DANIEL MEILÁN*
(Especial para Mining Press) Hemos cumplido nuestro segundo año a cargo de la Secretaría de Minería de la Nación y a raíz de ello presentaré, en este documento, un resumen de los avances logrados, así como los objetivos del presente y las propuestas de trabajo en lo que a gestión institucional se refriere.
A nivel político-institucional, la relación y comunicación con las autoridades mineras provinciales, con los representantes de los trabajadores o con las cámaras empresarias nacionales y extranjeras, eran casi nulas o de un marcado e infundado enfrentamiento.
Dado esto se trabajó asiduamente junto al Consejo Federal de Minería (COFEMIN), para la elaboración de un nuevo Acuerdo Federal Minero, que fue firmado por el Presidente de la Nación y la mayoría de los gobernadores provinciales, y al que aún se están incorporando jurisdicciones a la rúbrica, para luego ser enviado al Congreso de la Nación.
Consideramos que volver al diálogo y al consenso federal, era la única herramienta posible para lograr el indispensable fortalecimiento institucional en la relación Nación-Provincias. Y éste se canalizó, primordialmente, a través de su instrumento natural que es el COFEMIN.
Convinimos en este ámbito que debía restablecerse una Política de Estado Federal que unificara, homogeneizara y racionalizara los instrumentos legales, económicos, financieros, ambientales y sociales, en el contexto de un nuevo Acuerdo Federal Minero que fuera superador, en sus bases, condiciones y modalidades, al hasta entonces vigente.
Este documento político-institucional establece los lineamientos para la Política Minera Argentina y es la nueva plataforma de despegue de la actividad minera, en un ámbito de sustentabilidad social, ambiental y económica.
Gracias al trabajo realizado en el marco del COFEMIN se revirtió la tendencia a la resistencia por parte de los gobiernos provinciales a la minería. La acumulación de desaciertos institucionales que habían profundizado la percepción negativa de la sociedad argentina y principalmente de los Gobernadores provinciales hacia el sector minero, han dado paso al debate acerca de cómo hacer una minería sustentable y recibir los beneficios en cuanto a desarrollo regional, puestos de trabajo y demás efectos positivos que puede generar el sector, en zonas de nuestro país que no tienen las alternativas de la Pampa Húmeda.
La actualidad nos exhibe ante la comunidad nacional e internacional con un marcado crecimiento institucional, dado el afianzamiento de la minería como política de estado como firme decisión del Presidente Mauricio Macri, evidenciada desde la creación misma del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, del cual depende la Secretaría de Minería.
Hemos avanzado en el fortalecimiento de los lazos internacionales, hecho que queda de manifiesto con la llegada de inversiones de capitales chinos, australianos y canadienses, la realización de la Conferencia Anual de Ministros de Minería de las Américas, la reactivación del Tratado de Integración y Complementación Minera con Chile o la firma de convenios de cooperación con Cochilco y Western Australia por intercambio de información sectorial e innovación.
Es por ello que hemos visitado Australia, Canadá, China, Suiza, Italia, Chile, y Perú, entre otros, y dimos a conocer la nueva situación argentina y la decisión de abrirnos inteligentemente al mundo, alentando las inversiones extranjeras. En particular para el sector minero, haciendo hincapié en orientar las inversiones a las etapas prospectivas y exploratorias, necesidad imperativa para la concreción del desarrollo productivo en el largo plazo.
Resulta pertinente considerar la inversión en exploración en el país a partir de los cambios macroeconómicos y sectoriales impulsados por el Gobierno Nacional.
Cabe recordar que, en materia sectorial, la eliminación de las retenciones a las exportaciones no es una medida aislada, sino que forma parte del camino hacia el restablecimiento de la confianza de las relaciones comerciales y financieras, mejorando la competitividad, cuestión esencial para la inserción de la Argentina como proveedor de metales básicos en la economía mundial. Esta medida del Presidente, además alargó la vida productiva a todos los yacimientos, retrasó el cierre de Alumbrera, pirquitas y manantial espejo y determinó la reapertura de mina Casposo.
De acuerdo con los datos de S&P Metals & Mining, organismo que monitorea los presupuestos exploratorios mineros de empresas globales en los diferentes países, luego de llegar a un mínimo de 124,5 millones de dólares durante el año 2015, las inversiones en exploración se recuperaron un 12% en 2016, alcanzando 140 millones de dólares, y esperamos un número superior aun para el 2017.
Es destacable además que esta recuperación se dio en un proceso de contracción de la inversión exploratoria en Latinoamérica del 20%. Argentina aumentó su participación en los presupuestos exploratorios de Latinoamérica pasando del 5% en 2015 a 7,5% en el último periodo relevado.
Otro dato alentador es la recuperación de la cantidad de empresas extranjeras operando en minería. Esto luego de un ciclo de cinco años de estancamiento y disminución de empresas radicadas durante la vigencia de los derechos de exportación.
En 2016 llegaron 32 nuevas empresas extranjeras y en lo que va del 2017 tenemos 158 trabajando en Argentina. Podemos apreciar cómo las medidas implementadas como política de Estado, lograron revertir una marcada tendencia negativa de las empresas extranjeras por abandonar nuestro país.
La información minera de la Secretaría de Minería ya posee sustento y credibilidad, se abandonaron la tergiversación y desnaturalización que solo había generado datos estadísticos supuestos, inexactos, poco transparentes e incomprobables hasta diciembre de 2015. Es por ello que hemos llevado adelante conjuntamente con el Indec, el Censo Nacional Minero, que ya ha concluido su etapa de cierre operativo de campo y que se dispone a recibir sus primeros datos en pocos días más.
En materia de infraestructura minera, hemos desarrollado programas de identificación de oportunidades y de articulación transversal con otros sectores del Estado Nacional y de los Gobiernos Provinciales, de forma de asegurar la adecuada identificación y priorización de las obras clave que permitirán viabilizar proyectos en áreas mineras todavía postergadas.
En lo que hace a cadena de valor y desarrollo de proveedores de la minería –a través de la participación en foros internacionales y regionales y de la coordinación con diversos actores públicos y sectoriales– hemos establecido las bases de programas de mapeo y desarrollo de capacidades locales para la provisión de bienes y servicios, de forma sustentable, y con énfasis en el contenido local.
La falta de protección y compromiso de la política nacional, esencia y objeto específico de la Secretaría de Minería, provocó por ejemplo, que algunas provincias argentinas con potenciales recursos naturales y proyectos –algunos de ellos factibilizados técnica y económicamente– sancionaran leyes perjudiciales al desarrollo sustentable de la industria minera argentina.
La reingeniería necesaria para resolver este complejo panorama requirió y aun lo hace, de acciones basadas en el diálogo y el consenso, tanto a nivel interno como externo. Fue necesario también el establecimiento de nuevos marcos macroeconómicos y sectoriales, decisiones políticas éstas tomadas por el Presidente de la Nación.
La prioridad se direccionó en la recomposición institucional, marco indispensable para dar respuestas eficientes del Estado a los actores del negocio minero. Lo que es lo mismo que decir hacia los propietarios del recurso –las Provincias–, hacia las empresas, los gremios y, principalmente, hacia su actor principal: las Comunidades locales y regionales.
El año 2017, demandó de una casi permanente presencia de la Secretaría de Minería en los territorios provinciales, colaborando con sus autoridades para lograr el fortalecimiento institucional requerido y la articulación Nación-Provincias en los planes de trabajo necesarios para concretar una minería acorde a las necesidades sociales regionales y locales.
La Secretaría de Minería acompañó a cada provincia en el objetivo de consolidar una política minera de Estado Federal, en la búsqueda de promover inversiones mineras PyMES y de la minería internacional, y asegurando que todas ellas se ejecuten respetando las idiosincrasias comunitarias y el ambiente.
La única forma de realizar cualquier política sustentable, en este caso productiva sobre recursos naturales no renovables, es a través del respeto y cumplimiento de las reglas de juego, que se establecen a partir de las leyes y normas que regulan la actividad. En este sentido, hemos trabajado –y lo seguiremos haciendo– en el paulatino mejoramiento del esquema normativo minero, de forma de dar certezas a los actores y respuestas a los nuevos problemas del sector. Eliminamos, así, normativa que consideramos disruptiva o disfuncional con los objetivos de gestión que nos encomendara el Presidente.
En materia de comunicación hemos comenzado a desandar un camino que consideramos una asignatura pendiente, y que es llave principal de acceso a la Sociedad. Hemos logrado discutir a la minería, como actividad productiva generadora de desarrollo y fuentes de trabajo en los principales medios de comunicación masivos, que es el foco que queremos para el sector, pero aún queda mucho por hacer. Queremos que cada argentino sepa qué es la minería, cómo impacta en su vida y qué se está haciendo para hacerla de forma sustentable y responsable.
* Secretario de Minería de la Nación
