El Estado deberá pagar US$30.4 millones a la minera, por debajo de los US$525 millones que solicitó en el 2014.
La minera junior canadiense Bear Creek Mining le ganó la batalla: el CIADI falló a favor de la minera en el arbitraje que entabló en contra del Estado en el 2014.
El Estado tendrá que desembolsar US$30.4 millones como reparación en beneficio de la empresa, por debajo de la solicitada una reparación de US$525 millones.
“Con la conclusión del arbitraje, apuntamos a acelerar el avance de nuestro proyecto Corani [en Puno] en conjunto con el gobierno del Perú y las comunidades de Corani“, señaló Anthony Hawkshaw, presidente y CEO de Bear Creek. En un comunicado, la minera señaló que no hay apelación contra la apelación y esta es vinculante, además de enfatizar que el pago se realizaría a la brevedad.
En el 2007, un decreto supremo declaró de necesidad pública otorgarle la concesión de la mina Santa Ana en Puno a la canadiense Bear Creek Mining, entregándole en concesión siete derechos mineros ubicados en la zona de frontera con Bolivia. No obstante, en el 2011, una serie de huelgas realizadas en contra de la minera llevaron al Gobierno Regional de Puno a solicitar la cancelación de la concesión minera. La presión de las comunidades aymaras llevó a que, en junio del 2011 —y a días de terminar el gobierno de Alan García—, se expida un nuevo decreto supremo que derogaba el anterior.
Ante dicha situación, la minera presentó una acción de amparo con la intención de que el Tribunal Constitucional determine si es que el Estado había violado sus derechos al emitir dicho decreto. En esa época, Bear Creek afirmó que al haber cumplido con los requisitos legales, entregado el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y las consultas públicas, no habían razones para derogar el decreto emitido en el 2007. Además, la empresa anunció que recurriría al TLC entre Perú y Canadá para defender su inversión.
En agosto del 2014, la empresa presentó una solicitud formal para iniciar un arbitrajecontra el Perú por Santa Ana. Meses antes había comunicado al MEF que tenía planeado iniciar dicho arbitraje “en virtud del Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y Perú“. “Si bien diría que hasta la fecha las negociaciones han sido productivas y se ha logrado un avance significativo para llegar a un acuerdo, las prolongadas discusiones aún no han alcanzado un acuerdo final dentro del plazo establecido en el tratado y, por lo tanto, la compañía está obligada a tomar esta medida que protege plenamente los derechos de Bear Creek”, afirmó en su momento Andrew Swarthout, CEO de la minera canadiense.
En diciembre del 2014, se formó el tribunal arbitral y, en enero del 2015, se dio la primera sesión en Washington. En setiembre del 2017, el tribunal declaró cerrado el proceso tras casi tres años de arbitraje.
Tras la decisión del CIADI, Bear Creek recuperará la concesión de Santa Ana. No obstante, la compañía se comprometió al iniciar el arbitraje que no avanzaría con la explotación del proyecto mientras no obtuviera la licencia social de las comunidades que viven en el área de influencia del proyecto.
