la producción de petróleo y que bajara la refinación para que se pararan las refinerías”, detalló.
Recordó que el líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, afrontó el golpe de Estado de abril de 2002, así como el paro y saboteo petrolero en diciembre de ese año para poder rescatar Pdvsa y ponerla al servicio del pueblo.
Además, el Jefe de Estado designó a Ysmel Serrano como Vicepresidente General de Petróleos de Venezuela.
Auditorías en Pdvsa
El presidente de Pdvsa, Manuel Quevedo, anunció una auditoría en todas las áreas de la estatal, en medio de un plan de restructuración ordenado por el Ejecutivo Nacional y una cruzada anticorrupción emprendida por el Ministerio Público, que ha dejado a 65 gerentes detenidos.
“Voy a solicitar a la Contraloría una auditoría a todas las unidades de auditorías internas de Pdvsa”, señaló en una asamblea con los trabajadores de la industria realizada en La Campiña, Caracas.
Quevedo ratificó que se blindará a Pdvsa contra quienes estén inmersos en hechos de corrupción, luego de que, a su juicio, se descubriera un plan en la industria para “dar un golpe a la economía venezolana” este año, reseñó nota de la Agencia Venezolana de Noticias (AVN).
“Si queremos hacer una verdadera revolución debemos cambiar los métodos, la cultura organizacional de quedarse callado mientras el jefe anda haciendo desastre, mientras está desviando la producción. Se tiene que acabar y se va a acabar”, aseveró el también ministro de Petróleo.
Indicó que todos los que participaron en el plan contra la industria, orquestado desde Estados Unidos, fueron descubiertos y, tal como ha sucedido en las últimas semanas, serán llevados a la justicia.
“Hemos comenzado a dar los primeros pasos para que Pdvsa se deslastre de la burocracia elitesca. Vamos a salir a dirigir la industria de la mano de nuestros trabajadores”, afirmó.
Quevedo refirió que en la estatal se debe hacer una “verdadera revolución” y pidió a los trabajadores promover la contraloría laboral para “hacer cambios estructurales” en la industria.
“Además de las medidas de recuperación de la producción, nosotros tenemos que lograr poder hacer cada vez los procesos internos más eficientes y eso se logra a través de contraloría laboral. El que esté en una oficina tiene que estar trabajando, no tiene que estar de vago”, concluyó.
“Todos los contratos y cargos pasan a revisión”
El pasado 3 de diciembre, Quevedo informó que todos los contratos y cargos pasaban a revisión en Pdvsa.
“Los cargos de la organización Petróleos de Venezuela suman 100 y pasan a revisión con sus respectivos resultados, balances, junto con los directores externos. Esta revisión es para integrar a trabajadores de la industria, reconocer los esfuerzos y se incorporen para fortalecer el trabajo y la producción”, indicó el ministro, publicó vtv.
Más que excusas, promesas fallidas, fraudes electorales, 2017 fue un año de protestas masivas, brutal represión y ruptura del orden constitucional. También de disidencias dentro del chavismo, resonancia internacional de la crisis venezolana, descalabro económico y agudización de los conflictos sociales.
Entre abril y julio de este año, Venezuela fue sacudida por la más larga ola de protestas de su historia republicana. Lo que comenzó con la disolución de la Asamblea Nacional, a través de dos sentencias dictadas por el TSJ, terminó con la implantación ilegal de una asamblea nacional constituyente. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró, durante esos 4 meses, más de 4 mil manifestaciones en las que participaron personas de diversos sectores socioeconómicos en todos los estados del país.
La tragedia venezolana tuvo, finalmente, resonancia internacional en 2017. Y en buena medida por la insistencia de Luis Almagro, Secretario General de la Organización de Estados Americanos, OEA, quien asumió cual misión transcontinental el denunciar los abusos de poder, violaciones de Derechos Humanos y atentados a la democracia del gobierno de Nicolás Maduro.
El cisma que hizo tronar al chavismo vistió de taller oscuro y blandió la Constitución. 2017 fue el año en el que la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, se desmarcó definitivamente del gobierno de Nicolás Maduro catalizando con sus cuestionamientos y defensa a las instituciones democráticas la ruptura con el establishment venezolano de una de las funcionarias más emblemáticas de ¨la revolución¨.
De este distanciamiento no salió ilesa. Su desmontaje de las versiones oficiales sobre violaciones a los Derechos Humanos durante las protestas de 2017 y masacres comandadas por fuerzas de seguridad del Estado, sus denuncias de corrupción así como su defensa a la Asamblea Nacional cuando Maduro intentó que el Tribunal Supremo de Justicia asumiera funciones parlamentarias le valieron su destitución del cargo por una inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente.
7.676.894 venezolanos se expresaron. Si bien existe discrepancia sobre el éxito en número de la jornada del domingo 16 de julio, todos concuerdan en que fue una jornada única. No fue convocada ni organizada por el gobierno, no contó con la presencia del Plan República y no tuvo las medidas preventivas y de seguridad características de este tipo de eventos electorales (sin captahuellas, tinta indeleble o “Ley Seca”).
A través de tres preguntas se le consultó a los venezolanos sobre la legitimidad de la anc, el apoyo de la Fuerza Armada en la instauración del hilo constitucional y la renovación de todos los poderes públicos para así realizar elecciones. En todas ganó con más del 98% el sí.
Desde su llegada al poder en enero en 2017, el presidente de Estado Unidos, Donald Trump, ha sancionado a 41 funcionarios venezolanos. Canadá, en dos grandes lotes, también impuso sanciones similares a 56 funcionarios por “graves violaciones de derechos humanos reconocidos internacionalmente”, corrupción, o incluso ambas. La Unión Europea también aprobó a principio de noviembre la base legal para crear una lista de funcionarios venezolanos a quienes congelaría sus bienes y le prohibiría entrar en territorio comunitario. Sin embargo, aún no se conocen nombres pues primero tienen que se aprobados por todos los países miembros.
Después de casi dos años de las últimas elecciones oficiales, un intento de Referendo Revocatorio, llamados internacionales a que se cumpla el cronograma electoral estipulado en la constitución y la muertes de más de 100 venezolanos protestando, entre otras cosas, por la convocatoria de elecciones, el 30 de agosto de este año se llevó a cabo un comicio organizado por el Estado: la elección de 537 constituyentistas.
Desde un principio, el 1 de mayo cuando el presidente anunció la convocatoria, esta elección constituyente se encontró con muchos con muchos contras, incluso dentro del chavismo, pero una de las consecuencias más grave ocurrió después de el evento. La empresa encargada de los sistemas y la dotación de máquinas para votar en Venezuela desde 2004, Smartmatic, aseguró que esas elecciones habían sido manipuladas. Explicaron que la diferencia entre sus datos y los dados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) era de un millón de votos.
Alcaldes que estuvieron presos o fueron sentenciados salieron del país. Todos eran opositores y todos, menos el exalcalde metropolitano Antonio Ledezma, fueron acusados de permitir protestas en sus municipios. Omar Larez, Ramón Muchacho, Gustavo Marcano, David Smolansky, Antonio Ledezma, Delson Guárate, lograron escurrirse del régimen, investigó Venezuela al Dïa.
