Por eso, defender el patrimonio natural de la zona ha sido el principal objetivo de quienes conforman la Mesa Técnica del Suroeste de Antioquia. Una organización civil, sin filiaciones políticas, fundada por los residentes de varios municipios de esta zona.

A más de un año de consolidación, estos defensores del patrimonio ambiental, ya pusieron en firme seis acuerdos municipales para prohibir la minería de metales en Támesis, Jericó, Urrao, Titiribí, Caicedo y Jardín, según comenta Claudia Vásquez, miembro fundador de la Mesa Técnica. “Nosotros reunimos a campesinos, alcaldes, concejos y propietarios para manifestar nuestro interés de conservar la vocación agroindustrial del territorio”, aseguró.

Esto, principalmente por el proyecto Quebradona, una iniciativa exploratoria de la empresa minera Anglo Gold Ashanti que ya completa 12 años de trabajo, ubicada a 11 kilómetros de la cabecera municipal de Jericó, y que se encuentra en estudio de prefactibilidad. Lo que significa que aún se están determinando las cualidades y tamaño del yacimiento de cobre, que ya se encontró en esta área.

“No queremos que se acaben las quebradas, o los bosques”, dijo Vásquez. Por eso, en Tarso, Concordia y Salgar ya tienen acuerdos, en primer debate de discusión, de los dos que se necesitan para que sea avalado por los concejos municipales. Y esperan que mañana en Fredonia también sea aprobado en primer debate, cumpliendo así con la meta de 11 acuerdos al cierre de noviembre.

Sin embargo, según el abogado Rodrigo Negrete, cinco de estos acuerdos han sido demandados, y el de Urrao ya fue anulado por el Tribunal de Antioquia. Este órgano ratificó la demanda interpuesta por la Gobernación de este departamento. No obstante, la Mesa y el municipio esperan presentar, a finales de esta semana, una tutela al Tribunal en la que argumentarán la inconsecuencia del fallo.

“La Corte Constitucional, a través de la sentencia T-455/16 permite a los entes territoriales prohibir la minería dentro de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), y la Constitución, en su artículo 313 faculta a los concejos municipales para hacer normas en defensa de su patrimonio ecológico”, aseguró Negrete. Argumentos que serán expuestos en la tutela para defender la capacidad de los concejos para impedir la entrada de las mineras.

Pero, ¿qué dice la Anglo Gold Ashanti, una de las empresas más afectadas por las determinaciones municipales? Para la minera, que ya suspendió sus actividades en Jericó, durante los 12 años que llevan realizando acciones en el territorio no han impactado el medio ambiente, ni contaminado el agua.

Además, consideran que como el proyecto aún necesita varios años más para culminar su etapa exploratoria, estos acuerdos traen graves consecuencias y desincentivan la inversión.

Adicionalmente, manifiestan que cuentan con permisos de uso de agua de Corantioquia, no pretenden cambiar la vocación agrícola de la zona, y que si llegara a darse la explotación, el mecanismo para la extracción del cobre sería roca molida y agua, no cianuro, lo que eliminaría una de las mayores preocupaciones.

Por lo pronto, la Mesa Técnica Suroeste de Antioquia seguirá liderando campañas para la conservación ambiental.

El Gobierno de Colombia e indígenas acordaron proteger la Sierra Nevada de Santa Marta, el sistema montañoso litoral más alto del planeta, de la actividad minera, después de que comunidades nativas marcharan en los últimos días.

"El acuerdo que hemos logrado fundamentalmente consiste en haber definido una hoja de ruta para tomar las decisiones que permitan que ningún proyecto de explotación minera se desarrolle en la Sierra Nevada de Santa Marta", declaró el ministro del Interior, Guillermo Rivera, quien suscribió un acuerdo con los líderes indígenas. 

Rivera señaló que la Sierra Nevada "tiene que ser un área protegida de la explotación minera" y destacó que acordaron "una metodología, una hoja de ruta, para llegar a ese propósito" y "garantizar que no haya proyectos mineros" en esta zona. 

A su vez, el ministro de Medio Ambiente, Luis Gilberto Murillo, anunció que se declararon 585.000 hectáreas más de esta cadena montañosa libres de minería. 

"Hemos tomado la decisión de congelar cerca de 585.000 hectáreas para que en esta zona no se dé ningún nuevo título minero o concesión minera y vamos a crear allí unas zonas de protección", explicó el ministro de Medio Ambiente, citado en un comunicado difundido por el despacho del Interior.

El funcionario señaló que esa extensión se suma a 40.000 hectáreas en el parque Nacional Natural en la Sierra Nevada de Santa Marta, con lo que aseguró que en "cerca de un millón de hectáreas en esa zona hoy no hay ningún proyecto de minería a gran escala" ni se tendrá.

Acuerdan proteger Sierra Nevada de Santa Marta de explotación minera

"Es una decisión que garantiza que vamos a proteger ese ecosistema para la humanidad", afirmó Murillo. El pasado jueves, centenares de indígenas marcharon por las calles de Valledupar, capital del departamento Cesar, para pedir el fin de la minería en la Sierra Nevada. 

El líder del pueblo arhuaco Saúl Mindiola dijo entonces a Efe que la marcha se dio "luego de más de 20 días de estar en la ciudad una representación del pueblo arhuaco en el marco de la Confederación Indígena Tayrona". Mindiola denunció que "hoy la política nacional está llevando a la (actividad) minera" puesto que "se han otorgado 183 títulos mineros" en la Sierra Nevada y hay "más de 300 solicitudes". 

Además, advirtió que hay "ejercicios de construcción de megaproyectos" y proyecciones de explotación minera dentro del territorio ancestral de los pueblos aborígenes que habitan la Sierra. Sobre el acuerdo, Leonor Zalabata, dirigente de la Confederación Indígena Tayrona y Comisionada de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas en Colombia, lo consideró un "avance muy importante" para las comunidades nativas. 

"Es muy importante lo que se ha logrado, porque se logra realmente el objetivo de esta movilización pacífica, que es declarar la Sierra Nevada fuera de minería", añadió en declaraciones difundidas por el despacho del Interior. En Colombia se ha suscitado otro debate por el posible inicio de actividades mineras en el páramo de Santurbán, en el departamento de Santander (noreste). 

El conflicto surgió cuando el proyecto Minesa, que tiene como principal accionista al fondo Mubadala de Emiratos Árabes, pidió una licencia para desarrollar una explotación minera de extracción de oro en las inmediaciones del páramo, una región natural protegida que además provee de agua a los municipios próximos.