El juez Luis Rodríguez analiza un extenso pedido de prisiones preventivas que le realizó el fiscal Carlos Stornelli en la causa que investiga el desvío de fondos millonarios del extinto ministerio de Planificación Federal a la mina de carbón Río Turbio. El pedido, que además plantea el procesamiento, incluye a Roberto Baratta (ex mano derecha de Julio De Vido y ya detenido por otra causa), Martín Goicochea (rector de la UTN), Miguel Larregina (ex gerente contador de YCRT), Atanacio Pérez Osuna (ex interventor de YCRT y actual intendente de Río Turbio) y Hugo Sánchez (presidente de la Fundación).

Se piden los procesamientos por "peculado y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”, junto con la prisión preventiva. Según pudo saber Clarín, antes de fin de mes el magistrado resolverá si hace lugar a los pedidos de detención.

La fiscalía sostuvo en una resolución de más de 200 páginas que a quienes se les pide ahora la prisión preventiva “defraudaron al Estado” al “conformar y materializar un ilícito sistema de contrataciones” que involucraron al ex ministerio de Planificación, a Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), y la “tercerización de todas las obras a través de la Facultad Regional de Santa Cruz (FRSC) de la UTN”.

sí, a través de una fundación vinculada a la Facultad se realizaron compras y contrataciones “de forma directa sin sujeción a las normas en materia de contrataciones públicas”. La maniobra defraudatoria investigada fue “orquestada y ejecutada entre 2008 y 2015”. Se calcula que el perjuicio al Estado fue superior a los $ 567 millones.

Para el fiscal Stornelli los imputados “diseñaron todo este sistema” para “sustraer dinero y defraudar" al Estado. Gran parte de la responsabilidad recae sobre YCRT y sus autoridades, Pérez Osuna como Larregina, que obraron de manera “irregular” tanto en la ejecución de convenios millonarios como en "pagos realizados".

Se planteó que los imputados, aún libres, representan “un riesgo procesal” considerando que no se dispusieron “medidas cautelares sobre sus patrimonios “que podrían ser medios para eludir la investigación”, y, a excepción de Baratta, “ocupan roles y posiciones claves para atentar contra la investigación y el recupero de los bienes”.

Esta misma idea sobre la posibilidad de trabar las investigaciones es la que se planteó en otras detenciones de ex kirchneristas como De Vido o Amado Boudou y que generaron polémica sobre el alcance de las prisiones preventivas.

Según la fiscalía, Baratta, Larregina, Pérez Osuna, Goycochea y Sánchez “tomaron parte en el diseño de esta estructura delictiva, junto a la ejecución y desarrollo de una ingeniería que desvió 265 millones de pesos, dinero que se abonó como gastos administrativos y comisiones a la FRSC, a su Fundación”, con YCRT y la UTN.

El procedimiento fue definido como “obsceno” y con el único fin de evitar los controles en materia de contratación, por “obras inconclusas, con anticipos financieros, con sobreprecios” llevando el perjuicio a $ 567 millones de pesos.

“Fueron muchas las irregularidades contables y que hacen a la transparencia de las contrataciones, se obró de forma desprolija”, indicó Stornelli.

El ex interventor de YCRT Pérez Osuna (actual intendente del FPV en Río Turbio) convalidó gastos a simple firma por $ 13.600.000, “dicho límite fue deliberadamente evadido” y consideraba “otra ingeniería para sustraer fondos públicos”: firmaban convenios que no superaban los $ 12,5 millones, todos pertenecían a la misma obra, “conocían el límite y buscaron burlarlos desdoblando los convenios en un evidente fraude”, indicó el fiscal. Lo hicieron al menos 12 veces.

Las irregularidades se “observaron también en los funcionarios de la UTN” que realizaron contrataciones “por fuera de la ley”, tercerizando proyectos con la FRSC. “Goicochea fue el que firmó la mayoría de los convenios", se agregó.

Mientras la UTN Santa Cruz cuenta con dos carreras de ingeniería “se transformó en subcontratista de obra pública y cobró en comisiones más de $ 176 millones".

Parte de los fondos investigados corresponden a la partida presupuestaria que recibió YCRT en diez años: $ 10.554.009.000 de los cuales el 68% se destinaron a gastos corrientes. “Nunca antes en la historia se inyectó tanto dinero en YCRT y nunca antes. tan mal”, consideró el fiscal de la causa y entendió que se está ante una “historia de corrupción” en el complejo minero cuya producción a fines de 2015 era el 15% del proyectado: es decir, llegó a generar el mismo carbón que en 1951.

La empresa minera tuvo además, un 70% menos de "galerías" a pesar de que su personal creció un 233%. Y “obligó abusivamente al Estado a pagar el 21% en comisiones a la UTN y a la FRSC evadiendo toda normativa en materia de contrataciones” y además “se desviaron los fondos públicos”.

La causa inició con la denuncia del actual interventor de YCRT, Omar Zeidán, que puso bajo sospecha el manejo de $ 26.000 millones que representa el presupuesto que el extinto ministerio de Planificación Federal destino a YCRT desde 2005 a 2015 para su presunta modernización.