Capítulos inéditos de la negociación: por qué cedió el control el ex presidente de la minera, qué gana Corfo con el avenimiento, el rol desconocido de Potash y su abogado José María Eyzaguirre .
El domingo a mediodía, mientras la jornada electoral alcanzaba su cénit, los abogados Sebastián Oddó, representando a las sociedades cascada de SQM, y Nicolás Luco, de Claro y Cía., de parte de la minera no metálica, enviaron la señal. “Esto sí va”, comunicaron a Corfo. El martes anterior, el 12 de diciembre de 2017, había solicitado a través de la Ley de Lobby una reunión con el vicepresidente de la corporación de fomento estatal, Eduardo Bitran, la que se agendó para el 18 de diciembre, un día después de los comicios. La cita era para oficializar lo que desde ese fin de semana era ya una impensable realidad: Julio Ponce accedía a dar un paso al costado y ceder el control del gobierno corporativo de SQM a cambio de que Corfo extendiera la cuota para extraer litio y potasio desde el salar de Atacama hasta 2030.
El lunes 18 de diciembre, las reuniones en Corfo partieron a las 10:00 de la mañana y se extendieron hasta las 14:00 horas. En ellas estuvieron presentes el propio Bitran junto a Felipe Bulnes, el abogado, ex ministro de Sebastián Piñera y agente de Chile ante La Haya, además de Sebastián Oddó representando a las cascadas, Nicolás Luco a SQM y José María Eyzaguirre que, aunque es abogado de Potash, fue uno de los grandes facilitadores del acuerdo. Pero había un integrante que por primera vez asistía a una reunión de este tipo: Patricio Contesse Fica, el hombre fuerte de Julio Ponce y que hoy maneja los destinos de las Cascadas como vicepresidente y además director ejecutivo, quien además se ha convertido en uno de los más cercanos al empresario, reemplazando a su padre, Patricio Contesse González, histórico gerente general de la minera y hoy enfrentado a líos judiciales por las boletas a políticos.
Más tarde, ese mismo día, a las 16:30 horas, las partes concurrieron ante la Cámara de Comercio de Santiago, en Monjitas 392, en el corazón de Santiago, para plantearle al árbitro Héctor Humeres que abriera formalmente una nueva fase de conciliación. Ya habían fracasado dos, la última el 16 de octubre, cuando Ponce no cedió el control bajo la fórmula de una renuncia al “voto dirimente” que tiene el presidente de SQM, que en un directorio de ocho miembros es clave para cualquier decisión pues es quien inclina la balanza.
El árbitro puso un plazo: el miércoles 17 de enero este pacto debe ser sellado. Desde este lunes, el gran equipo de abogados -Sebastián Oddó y su oficina por parte de las Cascadas, Claro & Cía. por SQM y el bufete Vargas, Orchand, Reyes, Del Valle y Asociados por la Corfo- ha trabajado 24 horas, los siete días de la semana, para dar forma a un contrato que le asegura a SQM seguir siendo líder mundial en la explotación del litio, a Chile mantener la pole position en este mercado, y a Ponce seguir en la propiedad, con un 30%, en la empresa que es, a estas alturas y según sus cercanos, la razón de su vida.
El 16 de octubre pasado, SQM decidió rechazar el acuerdo con Corfo, pese a que habían trabajado en él durante seis meses. Había acuerdo en prácticamente todos los puntos relacionados con la explotación del salar. La única discrepancia era que para la minera era imposible acceder a la solicitud de cambio del controlador y del gobierno corporativo. La exigencia original era que ello se materializara en una salida de Julio Ponce de la propiedad de la empresa, pero en la compañía minera y también en el mercado se evaluó que era una condición imposible de cumplir.
Corfo optó entonces por el “second best”: opciones que, sin implicar vender, suponían que Ponce cedía el control del directorio y evitaba que tuviese incumbencia en aspectos sensibles: donaciones (por el escándalo de las platas políticas), operaciones entre partes relacionadas (una práctica que ha sido cuestionada por Corfo) y conflictos con el Estado.
Esto se lograría si el presidente de SQM fuera totalmente independiente del controlador y su voto no fuera dirimente en puntos como esos, y operara la mayoría. Hay que considerar que el directorio de Soqui consta de ocho miembros, por lo cual hay altas posibilidades de empatar.
Otra salida planteada por la estatal fue que Pampa Calichera rompiera el “pacto de acción conjunta” con Kowa (que tiene cerca del 3% de la propiedad), que data de diciembre de 2006 y en la práctica le da el control a Ponce. Pero, como dijo un empresario conocedor de la sociedad, “una cosa es ya no tener un contrato escrito y otra es que, en la práctica, actúen en conjunto. Kowa es japonesa y en esa cultura empresarial la lealtad, en especial con los socios anfitriones, tiene más peso que la palabra escrita”.
Altas fuentes de las conversaciones concuerdan en que en las negociaciones de octubre, días antes de la reunión, Bitran había recibido señales directas de Rafael Guilisasti, presidente de las Cascadas, quien le había comunicado que Ponce había decidido ceder a parte de las condiciones. Sin embargo, a medida que se acercaba la reunión, a Bitran se le comunicaba del cambio de ánimo de Ponce. Si bien había concordancia en lo relacionado con la explotación del salar, la piedra de tope era la renuncia al control en SQM.
En el sector dicen que el ex timonel de la minera quería forzar a Bitran a ceder, cuestión que éste no hizo. Pero, a la postre, Ponce respetó el coraje del vicepresidente de Corfo para resistir sus embates y por eso en diciembre, y tras un análisis político de lo complejo que sería llegar a acuerdo con cualquier nuevo gobierno, decidió dar su venia y permitir un acuerdo con la Corfo a cambio de que su nombre y el de su familia salieran de SQM.
Un punto clave del pacto -y que ya estaba en el contrato de octubre- es que la cuota de explotación en el salar de Atacama se amplía a 180.100 toneladas de litio equivalente. Según cálculos de los involucrados, eso implica ingresos por entre US$ 6.400 millones a US$ 9.400 millones del flujo total entre 2022 y 2030 llevado a valor presente. Ese monto sería una de las grandes victorias de Bitran, porque implicará más caja para el Fisco por concepto de impuestos.
Un factor que cambió en los 63 días transcurridos entre el fallido acuerdo del 16 de octubre y el anuncio de este 18 de diciembre fue la disposición de Ponce. En un ejemplo digno de ser citado por John Nash, el matemático ganador del Nobel por el concepto de “equilibrio medio” en la teoría de juego, Ponce ponderó qué estrategia seguir para maximizar sus ganancias, considerando que Corfo también hacía lo mismo. Y el equilibrio estaba en que el ex presidente de Soqui saliera del directorio por los próximos años y que nadie de su familia estuviera en la empresa hasta el 2030.
Cercanos al proceso cuentan que, además del cálculo matemático-financiero, pesaron otros factores. Y es que cuando Julio Ponce dejó, en abril de 2015, la presidencia de SQM dijo, a modo de despedida, que cuando había ingresado a la minera, “esta compañía estaba casi en quiebra; hoy día es líder a nivel mundial en su área. Y para mí, lo más importante es el futuro de Soquimich”.
Fue precisamente la relevancia que en su vida tiene la empresa lo que explica por qué decidió alejarse y ceder el control de su gobierno corporativo. “Fue una larga negociación consigo mismo”, dicen quienes lo conocen. Y el primer hito en ese proceso se dio el 17 de abril de este año, cuando en un inédito acuerdo con la canadiense Potash y la japonesa Kowa cedió el voto dirimente en el directorio que ejercía el presidente de la firma, que en esos momentos era su hermano Eugenio Ponce. Con ello, los acuerdos a nivel de directorio por los próximos tres años serán concordados por la mayoría, esto es, que ninguna decisión se tomará si no hay acuerdo por lo menos de cinco de los ocho directores.
Desde abril hasta ahora, el empresario probó qué tanto podía alejarse de SQM. “Julio se dio cuenta de que SQM podía funcionar sin estar encima de ella todo el tiempo y, quizás más importante aun, que él podía vivir sin SQM”, reseña un conocedor del proceso. El ex presidente de la minera también consideró las ganancias que obtiene la compañía con el acuerdo: mantener el liderazgo mundial en la industria del litio y maximizar las utilidades de los accionistas, entre los cuales él sigue estando. “Después de analizar todo el contexto, él dijo: “Yo me voy a sacrificar”, y lo hizo”, señala un cercano.
“Es un acuerdo extraordinario para el país, que permitirá que dos empresas en Chile (SQM y Albemarle) tengan el 50% del mercado del litio y que juntas puedan hacer posible la industrialización de ese mineral en Chile”, resume un colaborador del Estado. Según cuentan en el Ejecutivo, Bitran era una de las pocas figuras de la Nueva Mayoría que no tenían miedo de pagar los costos políticos y personales de un pacto de esta envergadura.
“Las comisiones investigadoras no lo amedrentan ni tampoco quiere hacer una carrera senatorial o de diputado. Tiene una trayectoria sólida en el mundo privado y los círculos académicos, por lo que tampoco depende de un trabajo en el Estado”, señala uno de sus cercanos. Así, las negociaciones, condiciones y contratación de equipos legales las tomó de manera totalmente autónoma, y solo consultaba a La Moneda de algunos lineamientos estratégicos y comunicacionales.
La Presidenta Michelle Bachelet monitoreó el conflicto, pero le dio espacio al timonel de Corfo para negociar. La Mandataria visó el nombre de Alberto Salas, ex presidente de la Sonami y de la CPC, como nuevo director independiente y próximo presidente de SQM. Bitran conoce a Salas desde que este era director de Enami y se volvieron a encontrar en Enap, donde ambos compartieron en la mesa directiva en estos años.
Sin embargo, este no fue el único nombre que estuvo sobre la mesa. Juan Antonio Guzmán, quien ya fue presidente de Soqui, fue propuesto, pero el propio Bitran decidió vetarlo por sus vínculos con Ponce. Quería a alguien que diera garantías a todos los accionistas, con experiencia en empresas y en minería, pero también con manejo político. Salas cumplía con ello: fue ungido en la CPC para bajar la tensión entre el empresariado y el Gobierno, dada la especial cercanía que tiene con la Presidenta.
El 7 de diciembre pasado hubo una reunión clave. Jochen Tilk, CEO de Potash Corp, se reunió con Eduardo Bitran y allí se destrabó gran parte de los obstáculos. En dicho encuentro, el ejecutivo canadiense le preguntó a Bitran qué necesitaba para llegar a un acuerdo con SQM, y este reiteró el requisito de que Ponce perdiera el control, por alguna de las vías que ya se habían analizado en octubre. Con esa información en mano, Tilk se reunió a su vez con Ponce y le hizo ver lo importante que era para Potash no tener un litigio abierto con el Estado. Mal que mal, la canadiense está vendiendo el 32% de sus acciones en SQM, un proceso que está muy avanzado.
Desde entonces, José María Eyzaguirre, el abogado de los canadienses, comenzó el trabajo de joyería para unir todas las visiones en juego y convencer de que había que arribar a un acuerdo ahora o nunca. Varios consultados concuerdan en que el rol del abogado fue clave, sobre todo en facilitar diálogos y decisiones que, hasta hace unas semanas, ninguno de los actores pensaba que podían llevarse a la práctica.
El voto dirimente
Por estatutos, nadie puede votar (ni elegir directores) por más del 32% de la propiedad, por lo que resultan claves los “derechos políticos” de los directores. Las normas de la firman establecían que el presidente ejercía el “voto dirimente” en caso de empate.
Cambio en abril
A inicios de 2017, los accionistas Potash, Kowa y Pampa Calichera acordaron dejar sin efecto el “voto dirimente” por tres años y votar de manera consensuada.
En el acuerdo de esta semana, Pampa se compromete a no ejercer el “voto dirimente” y aprobar por mayoría en tres causales: donaciones, operaciones entre partes relacionadas y acciones judiciales contra el Estado.
