Cristóbal López se entregó anoche en el edificio Centinela de Gendarmería, en el barrio porteño de Retiro, luego de que el juez federal Julián Ercolini ordenara su detención en el marco de la causa en la que está acusado de evadir $8 mil millones de pesos del impuesto a los combustibles a través de su empresa OIL.
Ercolini procesó a López y a su socio Fabián de Sousa con prisión preventiva por considerarlos partícipes necesarios del delito de administración fraudulenta agravada por haberse cometido contra una administración pública. De Sousa fue detenido en la tarde por la Gendarmería en un domicilio de Puerto Madero.
El magistrado decidió detener a López -sospechado como testaferro de Cristina Elisabet Kirchner- por obstrucción a la justicia, al haber vendido el paquete accionario del Grupo Indalo, violando la inhibición general de bienes dictada oportunamente.
Además, el juez Ercolini procesó al ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, por considerarlo autor del delito que se le imputa también a los empresarios.
El juez trabó un embargo contra los tres procesados por diecisiete mil cuarenta y dos millones quinientos nueve mil seiscientos noventa y dos pesos ($17.042.509.692).
Según la acusación, la maniobra delictiva comenzó en mayo de 2011, cuando Oil Combustibles comenzó su operatoria. Durante más de cuatro años la AFIP -comandada por Echegaray- a través de diversas irregularidades, habría permitido que la compañía de López no pagara el impuesto a los combustibles líquidos. Los empresarios utilizaron ese dinero en forma indebida para capitalizar a las demás sociedades del grupo Indalo tornando de esta manera incierto el cobro de la deuda que mantienen con el Estado Nacional.
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Para Ercolini, los regímenes de pago de la AFIP con los que Echegaray benefició a Cristóbal López permitieron que Oil Combustibles no pague el impuesto a los combustibles líquidos. Esto sucedió a partir de la laxitud en el otorgamiento de los planes de pago del organismo recaudador, la falta de control y la concesión sistemática y deliberada de nuevos planes por parte de los funcionarios de la AFIP, cuyo titular era Ricardo Echegaray. Este accionar le permitió a Oil Combustibles refinanciar la deuda fiscal una y otra vez al tiempo que la habría favorecido para que con ese capital fondeara a otras empresas del grupo.
De la documentación que hay en el expediente surge que la empresa de López habría pagado una sola cuota de los planes de pago y la AFIP no exigió el pago de las restantes. Con este dinero que dejaba de pagarle al fisco, Cristóbal López capitalizó otras empresas del grupo Indalo. Con esta maniobra logró el vaciamiento de Oil Combustibles tornando incierta la posibilidad de que el Estado Nacional pueda cobrar la deuda.
Para completar el fraude, Oil Combustibles se presentó en concurso de acreedores ante un juzgado de Comodoro Rivadavia donde López pretendía jugar de local. Ese juez se declaró incompetente y giró las actuaciones a la Justicia Nacional en lo Comercial. El expediente quedó radicado entonces en el juzgado comercial nro. 4 con asiento en esta Capital que decretó de oficio la nulidad de la apertura del concurso. Apelado ese fallo, la Cámara lo revocó parcialmente manteniendo la validez de la apertura. Sin embargo consideró que existió una conducta fraudulenta de la empresa de Cristóbal López al crear un domicilio ficticio en Chubut con la finalidad de eludir la competencia de la Justicia Nacional.
El expediente llegó a la Corte Suprema de Justicia que el pasado 15 de noviembre confirmó la nulidad de la apertura del concurso de Oil Combustibles por entender que es fraudulento, informó Infobae
os trabajadores de la UOCRA de la firma CPC, la constructora de Grupo Indalo, protagonizaron un día de furia en la ciudad desde donde el empresario Cristóbal López fundó su emporio. En medio de la detención ordenada para López y Fabián De Sousa por defraudación a la administración pública, un grupo de obreros que reclaman el pago de quincenas atrasadas realizaron un piquete y colapsaron el tránsito en puntos claves de Comodoro Rivadavia: la intersección de las rutas 3 y 26 -único paso entre las localidades de Comodoro y Rada Tilly- y de la 3 y 39, lo que impidió el paso de camiones y camionetas que intentaban circular hacia los yacimientos.
El conflicto mostró este martes dos caras de una misma moneda: mientras los operarios reclaman el pago de quincenas adeudadas por parte de la empresa CPC, la complicada situación judicial de los empresarios locales y la casi segura readjudicación de las obras que venía ejecutando formaron parte de una cadena de eslabones cuyo final plantea un escenario incierto en el sur de Chubut.
Las columnas de humo se instalaron en la ruta pasado el mediodía, apenas unas horas antes de que se conociera el pedido de detención de López. Unos 350 operarios acumulan 3 quincenas impagas y amenazan con endurecer las medidas. Las obras en manos de CPC en Comodoro son 4, según precisó Raúl Silva, el secretario general de la UOCRA: la repotenciación del acueducto, con 120 operarios; el primer tramo de la autovía Rada Tilly-Caleta Olivia, con 130; el aterrazamiento del Chenque, con 50; y el muro costero del hospital Alvear, con 22 operarios. Además, se suman fluctuaciones de otras tareas eventuales
El dirigente gremial planteó: "Nosotros no sabemos nada de las detenciones, lo único que nos dijeron es que habían llevado preso a Fabián De Sousa, pero para nosotros no hay ninguna solución". Y detalló que la alternativa que se había planteado a través de la Secretaría de Trabajo para derivar los pagos desde organismos nacionales directamente al ámbito laboral, para pagar las quincenas, no fue autorizado por uno de los jueces que interviene en el proceso judicial de la empresa. "Hay un juez que rechazó esa posibilidad de pago directo desde Nación a los trabajadores y quedó todo en la nada", señaló, en referencia al proceso judicial que involucra al Grupo Indalo.
Por otra parte, fuentes del gobierno nacional señalaron que no hay facturas impagas por las obras que está ejecutando la empresa, más allá de los plazos habituales en los que se manejan los pagos en esos ámbitos (con demoras de hasta seis meses) razón por la cual ya ha sido multada por incumplimientos con los trabajadores y otros proveedores. Las sanciones alcanzan los 60 millones de pesos, particularmente en lo que tiene que ver con la obra de la autovía Caleta Olivia-Rada Tilly.
El coletazo de la caída del emporio de Cristóbal López mostró su cara mas conflictiva en Comodoro, el mismo día en que se conoció el pedido de detención del empresario. Los operarios del UOCRA, que prestan servicios en CPC, cortaron las principales rutas, complicaron el tránsito e impidieron el paso hacia los principales yacimientos del sur de Chubut. Según el propio gremio, sería inminente la caducidad de la adjudicación y la entrega a otra empresa que, si la acepta, sería la segunda cotizante en aquella licitación. Al respecto, Silva recordó que los procesos no son tan rápidos y que esa situación ya la vivieron cuando se retiraron tanto Austral Construcciones como Kank y Costilla.
La obra de repotenciación del acueducto afronta problemas no sólo por la falta de pago a los trabajadores, sino también a partir de la denuncia impulsada por la Oficina Anticorrupción de Nación por presuntos sobre precios en la ejecución del proyecto. Según indicaron los funcionarios nacionales que siguen de cerca el tema: "Los pagos legales se están siguiendo y esto lleva su tiempo, pero no hay forma de que a partir de una protesta aparezca plata. Los certificados que ha presentado la empresa ya están pagados y son sus responsables quienes deben responder ante los trabajadores, independientemente de los mecanismos que se han iniciado y que seguramente van a derivar en un cambio de empresas para ejecutar estos trabajos".
Silva anticipó que los cortes de ruta seguirán con piquetes en ruta 3, en sus cruces con 39 y 26, lo que seguirá interrumpiendo el paso de tránsito pesado y de vehículos vinculados a la actividad petrolera, al tiempo que mañana podría sumarse la seccional Caleta Olivia, desde primera hora del día y eso perjudicaría, también, el tránsito de sur a norte. De este modo, el tránsito pesado por la ruta 3 quedaría totalmente paralizado, al igual que la actividad petrolera.
El dirigente señaló que mantuvo una conversación con el gobernador Mariano Arcioni y le pidió que intercediera ante el juez que bloqueó el acuerdo de pago hacia la cuenta de la Secretaría de Trabajo. "Le dijimos que los obreros no tiene nada que ver con los problemas de la empresa y que la gente está desesperada, porque son 3 quincenas y ya vienen los aguinaldos", resumió Silva y agregó: "Nos dijo que va a hacer lo posible, pero nosotros no vemos una solución en lo inmediato", según publicó La Nación.
CLARÍN
LUCÍA SALINAS
El juez Julián Ercolini procesó con prisión preventiva a los dueños del Grupo Indalo por defraudación al Estado, por no pagar a la AFIP, durante el gobierno de Cristina Kirchner $ 8.000 millones, que correspondían al impuesto a los combustibles. La maniobra se realizó a través de la empresa Oil Combustibles SA y según la justicia, con dichos fondos, el empresario K "acrecentó su patrimonio de a través de diferentes empresas sospechadas de haber formado parte de este entramado delictivo".
La causa inició el 16 de marzo de 2016 con una denuncia de la diputada Elisa Carrió, en la que señaló que las anteriores autoridades de la AFIP permitieron a Oil Combustibles SA (OCSA) "no abonar en tiempo y forma" el ITC y el "uso indebido del dinero para capitalizar las demás sociedades" del Grupo Indalo. Asimismo, la denuncia sostuvo que parte del dinero recaudado "fraudulentamente se destinó a satisfacer los retornos de los ex mandatarios Néstor y Cristina Kirchner, sus empresas y sociedades".
Ante tales acusaciones, el juez Ercolini indagó a los 21 imputados, entre ellos Cristóbal López, Fabián De Sousa, Ricardo Echegaray, Ángel Toninelli, entre los principales y ordenó un inhibición general de bienes sobre todas las sociedades que integran el Grupo Indalo.
El fiscal del a causa, Gerardo Pollicita había planteado que desde la AFIP junto con los empresarios y sociedades sospechadas de tener vinculaciones personales y comerciales con el matrimonio presidencial" se orquestó una "maniobra fraudulenta en contra de las rentas de la Nación en sumas miles de veces millonarios, cuyos fondos obtenidos irregularmente habrían sido utilizados para la expansión del conglomerado societario de López y De Sousa".
En la causa se planteó que la maniobra de la AFIP y López "se ejecutó al amparo de una política general de otorgamiento de planes de facilidades de pago para los deudores tributarios". Aunque son legales, sostiene la fiscalía federal número 11, "permitieron que la firma OIL no abonara el impuesto a los combustibles líquidos (en adelante ICL) ya recaudado y acumulara una deuda con el Fisco Nacional varias veces mayor a los bienes de uso y cambio de la petrolera".
A la fecha, según la actual gestión del ente fiscal, la deuda de Cristóbal López asciende a más de 10.000 millones de pesos, contabilizando intereses y punitorios.
El juez Julián Ercolini los procesó junto al ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray; se les trabaron embargos por 17 millones de pesos.
l juez Julián Ercolini procesó con prisión preventiva y ordenó la detención de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa. También procesó, aunque sin prisión preventiva, al ex titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray. Los tres fueron embargados por más de 17 millones de pesos cada uno.
Poco después de emitida la orden del juez, pasadas las 16, arrestaron a De Sousa en su departamento de Puerto Madero, que fue alojado en el Edificio Centinela, en la Unidad Especial de Procedimientos Judiciales.
Mientras tanto, las fuerzas de seguridad buscaban a Cristóbal López.
Las detenciones de los empresarios del Grupo Indalo fueron ordenadas por haber violado deliberadamente las medidas cautelares impuestas por la Justicia.
La causa se inició en marzo de 2016 a partir de una publicación del periodista Hugo Alconada Mon en LA NACION, que la diputada nacional, Elisa Carrió, presentó en una denuncia ante la Justicia. El artículo señalaba que Cristóbal López, a través de la firma Oil Combustibles SA (una de las empresas del Grupo Indalo), se había beneficiado a partir del incumplimiento en el pago de alrededor de 8.000 millones de pesos correspondientes al impuesto a la transferencia de combustibles líquidos, el que, si bien había sido cobrado a sus clientes, nunca fue girado a la AFIP.
Con ese dinero que retuvo, el empresario expandió su conglomerado de empresas al que bautizó Grupo Indalo. En otras palabras, López no impulsó el crecimiento de su imperio con las ganancias del juego -divisas que mandó en parte al exterior para, por ejemplo, comprar un casino en Florida, Estados Unidos-, sino que lo hizo con fondos que debió girar al Tesoro nacional.
Echegaray también fue procesado, pero sin prisión preventiva, con un embargo por más de 17 millones de pesos. Está apuntado como supuesto autor del delito de "administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública". López y De Sousa están señalados por el mismo delito y se les trabó un embargo por el mismo monto.
