El Gobierno no le encuentra la vuelta al derecho administrativo para acelerar la ejecución de las obras públicas. Por eso, como adelantó en exclusiva LPO, anunció una reforma de la Ley de Procedimientos Administrativos con el objetivo de disminuir la burocracia y, a principio de mes, autorizó la fusión de dos empresas públicas de energía para agilizar la construcción de infraestructura.
En esta fusión, las represas de Santa Cruz -que gracias a este decreto volvieron a llamarse Cóndor Cliff y La Barrancosa- pasaron del régimen de licitaciones al de sociedades anónimas, lo que las eximiría de los controles y las auditorías del procedimiento administrativo. Por esta razón, el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren fue advertido acerca de la ilegalidad de esta resolución.
Una advertencia similar le habían realizado a Guillermo Dietrich los trabajadores de Vialidad Nacional con la creación de una sociedad anónima paralela, Corredores Viales S.A., con funciones superpuestas. De hecho, en el Congreso le pidieron explicaciones.
A Aranguren, la advertencia le llegó por la fusión bajo el nombre de Integración Energética Argentina S.A. (Ieasa) que hizo que Energía Argentina S.A. (Enarsa) absorbiera a Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A. (Ebisa) -una empresa a cargo de la energía generada en centrales compartidas con países limítrofes como Salto y Yaciretá-. Por ende, esta nueva Enarsa tiene a su cargo la comercialización de la energía eléctrica proveniente de los aprovechamientos binacionales e interconexiones internacionales.
Además, con este decreto 882/2017 el Ministerio de Energía le transfirió en carácter de comitente las obras públicas hasta entonces a su cargo. Este es el quid de la cuestión: las obras que habían sido licitadas y otorgadas bajo un régimen, al pasar a estar a cargo de la nueva sociedad anónima cambian de régimen. De considerarse esta una maniobra para eludir los controles que establece la Ley de Procedimientos Administrativos, a Aranguren, firmante e impulsor de este decreto, podría caerle una denuncia penal.
No son solo las represas hidroeléctricas de Santa Cruz, las obras transferidas también incluyen la Central Térmica Río Turbio, el Gasoducto Regional Centro II -Esperanza/Rafaela/Sunchales; el Gasoducto Sistema Cordillerano/Patagónico; Gasoducto Cordillerano y el Gasoducto de la Costa.
A su vez, Integración Energética Argentina quedó a cargo de la concesión de las centrales hidroeléctricas ex Néstor Kirchner y Gobernador Cepernic, y quedó autorizada a privatizarlas "mediante licitación" al igual que el Ministerio quedó facultado a vender, cesionar o transferir todos aquellos proyectos en los que el Estado no sea el socio mayoritario con el objetivo de hacerse de capital con el que afrontar el desarrollo de nuevas obras públicas vinculadas a la generación de energía.
La calificadora Moody's informó hoy que bajó la calificación de Electroingeniería luego de que la compañía incumpliera esta semana con el pago 60 millones de pesos de capital (parcial) y $ 400 millones de intereses de sus Obligaciones Negociables (ON) Clase 1 que vencen en 2018.
La baja para la “familia corporativa” y las obligaciones negociables senior no garantizadas de Electroingeniería es desde la calificación Caa2 a Ca en escala global y desde B3 a Ca.ar en escala nacional.
Junto con la baja, la perspectiva pasó de negativa a estable.
El anuncio llega después de que también Fix (filial local de Fitch) le bajara la calificación a la empresa.
Electroingeniería debía realizar un pago parcial de capital e intereses de ON el martes, hace una semana anunció que usaría el periodo de gracia de 30 días corridos postergando así la fecha de pago. Si no regulariza su situación para el 21 de diciembre, incurriría en un evento de incumplimiento de sus obligaciones financieras.
Según Moody’s, “continúa siendo incierto si la compañía podrá realizar este pago dentro de este período”.
“Esperamos que el perfil de liquidez de la compañía continúe bajo presión en los próximos meses, con la compañía permaneciendo altamente dependiente de los pagos provenientes de su principal proyecto, las dos represas hidroeléctricas ubicadas en la provincia de Santa Cruz”, apuntó la calificadora en un comunicado.
Moody’s también señaló que “la calificación o la perspectiva” de la firma podrían “experimentar presión al alza si el perfil de liquidez de la compañía mejorara en los próximos trimestres, con una mayor probabilidad de un pago a en tiempo y forma de sus próximos vencimientos de deuda”, y que “una baja de las calificaciones de EISA podría existir en caso de que la compañía no logre mostrar una mejora en sus métricas de liquidez, indicando incapacidad para hacer frente a sus vencimientos de deuda y mayores pérdidas para sus acreedores”.
La compañía integra una Unión Transitoria de Empresas (UTE) con la local Hidrocuyo, futura operadora de las represas de Santa Cruz, y con China Energy Engineering Group (CEEC) para el desarrollo de los aprovechamientos hidroeléctricos ahora denominados Cóndor Cliff y La Barrancosa (hasta octubre era Presidente Néstor Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic”. La reanudación de las obras de ambas represas está prevista para las próximas semanas.
