JOSÉ ANGEL DI MAURO
Hubiera querido el gobierno que la trascendencia del momento internacional de la Argentina fuera mayor, pero coincidió con el final de la búsqueda de sobrevivientes del submarino. La buena noticia para el gobierno llegó desde el Senado, donde se ratificó el acuerdo con los gobernadores.
Todo parecía estar direccionado hacia un fin de año a toda orquesta para el gobierno, con Mauricio Macri sumando como frutilla del postre de un 2017 más que provechoso, la presidencia del G20. Un foro internacional que reúne a potencias como Estados Unidos, China y Rusia, junto con Alemania, Japón, Francia y Reino Unido, e incluso a Brasil, México, Australia y Canadá, entre otros. Allí fue a dar la Argentina, casi de casualidad, en tiempos de Menem; y cuando el kirchnerismo radicalizó su pelea con el mundo, llegaron a alzarse voces pidiendo nuestra expulsión. Con todo, Cristina Kirchner le había tomado el gusto a esas cumbres donde podía codearse con líderes mundiales que ni cerca estaban de pisar suelo argentino… hasta que dejó de ir a esas reuniones (por diversas razones faltó a las dos últimas).
Como puede imaginarse, la importancia de que a partir del 30 de noviembre y por un año ese organismo sea presidido por la Argentina es superlativa para nuestro país, que en diciembre de 2018 albergará a líderes mundiales como Angela Merkel, Xi Jinping, Emmanuel Macron, Theresa May, Shinzo Abe y Donald Trump, entre tantos otros… Todo un desafío.
Pero el diablo metió la cola. Entre la desaparición del submarino y la muerte del joven mapuche, fue suficiente para relegar a un segundo plano tanto relieve internacional. El desenlace previsible de la crisis del ARA San Juan, fundamentalmente, impactó fuerte en el ánimo del Presidente, que cuando se confirmó la desaparición reaccionó reuniéndose con los familiares de los tripulantes de la nave perdida, pero vencidos los plazos de búsqueda de sobrevivientes, se replegó entre las dudas que plantea esta tragedia.
Con menor repercusión que el caso Maldonado, irónicamente por ser la víctima un mapuche pobre -aunque el caso revistiera mayor gravedad por estar probado que aquí sí las fuerzas de seguridad causaron su muerte-, el gobierno parece haber aprendido algo de sus errores y tomó pronto contacto con la familia de Rafael Nahuel, interesándose por su situación y buscando brindarle cierta contención.
Con todo, percibe el gobierno que su electorado está lejos de condenar un accionar represivo ante la ocupación de tierras patagónicas argumentando su condición de “sagradas”. Por eso no se privó de hacerle saber al juez de la causa su malestar por la excesiva cautela adoptada con los ocupantes tras los incidentes. Se espera que pasada la reunión del G20 en Bariloche, las fuerzas de seguridad vuelvan a actuar para desalojar la toma del Parque Nacional Nahuel Huapí.
La contención que esta vez se les brindó a los familiares de Rafael Nahuel, debería extremarse en el caso de las 44 víctimas del San Juan. El fin de semana se esperaba la decisión oficial de anunciar tres días de duelo nacional, aunque Macri no perdía las esperanzas de contar al menos con una imagen del submarino perdido en el abismo oceánico, de modo tal de mostrar algún resultado a los familiares.
En el plano político, el gobierno siente haber avanzado casilleros al aprobar en el Senado el paquete fiscal y, sobre todo, la reforma previsional. Pese a tratarse de un tema por demás controvertido pues implica en principio una baja de las jubilaciones, el proyecto salió con un margen importante de votos en la Cámara donde el oficialismo muestra mayor endeblez. La procedencia de esos votos le da al gobierno cierta garantía respecto de la suerte que el proyecto vaya a tener en Diputados, donde el resultado no será holgado, pero la aprobación está casi asegurada. Será con la nueva conformación de la Cámara, con muchos diputados que ya sí responden a sus gobernadores y no a Cristina Fernández, como sucedía con buena parte del FpV cuando todos pertenecían a listas armadas en la Rosada.
El determinante Miguel Pichetto tuvo un papel central en esa sesión, en la que hasta se tomó la libertad de aleccionar al oficialismo. Lo hizo de entrada, cuando frente a un planteo de los senadores puntanos que buscaba postergar el tratamiento de las leyes centrales de la sesión, tomó la batuta para aclarar que si bien el reglamento habla de 7 días entre la emisión de un dictamen y el tratamiento en el recinto, y habían transcurrido 6, ese precepto establece que esto es así “en la medida de lo posible”. “¡Expliquen! ¡Expliquen! ¡Expliquen! -le reclamó a Cambiemos-. Porque si ustedes no cumplen el rol de oficialismo y defienden las posiciones del gobierno, la verdad es que no sabemos en qué cámara estamos. ¡Expliquen claramente qué pasó!”.
Sobre el final, en su discurso de cierre, Pichetto dio sus argumentaciones, y aclaró que “estamos votando este proyecto porque es un proyecto del Poder Ejecutivo y porque nuestros gobernadores lo avalaron con su firma. ¿Está claro?”. Le reclamó al gobierno brindar las explicaciones pertinentes, a través de su jefe de Gabinete, del titular de la ANSeS y del ministro de Economía, y terminó recomendándole al gobierno que “no repitan este tipo de medidas, porque creo que además no van a pasar más por el Congreso. Hay una mala experiencia con De la Rúa, cuando metió medidas de ajuste que profundizaron después la crisis. No lo hagan”.
Previamente había deslizado, como al pasar, un detalle de singular importancia, al advertir que no votarían en el Senado otra de las reformas que plantea el gobierno: la laboral. “No sé si me van a convencer, porque no vale ninguna ley el desprestigio injusto de esta institución”, aclaró Pichetto, cuyas alarmas se encendieron a partir de que Pablo Moyano mencionó deliberadamente la palabra “Banelco”, remitiendo al escándalo del Senado del año 2000.
El camionero sabía que con esa invocación podía dinamitar el acuerdo para aprobar el proyecto, y por lo pronto logró frenarlo. Posiblemente quede para febrero del año que viene. Para salvarlo deberá intervenir la CGT, que en la semana ratificó su respaldo, pero que ha entrado en un tira y afloja con Pichetto sobre el tema. El rionegrino quiere que más que a él, el triunvirato cegetista se encargue de convencer al hijo de Hugo Moyano, quien curiosamente mantiene silencio ante esta cuestión y al que todo el mundo ve manejando los hilos de la situación, en la que claramente pareciera distinguirse la crisis de la empresa OCA como eje verdadero de la pulseada.
Como trasfondo, tampoco puede obviarse el papel del Papa, que no recibió la semana anterior al trío cegetista que peregrinó al Vaticano, pero sí se había encontrado con Pablo Moyano semanas antes.
En diciembre, febrero, o en las sesiones ordinarias, el proyecto de reforma laboral quedará para la nueva conformación del Senado, en donde estará Cristina Fernández de Kirchner, que el miércoles durante la jura dio una muestra del protagonismo que espera tener en el Senado. No se saludó con Pichetto, que no la aplaudió cuando ella expresó su escueto “sí juro”, tan lejano de aquel “que Dios, la Patria y EL, me lo demanden”, al prestar juramento para su segundo período presidencial.
Esta semana se definirá esa pulseada sobre el bloque PJ-FpV. Para muchos, la sesión en la que se debatió la reforma previsional marcó de hecho su fractura, rubricada a la hora de votar la bancada dividida. En rigor, no es la primera ley en la que el bloque que conduce Miguel Pichetto vota dividido, pero en esta oportunidad, por la magnitud de la norma discutida y la situación actual que vive el bloque, cobraba mayor importancia lo sucedido.
Pasa que todo el mundo está atento a los movimientos de los todavía integrantes del bloque PJ-FpV y se preguntan de qué lado estará cada uno a partir de la conformación de dos nuevas bancadas. O una, la del bloque Justicialista -tal vez ese sea su nombre-, que sería la manera de Pichetto de “romper sin romper”. O sea, armando un nuevo espacio; en cuyo caso, los que queden con Cristina Kirchner mantendrían la denominación actual del bloque, mostrando así que no fueron ellos los que se alejaron.
Conforme la votación, queda claro que el bloque de Cristina tendrá no más de una decena de miembros. Resta la incógnita de cuántos sumará el rionegrino y si Cambiemos se convertirá así en primera minoría. También quién presidirá el bloque cristinista, que no será la expresidenta, claro. Podría ser Marcelo Fuentes, que el viernes señaló que “el senador Pichetto no tiene atribuciones para impedir que la señora expresidenta forme parte de nuestro bloque; si quiere, puede irse él”. Así será.
El Gobierno y los grupos del sector privado trabajan en alternativas para que acercar inversores a proyectos y reducir costos. Creen que puede haber avances concretos.
Una de las tres prioridades que fijó Argentina para que los países más importantes del mundo trabajen durante su presidencia del G20 es la financiación de las obras de infraestructura, sobre todo en países emergentes. "Es fundamental lograr una mayor participación del sector privado para potenciar la inversión", planteó como un objetivo principal. Si bien las declaraciones del G20 suelen avanzar a paso cansino por la gran cantidad de intereses contrapuestos, tanto desde el Gobierno como desde organizaciones de la sociedad civil que participan en los grupos de trabajo consideran que este anhelo en particular puede convertirse en políticas e instrumentos concretos.
¿Qué quiere hacer Argentina? El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, respondió en conferencia de prensa, el jueves: "Construir una nueva clase de activos que financien infraestructura". Y explicó: "En el mundo existe una enorme liquidez en los mercados, pero existe un déficit en infraestructura, porque no existen mecanismos para acumular esa masa de fondos" en proyectos concretos. A nivel local, el país intenta canalizar parte de esa masa de fondo con proyectos de Participación Público Privada (PPP). En el plano internacional la intención del Gobierno es "generar un producto concreto que pueda ser aplicable, luego del G20, a nivel internacional". Por supuesto, este objetivo está en línea con la necesidad del Ejecutivo de atraer inversiones para grandes proyectos.
Según datos que compiló Hacienda, el Centro de Actividad de Infraestructura Global consignó que nueve de cada diez inversores institucionales buscan incrementar sus desembolsos en infraestructura y no encuentran instrumentos para hacerlo. La inversión en estas obras disminuyó desde la crisis financiera mundial, a pesar de la enorme liquidez que existe en el mundo y de los bajos rendimientos que ofrecen a los inversores los activos financieros de los países desarrollados.
"Argentina considera que el financiamiento de la infraestructura por parte del sector privado es fundamental, dados los limitados presupuestos públicos y capacidad financiera de los bancos de desarrollo multilateral", como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de Fomento (CAF), entre otros, consignaron fuentes oficiales.
El economista Martín Rapetti es director de Desarrollo Económico del Cippec, uno de los think tanks que integran el T20, el grupo internacional que, en el marco del G20, debatirá sobre infraestructura, medio ambiente y otros temas considerados de interés global. "El gran desafío es que tenés, por un lado, en todas partes del mundo, un montón de proyectos de inversión con altos retornos económicos y sociales, que podrían redundar en beneficios tanto para quienes los financian como para quienes los utilizan y tienen escaso financiamiento. Y, por el otro, tenés un montón de riqueza que busca rendimientos", explicó a TN.com.ar desde Bariloche, adonde viajó para participar de la primera reunión de viceministros de Finanzas y vicepresidentes de bancos centrales del G20. "El desafío, entonces, es tratar de construir un puente entre esas necesidades de financiamiento y esa necesidad de mejores retornos", agregó.
Argentina intenta que el G20 impulse el desarrollo de activos financieros para estos proyectos. "Así como existen bonos de países que se comercian en los mercados financieros, la idea es tratar de estandarizar una clase de activo para los proyectos de infraestructura", dijo Rapetti. Los inversores institucionales, como fondos de inversión privados y soberanos o aseguradoras, podrían invertir así en activos líquidos, "cuotapartes" o accionones ligadas a la obra pública. Podrían comprar y vender en el mercado un porcentaje de un puente o una represa. Esa liquidez, la posibilidad de adquirir y vender fácilmente el activo, redundaría en una baja en los precios de financiamiento.
Desarrollar estos posibles instrumentos financieros es una tarea compleja. Por eso, según Rapetti, se requiere de coordinación global. "Los organismos multilaterales de crédito pueden ayudar, homogeneizando la información de los proyectos y facilitándole al inversor la comprensión de qué tipo de proyecto tiene enfrente", dijo.
"De las prioridades argentinas, es la que veo como la más concreta, la que tiene mayor factibilidad de llegar a alguna resolución", agregó Rapetti.
Entre los inconvenientes que deben sortearse para avanzar en estos proyectos, la diferencia de monedas es uno elemental. El proyecto de infraestructura es en pesos, y a los inversores internacionales deben ofrecérseles rendimientos en dólares. Una devaluación cambiaría la ecuación y encarecería el proyecto o perjudicaría al que pone el dinero. "El principal problema es ese, ver cómo se pueden minimizar esos riesgos", dijo Rapetti. "El desafío del G20 es ayudar a generar soluciones para esto", agregó.
A eso dedicarán estudiosos, hombres de negocios y funcionarios de todo el mundo parte de las discusiones del próximo año
