En la gestión uñaquista se mostraron conformes con la decisión del juez federal Leopoldo Rago Gallo, que le ordenó a la minera chilena Los Pelambres que comience el 15 de este mes con el retiro de la escombrera que armó en suelo calingastino. Si bien desde el Gobierno apuntaban a que el plan de extracción fuera de cinco años, avalaron que el magistrado aprobara el plazo de cinco años y medio, más un prórroga de un año ante eventuales contingencias, que había planteado la empresa chilena.

El ministro de Minería, Alberto Hensel, resaltó que "es muy importante para la provincia que empiece a resolverse este problema con el retiro de los escombros este año. Ha sido muy importante la contribución de todos los actores, como el fiscal, el juez federal y el fiscal de Estado".

Además, resaltó que "estaremos plenamente satisfechos" cuando Los Pelambres saque todas las rocas del territorio sanjuanino. Jorge Alvo, el titular del organismo encargado de defender el patrimonio de la provincia, remarcó que "estamos conformes porque se empezará a ejecutar el plan de retiro".

Además, informó que hoy enviará la propuesta aceptada por el magistrado a Cancillería argentina para que esta comience a trabajar con Cancillería chilena para agilizar los permisos que necesitará la minera para poder operar.

El conflicto cordillerano estalló en 2014, luego de que Los Pelambres arrojara 40 millones de toneladas (de 2006 a 2012) en tierras calingastinas sin ninguna autorización argentina.

El magistrado además dispuso que la compañía instale cámaras de vigilancia en la escombrera para que se sigan en tiempo real las obras y que monitoree la calidad de aguas de las lagunas cercanas a los residuos y del río Carnicería (afluente del San Juan), durante la construcción de las obras preventivas, el retiro y luego de que se lleve a cabo la tarea.

También indicó que la empresa deberá realizar una tarea de recomposición de lagunas y que tendrá que armar un plan de reimplantación de vegas, las que se vieron afectadas por la escombrera.