En caso de que no haya acuerdo final, Gas Sayago se compromete por siete años a darle prioridad a Shell ante cualquier innovación que quiera realizar en el proyecto.

Un preacuerdo firmado a fines de octubre entre Gas Sayago y Shell asentó que la empresa extranjera sería la única propietaria de la regasificadora. Gas Sayago, consorcio entre Ancap y UTE, le cedería sus activos, quedando el estado por fuera del emprendimiento.

El monopolio del comercio de gas quedaría en manos de Shell, interesada principalmente en exportar gas natural a Argentina. El proyecto de Shell sería por una capacidad máxima de regasificación de 5 millones de metros cúbicos por día y una inversión de 300 millones de dólares, menor a los 10 millones de metros cúbicos de gas por día planificados originalmente, con una inversión por unos 1.200 millones de dólares.

Alcanzado un acuerdo definitivo en marzo, el consorcio cedería a Shell el gasoducto que conecta la terminal de regasificación con gasoducto Cruz del Sur y las obras avanzadas para el muelle.

Asimismo, sería cedido el permiso otorgado por la ANP para instalar la regasificadora en un área del Río de la Plata que es del Estado, las aprobaciones ambientales obtenidas ante la Dinama, el know-how generado y el costo por los dragados, una tarea para la que se apeló a un préstamos de 40 millones de dólares con la CAF, que aún se sigue pagando.

Y en caso de que no haya acuerdo final, Gas Sayago queda comprometida por siete años a darle prioridad a Shell ante cualquier innovación que quiera realizar en el proyecto.

En otro orden, Gas Sayago fue embargado por 14 millones de dólares ante una demanda presentada por la brasileña OAS, que alegó incumplimiento de pago por parte del consorcio estatal. Gas Sayago suspendió dichos pagos ante los atrasos de OAS en la construcción de la regasificadora y su falta de cumplimiento con los compromisos de obra.

Reclama que no se le pagó por construir un tramo de gasoducto.

El Juzgado de Concurso de Primer Turno que entiende en el proceso de concurso en Uruguay de la empresa brasileña OAS (que iba a construir la regasificadora), accedió al pedido de esa compañía y algunos de sus acreedores de trabar embargo de manera cautelar contra Gas Sayago, el consorcio estatal que construía la obra.

El embargo es por US$14,1 millones. La sede entendió que OAS tiene razón al considerar como activos los certificados de obra por la construcción parcial de un gasoducto terrestre que no le fue pagada por Gas Sayago, informó Subrayado. Los acreedores de la constructora brasileña (que adeuda alrededor de US$ 30 millones a unas 300 empresas) se sumaron al pedido como forma de intentar la recuperación de parte de ello.

El diputado nacionalista Pablo Abdala, que impulsó la comisión investigadora que indaga la concesión de obras de la regasificadora, explicó a El País que "los reclamantes que pidieron la cautela fundamentan el pedido de medida cautelar en el proceso de disminución patrimonial en que se encuentra Gas Sayago". "Consideran que, de acuerdo a lo que surge del último balance de UTE, esos 14 millones que reclaman equivaldrían prácticamente al patrimonio neto de Gas Sayago que hoy es de 436 millones de pesos. Por esa razón entienden que hay que actuar con urgencia y por eso piden la medida cautelar", señaló. Para Abdala, es irónico que "después de la pérdida que OAS le ocasionó a Gas Sayago, termina en algún sentido formulándole un reclamo y obteniendo un fallo favorable y trabando embargo". "No le da la razón (el fallo) definitivamente. Pero por lo pronto, la sede entiende que el planteo es sensato y razonable", explicó.

"Esto se agrega a la cuenta que está en el eje de los US$ 80 millones por lo que se gastó en el dragado, los costos de funcionamiento de Gas Sayago, más el gasoducto", señaló Abdala. Precisamente, el legislador pidió información sobre los salarios en Gas Sayago a la ministra de Industria, Carolina Cosse, "porque el costo en remuneraciones sigue siendo más o menos el mismo".

En el primer trimestre de este año Gas Sayago perdió US$ 5 millones. En 2016 su rojo fue de US$ 17 millones y en 2015 de US$ 2,6 millones.