Antofagasta Minerals, tendrá un plazo máximo de cinco años para retirar las más de 40 millones de toneladas del depósito de residuos que instaló sin autorización y de manera ilegal, sobre territorio de la provincia de San Juan, en un área concesionada a su vez para la exploración y explotación minera a la empresa Glencore, a cargo del proyecto El Pachón, de Calingasta.

Según la sentencia dada del juez federal Leopoldo Rago Gallo la compañía, material estéril y residuos como neumáticos, en el territorio de Cerro Amarillo, zona limítrofe de Calingasta de San Juan, con el consentimiento de la empresa Glencore.

En relación a lo mismo, el pasado 12 de diciembre, en Buenos Aires, las cancillerías de Argentina y Chile firmaron el acuerdo para la remoción de 26.294.942 metros cúbicos de rocas, internado unos 1,5 kilómetros en territorio argentino y ocupando unas 51 hectáreas. Además la empresa deberá proceder al saneamiento ambiental de toda la zona, según la disposición judicial.

Ambas cancillerías, tras aprobar el plan para el retiro de los escombros, habían fijado originalmente como fecha de inicio del proceso el pasado 15 de diciembre, pero la realización de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, motivó la postergación del comienzo de las tareas hasta el día de hoy.

Por parte del gobierno de San Juan, el ministerio de Minería a través de la Secretaría de Gestión Minera y Control Ambiental estará a cargo de la supervisión de las tareas, que junto al Instituto de Hidráulica, de la Universidad Nacional de San Juan, serán los encargados de controlar la cantidad de los escombros que se retiran, dentro del método establecido y su posterior reubicación en el lugar predeterminado.

Asimismo, se dispuso la colocación de dos cámaras permanentes en Cerro Amarillo para efectuar un monitoreo permanente del retiro de la escombrera, junto a equipos de monitoreo de la calidad del agua y del aire, en la zona.

Para ello, se han dispuesto cuatro pozos para el monitoreo de agua subterránea como así también la instalación de sensores de medición en otros lugares, cuyos resultados también servirán para comparar con los monitoreos que en forma mensual viene ejecutando el Instituto de Hidráulica, desde hace aproximadamente dos años.

La empresa minera Pelambres, además del retiro de la escombrera, brindará a su vez todo el apoyo logístico para el personal que estará a cargo de la supervisión y control, como así también las autorizaciones pertinentes para la utilización del paso que conecta la mina Pelambres con Cerro Amarillo, hasta que se finalice con la restauración ambiental del lado argentino.

El plazo establecido para culminar con el retiro de los escombros es de 5 años, de acuerdo a lo fijado por la justicia federal de nuestro país, siendo intención tanto de la empresa minera chilena como de las autoridades argentinas, que las actividades se realicen no solamente en la temporada estival sino la mayor cantidad de días en el año, de la misma forma en que se llevan adelante los trabajos en la mina Pelambres, cuya área de explotaciones se encuentra muy cerca del límite argentino.

Minera Pelambres, ya extrajo más de 500 neumáticos de gran tamaño durante el verano pasado, que habían depositado también sin autorización en la escombrera cercana a las aguas del Río Carnicería, uno de los afluentes primarios del Río San Juan que llega hasta la capital cuyana.

La disposición de Rago Gallo, fue avalada por el Gobierno de San Juan a través del fiscal de Estado, Jorge Alvo. El juez otorgó 5 años, más un año de gracia en el caso que las condiciones climáticas en la Cordillera de Los Andes dificulten los trabajos.