CLERIS CANDELARESI

Energía es una de las áreas públicas en las que mejor se está expresando el dilema de la frazada corta. No ya por las restricciones presupuestarias, que obligan a los gobernantes a decidir un solo destino para los fondos entre varios loables y posibles sino por las millonarias consecuencias de sus éxitos. 

Las ofertas privadas para aumentar la generación eléctrica desbordan las expectativas oficiales por la cantidad de oferentes y los compromisos de inversión ya asumidos. Pero impone otra onerosa obligación urgente: ampliar las líneas de transporte, so pena de tener energía y compradores pero ningún vehículo para ligar a unos con otros.

Esta falta de sincronía entre una oferta abundante y la lentitud en disponer del medio para llevarla a los grandes centros de consumo alimentó ciertas críticas y recelos intestinos. El equipo de Juan José Aranguren es sólido, pero no tanto como para evitar las críticas de un despacho al otro.

Aquella necesidad fundó un plan oficial para tender en tres años 3500 kilómetros de líneas de alta tensión, por un monto estimado de u$s 3000 millones a través del sistema de Participación Público Privada (PPP). Aquí la primera definición clave.

Con este sistema, la caja pública no se verá interpelada en lo inmediato y la Argentina seguirá consolidando su apertura al mundo: potenciales inversores de Chile, Brasil Colombia, Canadá, Japón o Corea estarían ávidos de invertir en las líneas de transporte locales. Esas compañías tienen espaldas suficientes como para garantizar obras de envergadura, a las que las firmas locales se sumarían luego como subcontratistas. Electroingeniería, Roggio o Sacde, por citar algunos nombres obvios, estarían a la espera.

La primera licitación será la de la línea Río Diamante (Mendoza) - Charlone (Buenos Aires), que tendrá un tramo de 500 kV y cuatro de 132. Buena performance para estrenar un esquema de licitación diferente, en lo operativo y en lo conceptual.

Con esta licitación imprescindible empezarán a consolidarse algunos principios del nuevo modelo energético macrista. El Estado se retira de la operación y financiación de las obras, que recaerán directamente en el bolsillo de los usuarios, aunque no dejará de respaldar el negocio de los inversores privados para facilitar el financiamiento.

Según el esquema en ciernes, se constituirá un fideicomiso bajo la órbita de Finanzas. Cuando la obra concluya, el adjudicatario privado empezará a cobrar un canon por quince años para el repago del crédito que hubiese tomado y como retribución por la operación y mantenimiento.

El fondo fiduciario será alimentado por un cargo que, en el caso de las líneas de 500, será abonado por todos los usuarios del país. Las otras, de menor alcance, sólo obligarán un aporte a los clientes involucrados por ese tendido.

Esta vez, Cammesa sólo recaudará ese cargo para transferirlo al fideicomiso, perdiendo el protagonismo que tuvo hasta ahora en la administración de los fondos del sistema eléctrico y en la convocatoria a las licitaciones para ampliar la oferta de generación. Otro paso hacia la normalización.

Pero si por la razón que fuere esa recaudación no resultara suficiente para cubrir los pagos al inversor, el Estado aportará la diferencia. Así se estableció en una reciente resolución que despejó una duda crucial para los interesados.

La caja pública ya no ofrece la garantía generosa que respalda las licitaciones de generación renovable. Pero sí el reaseguro de última instancia, que da tranquilidad al inversor.

Los tiempos son cortos y, según la expectativa oficial, a mediados de abril podría estar resuelto al menos el primer concurso, que implicará una inversión de 400 millones de dólares. Pero la tarea del área es ardua y sobrepasa largamente el desafío del transporte.

Energía aún lidia con millonarias deudas y acreencias generadas en el pasado, cuya resolución se hizo difícil por las estrecheces fiscales.

Después de una larga negociación, el ministerio llegó a un principio de acuerdo para pagar en varios tramos casi $ 8000 millones que reclaman las generadoras por haber recibido tarde el pago de la energía despachada al sistema y que en gran medida se cubrió con subsidios. Muchas de esas usinas son estatales.

Muchas de esas usinas son estatales. Aún así, Hacienda no encontró aún una manera de enmascarar contablemente ese compromiso sin aumentar la deuda pública y frenó la fumata. Tampoco avaló otro acuerdo con las distribuidoras eléctricas del interior que congelaron sus tarifas pero no tuvieron como contrapartida las obras que la Nación se había comprometido a ejecutar en su jurisdicción como premio por ese corsé tarifario durante la gestión anterior.

 Un argumento político clave que talló en este caso es que las provincias ya fueron beneficiadas con el reciente acuerdo fiscal y asumir más pagos en este contexto, resultaría un exceso. 

Así se acumulan millonarias cuentas pendientes y queda postergado el sueño macrista de marginar totalmente al Estado, aún muy comprometido con el aporte de fondos, subsidios y avales para sostener lo prolíficos negocios privados del rubro.