DANIEL MONTAMAT

Las crisis cíclicas argentinas han tenido como origen sendos desequilibrios de las cuentas externas con vasos comunicantes con el rojo de las cuentas públicas.

El Gobierno heredó un descalabro fiscal que en el consolidado roza el 10% del producto. Tomó la decisión política de reducir el desequilibrio de las cuentas públicas de manera gradual. Los resultados de la elección de mitad de término avalaron los argumentos gradualistas, y hoy resulta contrafáctico discutir la causalidad entre el gradualismo transitado y el éxito electoral.

Ahora bien, la contracara del gradualismo fiscal en un país que necesita reducir las altas tasas inflacionarias para que converjan a tasas anuales de un dígito, es la convivencia con un tipo de cambio atrasado (un dólar barato en relación al conjunto de precios de la economía). Es que para financiar el rojo fiscal sin abusar de la emisión espuria de papel pintado (emisión inflacionaria) hay que recurrir al financiamiento externo. El ingreso de divisas para financiar el déficit (y compensar el desahorro del sector público consolidado) abarata el precio del dólar respecto al precio de otros bienes y servicios.

El retraso cambiario tiene consecuencias obvias en la balanza comercial externa (abarata las importaciones y encarece las exportaciones); y no tan obvias, como el aumento en dólares del peso del gasto público que se requiere reducir. Este año la Argentina va a terminar con un déficit de balanza comercial de alrededor de 6500 millones de dólares (el año pasado tuvimos un superávit de 1500 millones). Si al déficit de balanza comercial le sumamos el déficit de balanza de servicios reales como el turismo (el receptivo es menor que el emisivo), y el déficit del balance de servicios financieros (remuneración a los factores del exterior), en el 2017 vamos a terminar con un déficit de alrededor de 25.000 millones de dólares.

Este déficit, que es una medida de nuestro desahorro agregado, nos dice, por un lado, que estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades y, por otro, que a ese exceso lo financian capitales que entran, o el rojo cierra contra las divisas acumuladas del Banco Central vía ajuste del balance de pagos. No hemos tenido problema para financiarlo este año y es posible, salvo algún acontecimiento disruptivo en el mundo financiero internacional, que tampoco tengamos problemas de financiarlo el año próximo.

Pero por nuestra historia, y por nuestras reincidencias compulsivas, los agentes financieros que canalizan capitales al país miran con mucha atención estos números. Por eso, mientras el camino gradualista en lo fiscal trata de cerrar la brecha con un combo de reformas negociadas (como la previsional y la tributaria), la reducción de subsidios económicos, y el alivio de ingresos que ofrece una economía en crecimiento, es fundamental paliar el déficit de las cuentas externas con dólares de nuevas exportaciones o de inversión externa directa.

Hay dos sectores que por ser capital intensivo y contar con precios internacionales más atractivos que en años anteriores pueden reaccionar en relativo corto plazo. El sector energético termina el año con un déficit estimado de balanza comercial de 3266 millones de dólares, superior al del 2016 que fue de 2561 millones.

Con las referencias internacionales de precios que han vuelto a regir, y los estímulos a la producción de gas no convencional hasta el 2021, la inversión sectorial va a crecer, pero la energía no sólo puede ahorrar divisas de importación, está en condiciones de proveer muchas más divisas comerciales con solo volver a exportar a los mercados regionales.

La minería también tiene una gran potencial para desarrollar (oro, plata, cobre, litio y otros). El saldo comercial minero es superavitario desde hace años (se estima en 2321 millones para este año). Pero exportamos por 3.500 millones de dólares cuando Chile exporta 37.000 millones y Perú 27.000.

Urge sumar estos sectores a la cadena agropecuaria como aportantes de divisas para acompañar la transición gradualista al equilibrio (y porqué no al superávit) de las cuentas públicas. El cambio estructural de la Argentina productiva lo demanda.