JULIÁN DE DIEGO*
Con nuestra legislación inspirada en la producción industrial de 1950, con los convenios colectivos firmados en 1975 cuando todo se medía por hora por día o por mes y donde el más importante adicional era el de antigüedad, con un costo laboral industrial promedio en torno de los u$s 1500, cargas sociales por el 67%, ausentismo en torno del 15% promedio, y la productividad por el piso, la Argentina se encuentra última en el ranking de oportunidades de inversión de las Américas.
En el contexto macro, terminamos el año con 1% de crecimiento del empleo, con niveles de desempleo y subempleo que llegan al 20%, y un estimado de desocupación del empleo joven (entre 18 y 25 años) del 40%, con el récord de ninis de más de 1.400.000 (ni trabajan ni estudian).
Solo algunas actividades estrella evolucionaron favorablemente, la construcción en la obra pública, el desarrollo energético, los servicios informáticos, las empresas de servicios especiales de comercialización por vía de Internet, la agroindustria y la actividad agropecuaria, la actividad financiera y bancaria, otros están sobreviviendo como son gran parte de la industria manufacturera, en alguna medida afectada por las importaciones, y en particular el retail y gran parte de la industria de la alimentación, entre otras. Muchas actividades están en clara retracción, como los pequeños establecimientos afectados por las condiciones del mercado, las empresas manufactureras pequeñas o medianas, la industria textil, la vitivinícola, las bebidas cola, la venta de productos frescos tanto verduras, frutas como carne, y todos los productos suntuarios.
Y en todo este contexto, la inflación sigue jugando un papel tal, que impide el desarrollo de las actividades productivas, en gran medida atraídas por la inversión en fondos de inversión o en papeles con intereses superiores a ella. La inversión extranjera está concentrada en la especulación financiera, y dista mucho de tener como atractivo las inversiones de largo plazo en nuestro país. La inflación es impeditiva de avanzar con la productividad y la competitividad de nuestros costos.
Hay quienes piensan que el actual gobierno, en dos mandatos (2015/2019 y 2019/2023) pagará un altísimo precio por tratar de hacer regresar al país a la normalidad, sin subsidios, un inflación cero, con pobreza cero, sin déficit fiscal, con un Estado en proceso de reducción y de racionalización, con superávit comercial, y crecimiento sustentable y persistente.
La reforma estructural es de tal profundidad y magnitud que requiere de muchos sacrificios, algunos de los cuales ya han puesto a prueba a algunos sectores, a pesar de lo cual, la mayoría sigue apoyando el nuevo modelo, que por ahora, solo tiene muy claros objetivos, pocos medios en curso de acción, muchas declamaciones, y por ahora, pocos resultados.
A pesar de los detractores, el sistema gradual asumido por el Gobierno Nacional crea ponderables expectativas y en particular, orienta las proyecciones de lo que vendrá.
Para los distraídos, la reforma ya está entre nosotros, abriéndose paso inexorablemente como lo hace todo proceso que implica evolución.
Los cambios ya los impone entre nosotros las últimas tecnologías, junto a las nuevas formas de organizar el trabajo, a las nuevas demandas de los clientes y usuarios, y en particular, la interacción disruptiva de Internet, la informática, y las comunicaciones que constituyen su conjunto absolutamente invasivo e irrespetuoso, que no acepta ni tolera fronteras y sencillamente las atraviesa.
La reforma laboral, desde la perspectiva promovida por el Poder Ejecutivo es loable, partiendo de la premisa de que se ha dado el primer paso de un proceso que lleva una sucesión de cambios que lentamente van delineando el nuevo modelo de relaciones laborales que exigen las circunstancias.
Si la reforma laboral resulta esmerilada por la oposición de los segmentos combativos de la CGT habremos convalidado un importante retroceso en las reformas estructurales imprescindibles, para volver al mundo no solo en las declaraciones sino sobre todo en los hechos concretos que acrediten el éxito, y el logro de los objetivos propuestos.
*Profesor de Derecho del Trabajo y Director del Posgrado UCA
