Mucho se ha escrito y dicho acerca de la minería, incluso se han creado neologismos para definirla y motejarla como, por ejemplo, megaminería. Inexactitudes jurídicas como separar la minería metalífera de la que no lo es, denostar la desarrollada “a cielo abierto”, adherir el adjetivo contaminante al sustantivo minería, como si ambos estuviesen inexorablemente asociados y otras estratagemas, más cercanas a fundamentar oposiciones que asumir una postura lógica y desapasionada. 

La minería es una industria lícita y puede resultar una clara oportunidad para coadyuvar al desarrollo de Mendoza, pero no un desarrollo ciego o a cualquier costo y justificado por un concepto económico. 

Para ello hay que derrumbar un falso prejuicio que sostiene que las oportunidades económicas que traería esta industria serán inexorablemente en desmedro del medio ambiente, creando maniqueísmos para optar entre agua o minería, cianuro o malbec y otras tendenciosas falacias.

La realidad, en cambio, nos dice que los países que lideran el ranking de sustentabilidad ambiental, tienen gran desarrollo minero. Por caso Suiza lidera el Ííndice de Rendimiento Ambiental (EPI en inglés) confeccionado por las Universidades de Yale y Columbia. 

El país helvético procesa el 56% del oro mundial. Singapur, que es el mayor concentrador minero de Asia, figura en el 4º puesto, Finlandia con sus minas de níquel y cobre como Talvivaara y Kittilä en Laponia el 18º lugar en cuidado ambiental, Canadá ocupa el puesto 24º y EEUU el 33º. Bien, Argentina asoma en el puesto 93 en un lote de países con Zimbabwe, Argelia y el Líbano.

Se podrá decir que aquellos países líderes son más avanzados y serios en sus controles, pero sin embargo nuestro vecino Chile, que es el primer productor mundial de cobre, se encuentra 29º, liderando los países de Sudamérica y compartiendo la mismísima cordillera. 

Es más, en el sector que Mendoza comparte con el país trasandino éste exporta anualmente u$s 10.000 millones en minería. Mendoza, en cambio, exporta 0 pesos.

La minería no puede seguir presa de discusiones estériles en donde factores políticos, económicos e ideológicos han tomado el liderazgo alejándonos de la razón. Hoy se ha transformado en un problema cuando debería ser parte de la solución. 

El diccionario de la Real Academia define problema como el conjunto de hechos o circunstancias que dificultan la consecución de un fin. Si el fin es el desarrollo de la provincia, la creación de nuevos puestos de trabajo, con estricta protección del medio ambiente (algo que la minería puede aportar) debemos entonces encontrar una solución lejos de los fanatismos y más cerca de la sensata definición de qué provincia queremos. 

En donde no se simplifique el problema con un minería sí o no, sino con minería cómo, dónde y bajo qué circunstancias y controles. Mendoza lo merece.

*Abogado y presidente de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros (Camem)

Gobiernos y empresas pretenden imponer la megaminería metalífera en Mendoza, violentando el sostenido rechazo social a dicha actividad, expresado en la sanción de la Ley 7.722, cuya constitucionalidad ratificó la Suprema Corte de Justicia, y en el rechazo popular y legislativo al proyecto San Jorge.

Muchos defensores del ambiente siguen siendo tildados de ignorantes, ecoterroristas y otros epítetos, como si la oposición a la contaminación y despojo de los bienes comunes careciera de fundamentos.

Vale pues recordar los reiterados derrames de solución cianurada en Veladero -a pesar de sus certificaciones ISO 14001- y la mayor catástrofe ambiental de la historia brasileña, al colapsar el dique de colas de una mina de Vale-BHP, en 2015. O informar que en 2016 División Andina de Codelco causó tres derrames, contaminando el río Aconcagua y obligando a interrumpir la captación de agua para riego y consumo humano en Los Andes.

Según Naciones Unidas, durante la última década se produjeron cuarenta roturas y colapsos de diques de colas: once en América Anglosajona, once en América Latina, quince en Asia y tres en Europa. Menos que en décadas anteriores, pero de mayor magnitud.

Para satisfacer legítimas necesidades sociales no se requiere la colosal expansión megaminera en Latinoamérica, de donde se extraen minerales de hierro, cobre, aluminio, zinc, níquel, estaño, plomo, oro, plata… en volúmenes equivalentes a entre dos y diez veces la cantidad consumida en nuestra región. Además, la electrónica y otros usos industriales representan apenas 8% de la demanda mundial de oro. Oro cuya extracción en Pascua Lama hubiera implicado volar 4 toneladas de roca por cada gramo de oro resultante.

El gobierno ha exacerbado los múltiples privilegios al capital minero, eliminando retenciones y ratificando el máximo de 3% a las regalías provinciales.

Si el rechazado proyecto San Jorge estuviese hoy en explotación, aportaría regalías por $144 millones anuales: apenas 0,2% de los $73.925 millones del presupuesto provincial 2017. 

Según datos oficiales, en 2016 hubo apenas 10.337 empleos en minería metalífera en todo el país (2.447 en San Juan), apenas 0,09% del total de 12 millones de trabajadores registrados.

¿Está “parada” la minería en Mendoza? En verdad, la minería no metalífera siempre estuvo activa. En 2016 la extracción de hidrocarburos empleó a 3.997 trabajadores, y la masa salarial total de la minería mendocina fue 52% superior a la de San Juan.

En dicha provincia proliferaron las 4x4, pero los indicadores sociales (pobreza, indigencia, desocupación, necesidades básicas insatisfechas…) han seguido siendo notoriamente mejores en Mendoza que en San Juan, provincia donde la explotación del oro ha derramado cianuro, no bienestar socioeconómico.

Nuestro buen vivir como sociedad mendocina requiere que no negociemos nuestros bienes comunes, y sigamos negando toda licencia social al extractivismo megaminero.