PABLO FERNÁNDEZ BLANCO
Aunque en 2018 caerá en términos reales, habrá más fondos para proyectos de largo plazo en el año electoral; el número podría ser mayor si se cierran acuerdos de PPP.
Con la estrategia del corredor que administra sus fuerzas para desplegarlas a pleno en el sprint final, el Gobierno reducirá el año próximo en términos reales la inversión en obras y compras para proyectos a largo plazo, para luego aumentarla exponencialmente en 2019, cuando se definirá una eventual reelección de Mauricio Macri .
Según se desprende de documentos oficiales a los que tuvo acceso LA NACION, se prevén para ese año inversiones por $ 48.285 millones, 253% más que en 2018.
El Gobierno está obligado a anticiparle al Congreso, a través del presupuesto 2018, que fue aprobado la semana pasada por Diputados y girado al Senado, cuál será la contratación de obras y la adquisición de bienes y servicios con incidencia en ejercicios futuros. Aunque ese ítem comprende sólo una parte de las inversiones del Estado, es una hoja de ruta que permite advertir los planes oficiales a mediano plazo.
De esas planillas se desprende que los fondos para esa clase de iniciativas alcanzarán los $ 13.681 millones el año próximo. Esa cifra está 18% por encima del mismo número para este año, de manera que implica una reducción en términos reales, debido a que los pronósticos de inflación estimada para este año rondan entre el 22 y el 24%.
Para las inversiones del Estado, la situación cambiará drásticamente en 2019, cuando se definirá el futuro del proyecto de poder de Cambiemos para los siguientes cuatro años. No sólo por la renovación en la Casa Rosada, sino también por las elecciones a gobernador en las provincias y el cambio de una porción importante de los legisladores nacionales.
La planificación oficial indica que para ese año, según las previsiones, ya están definidas inversiones del Estado por $ 48.285 millones.
En la práctica, eso implica un incremento de casi el 253% con respecto al período anterior en el presupuesto oficial (en un contexto en que la inflación se orientaría a la baja, según cálculos públicos y privados) para proyectos de largo aliento, que serán volcados a la calle en medio de la carrera proselitista.
Aunque ya trazó el camino, el Gobierno espera conseguir cartas adicionales para jugar en la partida de la obra pública que podrían alterar sus planes originales. Se trata de los denominados contratos de participación público-privada (PPP), que implican el financiamiento por parte de inversores privados a cambio de un repago futuro a proyectos considerados relevantes por el Estado.
Se trata, de todas maneras, de un gran signo de interrogación, tanto desde la mirada de la política como de la economía. Sucede que aunque la ley de PPP se aprobó hace más de un año, aún no se concretaron iniciativas bajo ese paraguas. Más aun: las previsiones oficiales muestran más de 61 proyectos a financiar por esa vía, aunque aún no se les asignaron erogaciones precisas año por año, como sí se hizo en el caso de las obras que se solventarán con fondos públicos.
Según Fausto Spotorno, director del Centro de Estudios Económicos de la consultora Orlando Ferreres, uno de los motivos por los cuales caerá la inversión directa el año próximo se debe a que el Gobierno espera obtener financiamiento vía PPP. Y acuerda con que en 2019 se va a ampliar la inversión pública en el marco de la carrera electoral.
Algo similar cree Walter Agosto, investigador del Cippec, quien apuntó que si bien hay $ 210.000 millones de gastos de capital previstos para el año próximo, también figuran otros $ 350.000 millones que corresponden a PPP.
Con respecto a los recursos cuyo uso ya definió el Estado, casi todas las provincias encararán 2019 con más fondos para financiar proyectos de gran escala.
María Eugenia Vidal tendrá el acompañamiento del Estado nacional para apuntalar con obras su buena imagen, que la pone al tope de las preferencias del electorado. Buenos Aires, bastión principal de Cambiemos al momento de competir por los votos de todo el país, sumará en 2019 $ 2313,46 millones en proyectos con incidencia en varios ejercicios, casi 79% más que los recursos previstos para el año próximo. Se destinarán a la refacción de juzgados, la construcción de centros logísticos multimodales, obras en el Mercado Central, un muelle en Bahía Blanca y saneamientos cloacales, entre otras cosas.
Aunque el lápiz oficial suele mirar con especial consideración el territorio bonaerense, las obras ya definidas permiten asegurar que en términos porcentuales ninguna provincia será tan beneficiada como Mendoza, gobernada por Alfredo Cornejo , uno de los cinco gobernadores de Cambiemos.
Según las planillas oficiales, el distrito cuyano debería recibir no menos de $ 8770 millones en 2019, un 453% más que los $ 1584 millones del año próximo para esta clase de proyectos.
La inversión sobresaliente en la provincia será la construcción de la hidroeléctrica Los Blancos, que tendrá un presupuesto de $ 5396 millones en 2019, según las planillas oficiales.
También serán importantes, en el marco de las cuentas públicas, la readecuación de los túneles Cristo Redentor y Caracoles. El primero es un paso fronterizo activo entre la Argentina y Chile, que atraviesa la Cordillera de los Andes.
El segundo es una obra con una finalidad similar, más vieja -fue inaugurada en 1909-, que permitía el cruce del tren trasandino. Ahora está fuera de uso, pero la intención es ponerlo en marcha nuevamente.
Córdoba y Santa Fe, los dos distritos que siguen a Buenos Aires en importancia en términos de actividad económica, población y votos, también tendrán la billetera engrosada en las vísperas de las elecciones presidenciales. La última de las provincias ya tiene definidos proyectos por $ 401,56 millones, casi un 67% más que los fondos previstos para el año próximo, mientras que la mediterránea sumará $ 146,89 millones, un 32% más que en 2018.
En ambos casos se trata de bastiones electorales importantes, donde el oficialismo nacional se quedó en las elecciones de octubre pasado con triunfos estridentes pese a no gobernar las provincias.
La nota la dará la ciudad de Buenos Aires, que recibirá en 2019 $ 3288 millones, un 8% menos que el año próximo. Una lectura apurada puede sugerir que el distrito de Horacio Rodríguez Larreta estará entre los perjudicados. Nada de eso. En la práctica, será el gran ganador en lo que le queda de mandato a Macri, ya que lidera por mucho la lista de beneficiados con proyectos con incidencia en ejercicios futuros, por encima incluso de Buenos Aires.
Entre los grandes proyectos que se realizarán en el ámbito porteño está la denominada Autopista del Bicentenario-Paseo del Bajo, donde se pondrán $ 2800 millones el año próximo y otros $ 1829 millones en el siguiente; la construcción de estaciones ferroviarias subterráneas, y la restauración del Teatro Cervantes y la del Congreso, entre otras cosas.
El plan oficial
El Gobierno definió la contratación de obras y la adquisición de bienes y servicios con incidencia en ejercicios futuros. Eso muestra que el año próximo habrá una caída en términos reales (si se toma en cuenta una inflación de al menos 22%), pero habrá un salto importante en 2019.
Los favorecidos
Capital Federal, las provincias de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba y Santa Fe tendrán en 2019 más recursos para financiar proyectos de largo plazo.
El Paseo del Bajo
Tanto el año próximo como en 2019 el distrito conducido por Horacio Rodríguez Larreta recibirá los mayores fondos en proyectos con incidencia en ejercicios futuros. La mayor parte irá a financiar el Paseo del Bajo. También habrá inversiones en estaciones de trenes.
La apuesta comercial
El Gobierno prevé hacer una fuerte inversión en Mendoza en 2019 para mejorar los pasos Cristo Redentor y Caracoles, que unen al país con Chile.
Acordó con Brasil, Paraguay y Uruguay abrir las licitaciones de bienes, servicios y obras de construcción. Provincias y empresas públicas podrían sumarse a la medida.
El protocolo de contrataciones públicas del Mercosur pasó casi inadvertido en el escenario político nacional, tras ser rubricado el pasado jueves por el presidente Macri, en un viaje exprés a Brasilia. No así para las corporaciones y asociaciones empresarias que tienen como clientes al Estado, que inmediatamente posaron la atención en los detalles de la norma que abre de par en par las puertas del mercado gubernamental a compañías del Brasil, Paraguay y Uruguay.
Aunque la primera reacción fue de preocupación, muchas compañías argentinas podrán competir, con trato igualitario, por convertirse en proveedores en los países vecinos. De acuerdo a voces del Ministerio de Producción, este pacto facilitará que muchas pymes nacionales puedan ofrecer productos y servicios a diferentes organismos fronteras afuera.
Según lo acordado, la Argentina abre a la competencia regional las provisiones de bienes, servicios y contrataciones de obras que realicen Presidencia de la Nación, Jefatura de Gabinete y todos los ministerios nacionales; más de 40 organismos descentralizados, como la Anses o el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), y unas 57 universidades nacionales.
La oferta argentina incluye todos los bienes comerciables, con excepción de compras de medicamentos e instrumentos para las ofertas del Ministerio de Salud; prendas, complementos, calzado, cascos y equipamiento militar del Ministerio de Defensa, y lanchas para el Ministerio de Seguridad, que puso un único reparo. En las compras de Transporte, Energía y Minería, e Interior, Obras Públicas y Vivienda, se excluye la compra de maquinarias.
También podrán entrar a competir compañías que ofrezcan servicios de contaduría, auditoría, asesoramiento tributario, arquitectura, ingeniería, planificación urbana; servicios de información, de investigación y desarrollo (con excepción de los programas para el desarrollo científico y tecnológico), servicios inmobiliarios, de arrendamiento, publicidad, investigación de mercado o consultoría, encuestas, y los sensibles servicios de comunicación, logística y correos. En el rubro construcción, se incluyen obras de preedificación, construcción de edificios, ingeniería civil, ensambles y edificaciones, obras de instalación, terminación y acabados de edificios.
El Estado se reservó fijar un umbral de precios que, para bienes y servicios, abre al exterior las compras mayores a $ 2,3 millones, y en caso de obras de construcción, comienza a partir de los $ 100 millones.
Por tratarse de países federales, ni la Argentina ni el Brasil pudieron ofrecer la apertura de las compras provinciales o estaduales, respectivamente, cosa que sí pueden hacer Paraguay y el Uruguay, de administración unitaria. Por esta divergencia, el Gobierno se comprometió a iniciar consultas con las provincias para incorporarlas de manera voluntaria. Entretanto, el Paraguay no abrirá su mercado hasta tener acceso a las compras Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones.
De un modo similar, la Argentina se comprometió a "iniciar negociaciones para la inclusión de empresas del Estado dentro de dos años a partir de la entrada en vigor del protocolo".
El acuerdo suscripto es el segundo en su tipo que impulsa el macrismo, luego del firmar meses atrás un pacto similar con Chile, y mientras se negocia desde el Mercosur un capítulo de compras públicas en el acuerdo de asociación con la Unión Europea (UE) y cuyo contenido, de momento, es desconocido.
