El presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, probablemente regresará al Congreso un proyecto de ley que impone restricciones financieras a empresas que hayan sido socias de firmas envueltas en casos de corrupción, como la brasileña Odebrecht, dijo la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz.

La jefa del gabinete de ministros afirmó que la ley aprobada hace dos semanas por el Legislativo, dominado por la oposición, podría vulnerar el derecho de presunción de inocencia y también podría afectar la cadenas pagos de empresas que ejecutan obras públicas, como la constructora Graña y Montero.

"No soy abogada, pero sí creo que hay que respetar el tema de presunción de inocencia. Acá no estoy defendiendo a nadie, si hay que investigar a algún funcionario de una determinada empresa que haya hecho un acto de corrupción, que se investigue", dijo Aráoz en una conferencia con la prensa extranjera.

El Congreso, controlado por el partido Fuerza Popular de la excandidata presidencial Keiko Fujimori, aprobó la norma que retiene las utilidades y transferencias al exterior de empresas que hayan sido socias de firmas como Odebrecht, que admitió el pago de sobornos para ganar obras públicas en el país. La ley debe ser refrendada por Kuczynski.

Aráoz dijo que espera que el proyecto de ley sea analizado en detalle por el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Justicia, y que pueden mandar una propuesta al Congreso si "encuentran observaciones y recomendaciones".

"Sobre la base de una lectura general del documento, hay temas que hay que observar y cuidadosamente revisar para asegurarnos de que no se rompa la cadena de pagos", agregó.

La semana pasada el presidente del directorio de Graña y Montero, Augusto Baertl, dijo a Reuters que esperaba que el presidente Kuczynski rechace el proyecto de ley, porque su vigencia pondría en riesgo sus operaciones.

Graña y Montero, la mayor firma de su rubro en el país y cuyas acciones han caído con fuerza en Lima y Nueva York, fue socia de Odebrecht en varias iniciativas de infraestructura, entre ellas en el megaproyecto de un gasoducto de US$ 7,200 millones.

Por su relación con Odebrecht, la fiscalía local investiga en forma reservada a la constructora local, luego de que el exjefe en Perú de la firma brasileña, Jorge Barata, afirmara a un fiscal que sus socias participaron en los sobornos al expresidente peruano Alejandro Toledo para asegurarse contratos.

Graña y Montero ha rechazado las acusaciones de los fiscales.

"Se pueden parar carreteras, hospitales, se puede parar actividades productivas que hacen bien a la población y queremos que la economía siga creciendo. En esa dirección es donde está nuestra preocupación y en el aspecto jurídico también", afirmó Aráoz.