silvia mercado

Se trata de la comunidad Kaxipayiñ. Quiere sacarle 70 millones este año, pero YPF ahora se niega. Gabriel Cherqui, su cacique, anda en 4 x 4 y usa iPhone. Obligaba a la empresa a contratar a sus consultoras.

FERNANDO LABORDA

La Argentina de hoy se asemeja a una pequeña embarcación que navega en la mitad del cauce de un ancho río, caudaloso y revuelto. Sus tripulantes saben que en la orilla hacia la que avanzan pueden encontrar el destino de grandeza y previsibilidad que tanto soñaron. Pero ante los riesgos que suponen los no pocos temporales que se avecinan, a veces dudan entre seguir ese rumbo o retornar al punto de partida, desandando lo andado.

Entre los factores inhibitorios para avanzar hacia la orilla del futuro, hay una barrera de prejuicios que no sólo anidan en buena parte de la sociedad, sino también en una dirigencia poco dispuesta a dejar una supuesta zona de confort, que no excluye a algunos hombres del propio gobierno de Mauricio Macri.

Son esos prejuicios los que impiden, entre otras cosas, debatir con la necesaria madurez cuestiones tales como qué hacer con las Fuerzas Armadas y qué actitud tomar frente a los muchas veces violentos reclamos de quienes dicen representar a los llamados pueblos originarios. Otra asignatura pendiente, la reforma de un Estado elefantiásico e ineficiente, también es a menudo presa de uno de los mitos que carcome y, en ocasiones, propicia la inacción de las autoridades: el prejuicio de que Macri sólo gobierna para los ricos.

La trágica desaparición del submarino ARA San Juan y sus 44 tripulantes evidenció un problema estructural, que arrastramos desde el fin de la guerra de las Malvinas aunque nunca ocupó un lugar privilegiado en la agenda pública: el desmantelamiento de nuestra industria de la defensa y el deterioro material de las Fuerzas Armadas.

Al malestar que provocó en las últimas horas la decisión de suspender las tareas de rescate de los tripulantes entre sus familiares, se sumaron denuncias por parte de algunos de estos que pondrían en duda la explicación oficial de que el submarino estaba en perfectas condiciones cuando inició su última misión. Además de las sospechas de negociados que provocaron las reparaciones de la nave durante la gestión kirchnerista, varios parientes de quienes viajaban en el ARA San Juan han declarado que este se encontraba en pésimas condiciones y que, en 2014, ya había tenido fallas en su sistema de propulsión, que provo-caron momentos de angustia en la tripulación.

A juicio de no pocos especialistas, las Fuerzas Armadas argentinas son una fantasía. Las anécdotas que pueden ilustrar esta situación son muchas. Basta recordar una citada por el diputado de Cambiemos Gastón Roma, integrante de la Comisión de Defensa de la Cámara baja. Contó que una mañana fue llevado junto a una delegación a la base antártica Marambio en un avión que debía pasar a retirarlos por la tarde. La aeronave, un Hércules, no pudo regresar por una falla técnica y los dejó varados en la Antártida durante un mes. Sencillamente, porque no había otro avión.

Al deterioro material de las Fuerzas Armadas hay que sumar el deterioro moral de muchos de sus integrantes. En parte, porque cualquier decisión estratégica que apunte a mejorar las condiciones de la defensa nacional es absurdamente equiparada, por sectores de la sociedad y de la dirigencia política, con un intento de reivindicación del terrorismo de Estado. Por otro lado, porque desaparecieron los tribunales de honor y comenzó a aplicarse una cuestionada metodología para los ascensos militares que, en tiempos del kirchnerismo, llevó al Ministerio de Defensa a seleccionar a los oficiales que se promoverían sin importar el orden de mérito de una lista de candidatos elevada por una junta militar superior. De ese modo, muchas veces ascendían los más aceptables políticamente, sin importar sus méritos militares, al tiempo que era habitual la discriminación por portación de apellido hacia oficiales con familiares que hubiesen intervenido en la represión del terrorismo en los años 70.

Mientras se profundizaba la degradación de las Fuerzas Armadas, se multiplicaron las sospechas de que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner alentó una reorientación del Ejército hacia tareas de inteligencia interna en su propio beneficio, de la mano del hoy procesado general César Milani, quien terminó manifestando públicamente su adhesión al "proyecto nacional" del kirchnerismo. Una actitud que poco contribuyó a la cohesión del Ejército.

Poco antes de la tragedia del submarino ARA San Juan, el ministro de Defensa, Oscar Aguad, anunció un plan para dejar atrás décadas de desinversión. Hasta el momento, sin embargo, poco hizo el gobierno de Macri para revertir un estado de cosas que hacen que, para casi el 60% de la población, el país se encuentre desprotegido ante un eventual conflicto militar con otra nación, y que, para el 79,9%, no se invierta lo suficiente en las Fuerzas Armadas, de acuerdo con una encuesta de Taquion y la Universidad Abierta Interamericana.

La mejor prueba de la continuidad de este deterioro es el proyecto de presupuesto para 2018. En el caso de la Armada, nada menos que el 87% de los recursos se destinan a gastos de personal y apenas el 4,5% integra la partida para mantenimiento, reparaciones y bienes de uso. Esta última cae incluso de $ 1180 millones en 2017 a $ 968 millones el año próximo.

El presupuesto militar argentino ronda el 0,9% del PBI frente al 1,6% que en promedio destinan los demás países de América del Sur o el 2,5% que tienen las naciones de la OTAN. Pero no sólo se gasta poco en comparación con otros países, sino que se invierte muy mal. El trágico episodio vivido puso de manifiesto cierta hipocresía de parte de una sociedad que se fastidia cuando se habla de aumentar el presupuesto para las Fuerzas Armadas, pero se horroriza ante desgracias que podrían haberse evitado con mejores inversiones.

La obtención de la presidencia temporaria del G-20 por la Argentina representa un avance en términos de integración al mundo. Pero demasiadas evidencias sobre el estado del país plantean la duda acerca de si este puede garantizar la seguridad de una veintena de mandatarios extranjeros, cuando las autoridades no están en condiciones de desalojar de un espacio público a un grupo de revoltosos.

El conflicto derivado de la ocupación de un terreno en el Parque Nacional Nahuel Huapi por integrantes de una comunidad mapuche y la muerte del joven Rafael Nahuel por efectivos de la Prefectura Naval ha desatado contradicciones entre un sector del gobierno nacional que propició el diálogo con ese grupo y otros funcionarios que ven en cualquier negociación de esa clase una señal de debilidad ante quienes violan la ley. Brotan las mismas dudas que frente a la visión de quienes creen que reprimir piquetes, cortes de rutas y ocupaciones de espacios públicos es criminalizar la protesta social, y la de quienes consideran, con la Constitución en la mano, que nadie puede apropiarse de lugares públicos e impedir la circulación de los demás, sin que por esto haya que caer en el "gatillo fácil".

Ante el reclamo de los mapuches y otras comunidades, es necesario entender que la Constitución de 1994 reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, pero no otorga a nadie la potestad de tomar por la fuerza tierras de terceros, por más que pudieran haber sido habitadas siglos atrás por sus ancestros, ni mucho menos a constituir allí Estados independientes y ajenos a las leyes argentinas.

Tanto el presente y el futuro de las Fuerzas Armadas como las derivaciones violentas del reclamo de las comunidades indígenas muestran dos caras de una misma moneda: la de un Estado ausente.

Tensión en la Patagonia. Las muertes de Santiago Maldonado y, más acá, de Rafael Nahuel, pusieron el foco en grupos minoritarios de métodos violentos. Sin embargo, detrás de ellos hay un complejo campo de disputas por el territorio que se extiende por buena parte del sur argentino, incluida la región petrolera.

 El lonko Albino Campo abre el candado de la tranquera del Lof Campo Maripe, en Loma Campana, corazón de Vaca Muerta, donde las petroleras extraen gas mediante técnicas no convencionales de fracking. La geografía es fantasmal, un páramo colonizado por equipos perforadores, máquinas de bombeo y plantas de procesamiento de hidrocarburos. Es fin de semana y no hay operarios. La zona se muestra árida, inhóspita, y el sol quema como lava. A unos metros de esa tranquera con insignias mapuches, Albino construyó su nueva ruca(casa), una edificación octogonal en la que vive algunos días de la semana. Su hogar principal, donde él creció, está a unos tres kilómetros, sobre la ribera del río Neuquén, en la localidad de Fortín Vanguardia. Allí, en unas 63 hectáreas que en 2013 le reconoció la provincia de Neuquén en posesión comunitaria, cría chivas, vacas y ovejas, y produce fardos de alfalfa.

Campo reemplazó la vincha típica de lonko por un sombrero de cowboy. No habla mapudungun, la lengua mapuche. Su padre, Pedro Campo, nunca le transmitió la cultura de la etnia. Llegó de Chile en 1928 y en 1940 se estableció en Añelo, donde tuvo seis hijas y un único varón, Albino, que fue siempre criancero, como muchos en Vaca Muerta, la mayor reserva gasífera del país.

Con más de 60 años, Campo afirma que no se opone al progreso. Pero exige que la provincia le reconozca el uso ancestral de 11.000 hectáreas en Loma Campana, para el pastoreo. Y afirma que, una vez garantizados sus derechos, las petroleras deberán pagarle como superficiario por explotar sus dominios.

La provincia de Neuquén se ha opuesto a sus reclamos de forma sistemática. "Nunca hicieron uso de esas tierras, no tienen derechos. A instancias de su jefe, el mapuche Gabriel Rolando Cherqui, Campo especula con algo que no tendrá jamás. Hace piquetes con acampe, se encadena con sus hermanas a los pozos y así, con planteos ambientales, lograron frenar la construcción de 14 pozos en seis locaciones de YPF", dice Jorge Lara, ministro provincial de Seguridad, Trabajo y Ambiente. La petrolera estatal cuantificó el costo por el cese de estas explotaciones. "Equivale a siete barcos de gas que deben importarse por año", dicen en YPF. Asoma así un imprevisto costo nuevo: el canon mapuche.

Campo se ríe junto a sus hermanas cuando se le mencionan estas acusaciones de pedidos de "peaje" a las petroleras. "El gobierno sabe que nuestras tierras cuestan mucho dinero, pero no se sienta a dialogar, al igual que YPF. Estamos acá desde la Campaña del Desierto y nuestro plan de lucha es impedirles el paso hasta que se reconozcan nuestros derechos", se planta. Para complicar aún más las cosas, esta tierra también es disputada en la Justicia por otro particular que reclama la titularidad de una parte de ellas.

Un origen común

Las disputas en la Patagonia por reclamos mapuches, que ya se cobraron dos vidas (la de Santiago Maldonado y, hace apenas una semana, la de Rafael Nahuel), son muchas y diversas, pero tienen un origen común: la reivindicación ancestral de los territorios por parte de los indígenas. Así, por caso, los conflictos afloran en pleitos con Vialidad Nacional por trazas de circunvalaciones, con desvíos de camiones en villas andinas y turísticas, y en la construcción de las represas Kirchner y Cepernic sobre yacimientos arqueológicos (los indígenas solicitan, de acuerdo a la ley, una consulta previa). También apuntan a la reivindicación de bosques nativos de los Parques Nacionales Nahuel Huapi y Lanín. Las 17 comunidades históricamente instaladas allí exigen una mayor participación en la gestión de los recursos naturales, a través del sistema ya implementado de comanejo, además de un reparto "más equitativo" de la recaudación por los tickets de ingreso.

Jorge Nahuel, vocero de la Confederación Mapuche de Neuquén. Foto: Ricardo Pristupluk

La recuperación de franjas de costa del lago Correntoso y cerros aledaños también es un tema caldeado, con posiciones divididas entre los locales de Villa La Angostura. Según argumentan en el Lof Paichil Antriao, la posesión y títulos de unas 500 hectáreas de bosques nativos les fueron arrebatados mediante engaños, rubricados con los pulgares de lonkos analfabetos. Veinte de esas hectáreas están ubicadas en un enclave paradisíaco y fueron adquiridas en 2004 por Emanuel Ginóbili.

La mayoría de estos reclamos tramitan por vías judiciales, aunque con un despliegue de medidas de fuerza y de protestas más o menos álgidas. Sin embargo, ninguna de esas comunidades reivindica la violencia. Todas rechazan los métodos de la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) y califican a sus activistas de ser instrumentos perfectos para que el Estado promueva y legitime una política represiva.

"Hemos sido muy reprimidos como para usar esas mismas formas violentas", se escucha en las comunidades. Y muestran su preocupación por los recientes atentados con bombas caseras contra pozos petroleros de Pluspetrol, en Río Negro, y de YPF, en Neuquén, que se adjudicó ese grupo, exigiendo lo usual: la liberación del lonkomapuche Facundo Jones Huala y la expulsión de las petroleras. Un detalle puso en alerta a los juzgados federales que investigan esos ataques en los yacimientos, hasta ahora inéditos: en una de las loncheras que contenían el material explosivo se leía: "Made in Chile".

El canon mapuche

Los reclamos territoriales mapuches en Vaca Muerta suman unas 20.000 hectáreas de tierras fiscales y privadas con reservas hidrocarburíferas estratégicas para el país y regalías siderales para la provincia. Toda el área, equivalente a la superficie de la ciudad de Buenos Aires, se ha convertido en un campo minado de conflictos cruzados y medidas de fuerza

Además de los reclamos territoriales, existe una demanda judicial por daños ambientales por 500 millones de dólares. Es a raíz de viejas prácticas de YPF, que en los años 70 vertía sus desechos al suelo y los cubría con tierra. Los tóxicos contaminaron las napas y de allí la demanda millonaria que impulsan la Confederación Mapuche de Neuquén (CMN) y uno de sus miembros y presunto afectado, el empresario mapuche Gabriel Rolando Cherqui.

"La petrolera envenenó nuestro hábitat, el agua no sirve ni para el riego y en el suelo y el aire abundan los metales pesados", asegura Cherqui, un entusiasta de las jineteadas de Jesús María, que construyó un área especial para domas nocturnas, con tribunas iluminadas, en su extensa chacra de San Patricio del Chañar, una localidad de este departamento de Añelo. "Mi hijo murió al nacer por contaminación ambiental -agrega-. Ahora YPF instrumenta un tipo de remediación barata que no logra sanear como corresponde la devastación de nuestras tierras."

Cherqui fue hasta hace poco werken (vocero) de la comunidad Kaxipayiñ, que decidió relevarlo por cuestionamientos internos. Es dueño, a título personal, de 4000 hectáreas en Loma La Lata, una de las antiguas concesiones de YPF, por las cuales cobra como superficiario y por servidumbres de paso. Además, reclama otras 6000 hectáreas contiguas para su comunidad mapuche, integrada por unas 100 personas.

Según la petrolera estatal, Cherqui montó una intrincada red de negocios que aplica métodos extorsivos: impone peajes y la contratación de su empresa de transportes, La Lata S.A.; exige empleos para gente no capacitada que actúa dentro de los yacimientos como una red de inteligencia y reclama aportes económicos sin fundamento legal. Durante la última campaña extractiva exigió 50 millones de pesos adicionales para permitir el ingreso de dos equipos de perforación que hoy están parados, lo que le ocasiona a la provincia pérdidas en regalías.

"Desde 2013, con el boom petrolero, somos rehenes de una corporación extorsiva -dice el ministro Lara-. Los reclamos territoriales de las comunidades Kaxipayiñ y Campo Maripe actúan como la plataforma de una gran empresa, en la que Cherqui es el CEO y Jorge Nahuel, el werken de la CMN, el ideólogo."

Ambos han sido denunciados por productores agropecuarios y por privados como instigadores de tomas de tierras por parte de crianceros con ascendencia indígena que de un día para el otro, según cuenta el productor Pablo Cervi, vivían como gauchos y ahora se reconocen como mapuches.

En toda el área de Loma La Lata se da una amalgama extraña: la explotación de hidrocarburos y su red de gasoductos, que corre paralela a la ruta provincial 7, coexiste con grandes viñedos, feedlots y plantaciones de frutales y hortalizas como las de Cervi, cuyos campos fueron ocupados y desalojados este año en tres oportunidades por nuevas comunidades mapuches.

La vieja identidad

Diego Rosales y su primo, de la comunidad Futá Xayén, ocuparon uno de esos campos para poder acceder al canal de riego y subsistir como crianceros. Rosales viste y habla como gaucho. Para poder sobrevivir, dice, sus antepasados resignaron la cultura mapuche. Hubo entonces mestizaje y se acriollaron. En 1940, la familia se asentó en lo que entonces era un páramo: Tratayén, a 15 kilómetros de Añelo. Desde entonces subsisten con la cría de ganado, cerca del río Neuquén. Pero en 1978 un privado adquirió en un remate público las tierras que ocupaban y su abuelo analfabeto cedió sus derechos de posesión a cambio de la titularidad de siete hectáreas sin acceso al agua. Para desplegar el pastoreo, la familia se repartió a ambos lados de la ruta 7, que actúa como límite geográfico entre la actividad agropecuaria y la industria petrolera. Hoy las chivas y gallinas de su abuela Inocencia Paynemil pastorean entre líneas de gasoductos, equipos de perforación y plantas de procesamiento de crudo y de gas.

"Con la ayuda de la CMN retomamos la cultura mapuche. Tomamos cursos para recuperar una identidad que habíamos perdido. También, para pelear por nuestros derechos", se sincera Rosales. A su lado, Inocencia, de 80 años, cuenta que cuando era joven todo era campo fértil. Vendían cuero, lana, pieles de zorro y nutrias que transportaban en burros, y subsistían con las cosechas de quinta y la venta de animales. "He visto mi vida arrinconarse; el campo se va terminando y los animales no tienen qué comer. La vida debería ser más pareja", dice. Inocencia reclama personería jurídica para pedir las tierras. Ella aspira a una fracción de 1600 hectáreas; su nieto Rosales quiere un predio similar cerca del río. Adquirir personería les permitiría iniciar juicio contra los privados titulares de las tierras que ellos ocupan desde hace décadas a través del pastoreo. La provincia no se las da, dicen, porque los dueños especulan con las reservas de gas de estas tierras, en un caso, y con el monopolio del agua, en el otro.

Detrás de esa lucha está Jorge Nahuel, como autoridad mapuche. Amable, elocuente y bien formado, recibe a la nacion en la sede de la CMN, una construcción moderna y amplia de dos plantas, donada por una familia que cobró un resarcimiento por la desaparición de su hija. El werken no oculta que sus coterráneos acuden a él para pelear por sus derechos, que el artículo 75 de la Constitución consagra por la preexistencia étnica de los pueblos indígenas, a quienes les garantiza "la propiedad comunitaria de sus territorios, la participación en la gestión de sus recursos naturales y la cesión de tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano".

¿Cómo se interpreta?

"No somos un pueblo fosilizado, sino uno que crece. Las tierras que ocupamos hoy no son suficientes. De allí nuestra tarea organizativa de articular y buscar los mecanismos de resolución de conflictos a través de una lucha que es jurídica, política y cultural", dice Nahuel. Atribuye las denuncias que pesan sobre él y su organización a una supuesta decisión del Estado y de privados de bloquear el proceso de recuperación de tierras en marcha. "La vulneración de nuestros derechos fue una constante histórica que buscamos revertir por vías pacíficas. No avalamos la metodología anónima, violenta y clandestina de RAM, pero creemos que la prórroga de la ley 26.160 [de tierras de pueblos originarios] nos habilita hoy a reclamar territorio en lugares ociosos con ocupaciones previas a esa prórroga".

Esta interpretación, señala, explica en parte la toma en Villa Mascardi, junto a la responsabilidad del Estado por haber incumplido el mandato constitucional. Nahuel deja en claro que no tiene parentesco con María Nahuel, la mapuche que con su marido José Cristian Colhuan, y sus hijos y sobrinos, entre ellos el joven fallecido Rafael Nahuel, ocuparon el predio del Parque Nacional Nahuel Huapi.

"A Cherqui no se le perdona que un mapuche sea un empresario exitoso", dirá luego, y negará que las tres comunidades que reclaman parte de Vaca Muerta sean parte de un artificio estratégico con fines lucrativos. "Las leyes argentinas han incorporado el derecho mapuche, que queremos hacer valer. Por otro lado, cortar un acceso a un yacimiento u ocuparlo son también acciones legítimas de protesta. Iguales que tomar una oficina pública", afirma.

En el país existen 34 pueblos aborígenes agrupados en 1417 comunidades registradas, de un total de 1596 identificadas, según el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Están integradas por un total de 955.032 personas, de las cuales 205.009 se reconocen como mapuches. Esa etnia se reparte en 132 comunidades que ocupan casi dos millones de hectáreas. De ellas, 87 tienen hecho su relevamiento territorial y es sólo una porción ínfima, dicen en el INAI, la que enarbola sus reclamos a través de la violencia.

"Por lo general, se trata de nuevas comunidades que no han reclamado por vías institucionales su derecho legítimo a que el Estado les reconozca la ocupación ancestral de sus tierras si se cumple con las normas de una ocupación actual tradicional, pública y fehacientemente acreditada", dice Jimena Pasathakis, titular del INAI.

Para Pasathakis, en contraposición a la interpretación que hace el werken Nahuel, el concepto de "actual" se refiere al momento previo a la sanción de la ley 26.160, en 2006. Bajo esa óptica, todo reclamo posterior sería ilegítimo. Quizá sea ese punto, con fallos a favor y en contra, el que mantiene en vilo a gran parte de la Patagonia.