Después de horas de incertidumbre, el empresario Cristóbal López se entregó a la Justicia. Según confirmó LA NACION, el empresario K se presentó con dos abogados en el edificio Centinela de la Gendarmería Nacional, en Retiro. Ayer por la tarde, el juez Julián Ercolini procesó con prisión preventiva y ordenó la detención de López y Fabián De Sousa en el marco de una causa que investiga una millonaria evasión en el pago al fisco de un impuesto a la transferencia de los combustibles, entre 2013 y 2015.

También procesó, aunque sin prisión preventiva, al ex titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray. Los tres fueron embargados por más de 17.042 millones de pesos cada uno dado que se considera a Echegaray, como el autor; y a López y De Sousa, como "partícipes necesarios" del delito de defraudación por administración fraudulenta.

Poco tiempo después de emitida la orden del magistrado, pasadas las 16, arrestaron a De Sousa en su departamento de Puerto Madero, quien fue alojado en el Edificio Centinela, en la Unidad Especial de Procedimientos Judiciales, donde ahora también se encuentra López.

Las detenciones de los empresarios del Grupo Indalo fueron ordenadas por haber violado deliberadamente las medidas cautelares impuestas por la Justicia. De hecho, Ercolini acusó a ambos de haber vendido acciones del Grupo Indalo a sabiendas de que no podían hacerlo porque pesaba sobre ellos y sus empresas una "inhibición general de bienes". Según el juez, el accionar de ambos "se dirigió a obstruir la labor de la Justicia".

Tal como relató el juez, la última inhibición dispuesta en la causa era del 4 de octubre pasado. Sin embargo, el 25 de octubre López y De Sousa le pidieron que se levantara esa medida para vender acciones de empresas a otro "grupo inversor con reconocida experiencia" porque "se encontraba en peligro la continuidad de los negocios de todo el grupo".

Si bien el juzgado determinó que no se autorizara el levantamiento, la semana pasada, López y De Sousa informaron en este expediente que el 20 de octubre habían vendido sus acciones. "Ellos mismos manifestaron haber vendido sus tenencias -cuando les estaba vedado- con anterioridad a haber solicitado autorización para ello", relató Ercolini.

El juez destacó además que podrían haber dejado sin efecto la operatoria después de que él les contestó que no se levantaba la inhibición, pero que decidieron no hacerlo. Según el juez, esta conducta de los acusados lo "habilita a adoptar el encarcelamiento preventivo".

En qué consiste la causa

La causa se inició en marzo de 2016 a partir de una publicación del periodista Hugo Alconada Mon en LA NACION, que la diputada nacional, Elisa Carrió , presentó en una denuncia ante la Justicia. El artículo señalaba que Cristóbal López, a través de la firma Oil Combustibles SA (una de las empresas del Grupo Indalo), se había beneficiado a partir del incumplimiento en el pago de alrededor de 8000 millones de pesos correspondientes al impuesto a la transferencia de combustibles líquidos, el que, si bien había sido cobrado a sus clientes, nunca fue girado a la AFIP, según el informe de Gabriel di Nicola para La Nación.

Problemas para Grupo Ceibo

Con esta determinación, el cambio de accionistas y hasta el nuevo nombre del holding rebautizado Grupo Ceibo, corre ahora riesgos. 

Cabe recordar que quienes en la actualidad funcionan como propietarios de hecho de este conglomerado de empresas -que también abarca varios importantes medios de comunicación-, todavía no han logrado ser vistos como los reales dueños tanto por la Justicia, como por la AFIP y menos aún por el Gobierno.

Además, no han logrado levantar la inhibición de bienes que pesa sobre todos los activos, como tampoco la apertura del concurso preventivo de Oil Combustibles, denegado por el juez Héctor Vitale, a cargo de esta causa.

Del mismo modo, todavía se espera la decisión que adoptará la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comecial acerca del pedido de apertura concursal para las empresas periodísticas de Indalo, como C5N, Radio 10, POP Radio, La Mega, Ideas del Sur, el diario Ámbito Financiero y otro grupo de medios.

Pero, con la orden de Ercolini de enviar a prisión a Cristóbal López y Fabián De Sousa -una orden que terminó cumpliéndose cuando se entregó el primero de ellos- le puso un manto de incertidumbre a la venta de este conglomerado de empresas a Rosner y sus socios.

Esto, debido a que el magistrado considera que la operación podría llegar a constituir un delito y por eso pide en su fallo que se investigue y que se aporten testimonios en torno a la transferencia de los activos que ambos empresarios pretendieron concretar con OP Investment.

Si bien fuentes de este grupo consideraron que la decisión del magistrado no es ni buena ni mala, admitieron que se trata de una "complicación" acerca del futuro accionario del ex Grupo Indalo y sus empresas.

El grupo de abogados de este fondo del que también forman parte Santiago Dellatorre y Damián Burgio trabaja aceleradamente para estudiar el fallo y analizar las opciones que permitan continuar con las operaciones.

En un párrafo de su extenso alegato, el juez Ercolini advirtió que la transferencia de acciones que se pretendía llevar a cabo "demuestra que los imputados aludidos han desplegado diversas conductas tendientes a impedir la conservación de la garantía jurisdiccional que se buscó preservar por medio de la cautela dispuesta en esta pesquisa".

Agrega que "ellos mismos manifestaron haber vendido sus tenencias accionarias -cuando les estaba vedado conforme ya fue expuesto- con anterioridad a haber solicitado autorización para ello. Debe tenerse en cuenta que dicha petición fue introducida el 25/10/17 y, conforme sus dichos, la enajenación material habría sido el 20/10/17".

Recuerda también que previo a que el tribunal se expidiera respecto de la venta, "los imputados decidieron -en su carácter de accionistas- cambiar la composición del directorio, el que quedó conformado por los compradores. Además, se valora que, al haberse notificado de la negativa de este tribunal respecto del levantamiento de la medida, los encausados no dejaron sin efecto la operatoria en cuestión; lo que demuestra a todas luces su voluntad de apartarse de la manda judicial".

Para Ercolini se trata de maniobras que podrían poner en riesgo el paradero de ambos empresarios, ya que le suma la persistencia de ambos en que nuevamente se analice la situación con la intención de que el tribunal se expida en favor de la transferencia de acciones "condicionado" por una situación de hecho.

"Tampoco puedo dejar de valorar que los veedores expusieron que no les constaba la existencia de peligro en la continuidad de los negocios, lo que enfatiza la presunción aquí sostenida", agrega Ercolini, quien destaca que durante la tramitación de las medidas cautelares "no hubo lugar a dudas de que debía mediar una autorización judicial para realizar negocios abarcados por la inhibición general de bienes; la que fue solicitada siempre por las partes de manera previa hasta la presentación mediante la que pusieron fehacientemente en conocimiento la realización de la venta en cuestión sin haberla requerido".

Para el magistrado, estas actitudes "permiten tener por comprobado un comportamiento desplegado por López y De Sousa, que habilita al suscripto a adoptar el encarcelamiento preventivo como modo de asegurar los fines del proceso".

Con respecto a la venta de las acciones de Indalo, asegura que se llevó a cabo incumpliendo la inhibición general de bienes dispuestas por su juzgado y confirmada en segunda instancia y aclara que se encuentra vigente.

Advierte que con la operación "se ha engañado sostenidamente a este juzgado, a la fiscalía actuante, a la AFIP en su doble condición de parte querellante y actora civil y a los veedores designados en este proceso".

Por ese motivo, y ante la posible realización de actos fraudulentosdeliberados orientados a la inducción a errores procesales para perjudicar a terceros y teniendo en cuenta que los imputados, con la posible participación de otras personas, hubieran vendido como libres bienes cuya disposición habría sido inhibida por acto judicial, Ercolini ordena "que habrá de extraerse testimonios y remitirlos para que se sortee el tribunal que continuará con su investigación ante la posible comisión de un delito de acción pública", publicó iProfesional.

ALEJANDRO ALFIE

Pasó de nueve empresas en 2003, cuando asumió su amigo Néstor Kirchner, a tener 170 sociedades al finalizar el gobierno de Cristina Kirchner. 

"No fue magia", le gustaba decir a Cristina Fernández de Kirchner cuando destacaba los logros de su gobierno. Pero hay pocos antecedentes de empresarios que prosperen tanto, en tan poco tiempo, como fue el caso de Cristóbal López. 

Tenía nueve empresas, en 2003, cuando su amigo Néstor Kirchner asumió la Presidencia; y tuvo un crecimiento meteórico, que lo llevó a tener 170 sociedades -con su socio minoritario Fabián de Sousa-, que facturaron más de $25.000 millones en el último año de gestión del kirchnerismo.

Pero, desde que asumió Mauricio Macri, los negocios cambiaron para Grupo Indalo. La AFIP puso el foco en tratar de cobrarles las enormes deudas impositivas y previsionales que les permitió generar el gobierno kirchnerista. En los últimos dos años, el organismo recaudador denunció a 33 empresas de López y De Sousa, en las que reclama más de $10.000 millones.

López y De Sousa construyeron el mayor multimedios kirchnerista, con plata de la evasión impositiva, que la Justicia denomina técnicamente como "administración fraudulenta" y "defraudación al Estado".

Desde que desembarcaron con fuerza en el sector de los medios de comunicación, en 2012, gastaron más de US$ 250 millones en la adquisición de diarios, radios, canales de noticias y productoras de TV, que pusieron al servicio del "relato kirchnerista".

A cambio, la entonces presidenta Cristina Kirchner les permitió evadir el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles(ITC) de su petrolera Oil, que dejó de pagar $ 8.000 millones a la AFIP, cuando la manejaba Ricardo Echegaray.

Pero las cosas cambiaron cuando asumió Macri y puso al frente del organismo recaudador a Alberto Abad. Se iniciaron 13 causas judiciales contra las empresas de Grupo Indalo, que operan en los rubros bancario, financiero, medios, alimenticio, construcción y petrolero.

La empresa más grande del grupo es Oil Combustibles, que aporta el 8% del combustible al mercado nacional. Tiene un stock importante de petróleo crudo y 360 estaciones de servicio. También se destaca en este rubro Oil M&S, que aporta servicios y producción de petróleo.

Le sigue la constructora CPC, que tenía 14 obras en marcha; pero que todavía no pagó el sueldo a sus empleados, porque muchas de sus obras públicas están paralizadas.

También se destacan los medios de comunicación, entre los que están la cadena de noticias C5N, Radio 10, la productora Ideas del Sur y Ambito Financiero. Además está Alcalis de la Patagonia, que produce carbonato de sodio. Y el rubro inmobiliario, con un shopping en Comodoro Rivadavia.

Fuera de Indalo, Cristóbal tiene el 28% de Inverclub, la sociedad que posee casinos y las máquinas tragamonedas del Hipódromo de Palermo, que el propio Kirchner le prorrogó por 15 años en su última semana de gobierno.