Meses atrás el Ejecutivo presentó al Congreso el proyecto para modificar la Ley de Hidrocarburos de 1993. El PL 2145 es extenso y su análisis excede a este artículo. Pero sí es posible señalar algunos alcances.
En el Perú no existe un Plan Energético de Largo Plazo (PELP) que defina la matriz energética que se necesita: qué recursos tenemos (petróleo, gas, carbón y energías renovables –eólica, solar, geotermia, hídrica, solar y biomasa, entre otras–). Y cómo los vamos a producir y consumir en los próximos 30 a 50 años.
En otros países, como Chile y Colombia, sí existen, más aún ahora que en la COP 21 de París se han asumido compromisos para reducir la contaminación de los fósiles (petróleo, gas, carbón). El PELP define los incentivos para llegar a la nueva matriz.
En la Exposición de Motivos se menciona la “Política Energética Nacional 2010-2040”, aprobada por el DS-064-2010 de García. Pero ahí solo hay lineamientos referenciales. No es un Plan Energético. ¿Y por qué? Simple: porque eso “rayaría la cancha” a las empresas privadas del sector, como en Chile.
Eso no se quiere tocar por la sacrosanta “libertad de iniciativa privada”, es decir, la “libertad” de hacer lo que quieran, tanto en hidrocarburos como en electricidad.
Segundo, fracasó la privatización de la actividad de exploración y explotación petrolera de la Ley 26221 de 1993. 24 años después, el resultado es su caída a niveles nunca antes vistos. Por eso el PL.
El PL 2145 aborda un tema esencial: el Art. 10 de la Ley 26221, que dice: “en los Contratos de Licencia Perupetro transfiere el derecho de propiedad de los hidrocarburos extraídos al Contratista, quien debe pagar una regalía al Estado”. Pero no se modifica esta modalidad: solo se agregan otras, a criterio de Perupetro.
No, pues. El Perú debe tener el derecho, ya, de decidir sobre el destino de sus hidrocarburos. Durante Toledo-PPK se autorizó al licenciatario exportar el gas del Lote 56 a un precio ínfimo y miserable. Hoy, el Perú no puede decidir que las reservas de 4 TCF del Lote 58 (de la estatal china CNPC) tengan que destinarse obligatoriamente al Gasoducto Sur Peruano para, de un lado, desconcentrar la oferta de energía (más del 50% en Lima) y, de otro, para tener energía más eficiente en el sur (el gas contamina menos) y más barata para las industrias, el gas domiciliario, el GNV para el transporte y la promoción de la industria petroquímica para avanzar en la diversificación productiva.
Esa decisión no tiene por qué afectar los precios ya pactados ni la rentabilidad de CNPC. Pero los objetivos de seguridad y matriz energética trascienden cualquier interés particular. Así es en todos lados, incluidos EEUU, la UE y también China. Sabemos que este gobierno no quiere esos cambios. Igual los planteamos porque son necesarios.
El PL 2145 tiene como un eje el potenciamiento de Perupetro. El problema es que se ha convertido en una entidad pro-capitales privados no dejando sitio alguno para la estatal Petroperú. Atacada por Edipo, quiere “matar” a su padre: hasta 1993 era la Unidad de Contratos de Petroperú. Eso no sucede en Colombia y Chile: Ecopetrol y ENAP tienen su lugar en sus planes y leyes energéticas.
Pero, ya, está bien potenciarla, aunque si mantiene su “chip” no iremos lejos. Está bien que sea la “ventanilla única” para “agilizar” los trámites. Pero no debe elaborar la “Línea de Base ambiental”. Si bien se dice que SENACE tendrá que aprobar el Estudio de Impacto Ambiental definitivo, la “Línea de Base” debe excluirse del PL: hay que curarse en salud. A respetar el medio ambiente.
El PL dice que todos los contratos tengan una cláusula anticorrupción. Excelente. Otrosí: las regalías pueden disminuir por bajos precios y/o características de los lotes (tipo de petróleo, distancias, territorios difíciles). Pero debe haber una escala móvil de regalías, para que aumenten cuando también lo hagan los precios. Esta alza podría ligarse a la recuperación de la inversión del contratista, como lo establece incluso el FMI. Pero eso no está en el PL 2145.
Finalmente, de acuerdo en que los contratos de petróleo puedan ser de 40 años (como los de gas), pero en total desacuerdo con que se prorroguen hasta los 60 años, un regreso encubierto a las obsoletas concesiones. El argumento: “hay que incentivar las inversiones, pues éstas decaen cuando se aproxima el fin del contrato”. Pero hay otras alternativas, como la del “límite económico” del yacimiento para que las inversiones se realicen: se alarga, pero solo por ese lapso, la vigencia del contrato.
Para terminar, sí es necesario modificar la fracasada 26221. El tema es para qué. No pongamos la carreta delante de los caballos. Primero hay que tener un PELP, condición sine qua non para que el Perú decida el destino de sus recursos naturales para forjar su matriz energética de largo plazo. Insistir en la misma política no va a producir resultados distintos, informó La República.
La producción de hidrocarburos en el Perú está en una situación complicada. La inversión en el sector y su producción vienen cayendo sostenidamente, y para hacer frente a esta situación, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) ha lanzado un proyecto de ley para modificar varios artículos de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que data de 1993.
La titular del sector, Cayetana Aljovín, asistió al Congreso para exponer los lineamientos del proyecto de ley enviado por su cartera.
La iniciativa plantea la creación de una ventanilla única de hidrocarburos, que estaría a cargo de Perú-Petro, y se encargaría de tramitar permisos, licencias y autorizaciones vinculadas a las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos.
Esta medida podría ser un avance importante si se implementa correctamente, según el CEO de Gas Energy, Luis Fernández. El experto consideró que, para que esa ventanilla realmente facilite los temas de gestión para las empresas, se requiere que reduzca no solo los plazos, sino también la cantidad de trámites.
El proyecto, además, contempla levantar información ambiental y social para la elaboración de líneas de base para futuros proyectos.
Asimismo, se prevé crear una base de datos de acceso público con información relacionada a las actividades de exploración y explotación, que sería gestionada exclusivamente por Perú-Petro a través de terceros. Esto, considera Fernández, sería positivo pero su implementación demoraría hasta dos años.Asimismo, el MEM planea ampliar los plazos de los contratos de petróleo de 30 a 40 años –para equipararlos con los de gas natural–, y los plazos de las prórrogas hasta por 20 años. Fernández observó que esto es positivo porque alienta a mantener la productividad de los yacimientos. Sin embargo, considera que la norma podría ser aun más amplia. “Las empresas deberían continuar explotando hasta que se agote el yacimiento”, sentencia.
“Que se amplíen los plazos de los contratos es bueno, pero no basta. Esto tiene que ir acompañado de una nueva política con relación a las condiciones de contratación. No ganamos nada teniendo contratos de 80 años si tenemos regalías altas”, agrega Carlos Gonzales, consultor en temas de hidrocarburos. Para el especialista, mientras se piense que las regalías deben cubrir el canon, no se verán avances en el sector.
En ese sentido, tanto Fernández como Felipe Cantuarias , presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, consideraron que las regalías deberían ser más flexibles. “Lo importante [del sistema de regalías] es que debe adecuarse a las condiciones de inversión y de mercado. Una cosa es un lote en la selva y otro en la costa. El costo de desarrollo en la selva es dos veces y medio mayor. Por ello, deben tener precios diferenciados”, explica Cantuarias.
Otro punto importante es que los contratos modelos de licencia, servicios u otras modalidades deberán ser aprobados por el MEM, a propuesta de Perú-Petro. En ellos, explica el proyecto, se deberá incluir una cláusula anticorrupción, bajo casual de nulidad.
Además, en aras de impulsar el fortalecimiento institucional, se incluye también la elaboración de contratos estandarizados de exploración y explotación, para dar mayor predictibilidad y transparencia.
Finalmente, también se estipula que los contratistas deben supervisar el cumplimiento de la recuperación eficiente de las reservas, además de la aprobación de otras modalidades contractuales en el sector, como la producción compartida, el servicio de riesgo, contratos mixtos, entre otros.
Todas estas reformas son fundamentales, de acuerdo con Cantuarias, quien saluda que el trabajo que vienen realizando el Congreso y el Ejecutivo es ordenado y coordinado.
Durante la discusión de la norma en cuestión en la Comisión de Energía y Minas el miércoles, se resaltó que el proyecto del Ejecutivo cuenta con 22 modificaciones a la normativa actual, por lo que se sugirió la necesidad de crear una nueva ley de hidrocarburos.
Sin embargo, de acuerdo con Cantuarias, esto no sería necesario, pues consideró que más que la modificación a la ley orgánica, lo que propone el MEM es una ley de promoción de inversión en hidrocarburos.
Varias de esas regulaciones, dijo, no modifican la ley orgánica. “Todas estas modificaciones se pueden integrar [a la ley orgánica] en un texto único ordenado que se aprueba por decreto supremo”, apuntó. Agrega que nueva ley de promoción del sector podría pasar a la Comisión Permanente y ser aprobada tan pronto como en febrero del próximo año, publicó El Comercio.
El ingreso de las empresas petroleras como Anadarko y Tullow Oil, después de varios años, es fruto de una buena negociación directa con Perú-petro, que atendió la necesidad de ajustar las regalías a la realidad económica de la exploración en lotes offshore y la falta de información, destacó la directora de GEMA, Liseth Manrique.
La también especialista en temas ambientales, dijo que “la clave del éxito está en un adecuado relacionamiento comunitario de la empresa, que con su equipo de especialistas logran explicar su proyecto a la población y les brindan una clara perspectiva de los tipos de impacto que podrían darse, que son casi nulos”, según El Peruano.
