La aplicación de las energías renovables comienza a ser una realidad en el mundo y en el país, anoche, el Senado convirtió en ley el proyecto que permite que usuarios residenciales y del sector privado produzacan su propia energía a partir de fuentes renovables.
El proyecto se inició en la Cámara de Diputados (donde obtuvo 65 votos positivos). El texto, que el Senado aprobó tal cual salió de la Cámara baja, resultó de una combinación de normativas presentadas por los diputados Nicolás Tomassi (Bloque Justicialista), Juan Carlos Villalonga (Cambiemos), Luis María Bardeggia (PJ- FpV), Jorge Taboada (Chubut somos todos) y Gustavo Bevilacqua (UNA), entre otros.
Las ventajas de impulsar la generación distribuida no se resumen solamente en ampliar la oferta de energía renovable para cumplir con la ley. Se trata de una alternativa que reduce la necesidad de obras en las redes de transporte de energía eléctrica, que favorece las inversiones nacionales, que moviliza mano de obra local, que impulsa la investigación y desarrollo y que puede inducir la fabricación local de componentes para los pequeños parques de generación eléctrica.
Santa Fe, Salta, San Luis, Mendoza, Misiones y Neuquén ya contaban con la ley de energía para que los usuarios puedan inyectar a la red electricidad.
La ley establece que todos los proyectos de construcción de edificios públicos deberán “contemplar la utilización de algún sistema de generación distribuida proveniente de fuentes renovables, conforme al aprovechamiento que pueda realizarse en la zona donde se ubique, previo estudio de su impacto ambiental en caso de corresponder”.
En cuanto al esquema de facturación, se fija que el valor final a pagar por el usuario-generador será el cálculo neto entre el valor monetario de la Energía Demandada y el de la Energía Inyectada. También se dispone que “el distribuidor no podrá añadir ningún tipo de cargo adicional por mantenimiento de red, peaje de acceso, respaldo eléctrico o cualquier otro concepto asociado a la instalación de equipos de generación distribuida”.
En el artículo 16 se establece la creación del l Fondo para la Generación Distribuida de Energías Renovables (FODIS) que implementa las políticas de incentivos para que los usuarios instalen equipamiento que permita producir electricidad, el Tesoro Nacional será quien destine en el primer año un monto de $500 millones de pesos.
El FODIS podrá proveer fondos y otorgar facilidades a través de préstamos, bonificar o subsidiar la tasa de interés de créditos, otorgar incentivos a la inyección o bonificaciones a la adquisición de sistemas de generación, o incluso financiar la difusión, investigación y desarrollo relacionadas a las posibles aplicaciones de este tipo de tecnologías.
"Las energías renovables son un cambio de paradigma. No es solamente un cambio de tecnología, sino que también están asociadas al cambio de modelo de desarrollo y del modelo de consumo. Y, a partir del cambio del modelo de consumo, también el de producción de energía. Ese cambio de paradigma hace que el ciudadano no sea un sujeto pasivo que simplemente consume, sino que se convierte en un actor adentro de la cadena causal", había indicado Marcelo Álvarez (CADER) previa sanción de la ley
