Así lo anunció el Consejo Agrario Provincial en respuesta al reclamo que vienen haciendo los superficiarios del río Santa Cruz. Aunque con menos de la mitad de los oradores, se escucharon todas las voces. Para diciembre estarían las conclusiones.
Tal y como estaba previsto se concretó la Audiencia Pública convocada por la Secretaría de Estado de Ambiente de Santa Cruz, en el marco de la ley de Evaluación de Impacto Ambiental (Nº 2.658).
La misma se realizó, a partir de las 11 horas, en el Auditorio del Municipio de Puerto Santa Cruz.
Esta audiencia tenía el objetivo de escuchar a todos los sectores y definir si renueva el permiso ambiental para que se retomen las obras de las represas. El permiso anterior se venció la semana pasada, el 15 de noviembre.
Previo al evento, el titular de la Secretaría, Mariano Bertinat, se mostró expectante, ya que había más de 50 inscriptos entre personas jurídicas y físicas, provenientes de diferentes lugares de la provincia, como Río Gallegos, Pto. Santa Cruz, El Chaltén, Piedra Buena y El Calafate.
Aunque no era obligatoria, el funcionario destacó a La Opinión Austral que la intención era dotar de la mayor transparencia al proceso y esta audiencia era el último paso previo al dictamen sobre la renovación del EIA.
Finalmente sólo menos de la mitad de los inscriptos decidieron hacer uso de la palabra, “expusieron 23 oradores” señaló Bertinat, destacando “el nivel de respeto para escuchar todas las posiciones que hubo entre los presentes”.
Quienes sí concurrieron a Puerto Santa Cruz, como lo han hecho a cada convocatoria que se ha producido en torno a las Represas, fueron representantes de los superficiarios.
Ellos se llevaron un anuncio del lugar. El presidente del Consejo Agrario Provincial, Javier De Urquiza, les anunció la decisión del Gobierno Provincial de enviar a la Legislatura Provincial una modificación a la ley que aprobó la expropiación de tierras costeras sobre el río Santa Cruz en la zona afectada por la construcción y el embalse de las Represas, atendiendo de esa forma, en parte, el reclamo de los superficiarios que tomaron esto como “un buen gesto”.
Bertinat, sobre el desarrollo de la Audiencia, rescató que “se pudo presentar el proyecto y todas las medidas ambientales a los presentes” sin inconvenientes, al tiempo que “se pudieron escuchar las voces a favor y en contra en un clima de cordialidad” donde, dijo, “hubo posturas firmes pero respetadas”.
Tras las exposiciones, hubo un tiempo para que los presentes pudieran hacer preguntas por escrito de tal manera que esas inquietudes “se incorporen al expediente para ser contestadas”.
El secretario de Ambiente también agradeció muy especialmente “a la gente de Puerto Santa Cruz y al intendente (Néstor González) por permitirnos hacer la primera audiencia pública ambiental en la historia de esa localidad”.
Ahora viene la tarea de recopilar todas las exposiciones, evaluar los cuestionamientos y trabajar así, en el dictamen final, que tendrá que evaluar la Comisión Provincial creada al respecto.
Consultado Mariano Bertinat sobre cuándo podría conocerse el mismo, fue cauto, aunque indicó que “esperamos poderlo tener a finales de diciembre”.
EL NUEVO DÍA
Así lo sostuvo el Partido Obrero, e informó que los dirigentes locales David Elder y Leonardo Blanco, los representarán en la audiencia pública que se realizará en Puerto Santa Cruz
COMUNICADO DEL PO:
El Partido Obrero caracteriza que quienes dirigen e imponen su agenda en esta situación son los empresarios chinos; esto vale tanto para el presidente Macri como para el pasado gobierno Kirchnerista, que han sido gestores de las condiciones exigidas por los bancos financistas (chinos) y las empresas constructoras. Asistimos a un gran negociado, en el cual se encuentran involucrados en primer lugar la constructora china y la tan cuestionada empresa nacional Electro Ingeniería. El proyecto no obedece a un PLAN nacional de desarrollo de nuestra economía (no asegura trabajo genuino, no resuelve la crisis energética, no responde a un plan de industrialización de la provincia, ni reúne el nivel de prioridad en comparación a otros proyectos energéticos del país). Prevalecen los intereses de una multinacional y NO las condiciones de vida de la población.
En segundo lugar pondrá en cuestión que las audiencias e informes ambientales no han dado garantías sobre la preservación de uno de los ecosistemas más importantes de nuestra provincia, ni del patrimonio cultural y ancestral que será destruido.
El tercer eje: tiene que ver con el derecho democrático de acceso al trabajo de los obreros y técnicos, que va a ser manejado por una organización semi-mafiosa como la UOCRA, siendo ésta una de las patas para avanzar en el control social del gran negocio que se va a desarrollar con la súper-explotación de los obreros bajo el régimen de producción chino; teniendo en cuenta además, que esta burocracia sindical ha sido y será funcional a los avances de las patronales, como un posible ataque al CCT, mayor apertura a la tercerización y flexibilización laboral y reducción de los costos laborales.
Por último y como cuarto eje planteará que se lleve a cabo una CONSULTA POPULAR donde el pueblo de Santa Cruz, pueda votar dado que va a ser el más afectado ante la decisión de llevar a cabo o no la construcción de esta mega obra; El Partido Obrero plantea que las cuestiones técnicas y ambientales, el costo de la obra, la necesidad de democratizar el acceso al trabajo incluyendo a la bolsa de trabajo del SITRAIC podrán ser puestas a debate con el conjunto de la población, si se convoca a esta AUDIENCIA PUBLICA.
NUEVO DÍA
Este jueves 23, en puerto Santa Cruz se llevará a cabo la audiencia pública para renovar el permiso provincial de obra, a las 11:00 en el auditorio municipal.Se espera la presencia de funcionarios provinciales y vecinos. Hay preocupación en ambientalistas por las posibles consecuencias.
La audiencia tiene el objetivo de escuchar a todos los sectores y definir si renueva el permiso ambiental para que se retomen las obras de las represas -ahora llamadas neuvamente- Condor Cliff y La Barrancosa que se construyen sobnre el río Santa Cruz. El permiso anterior se venció la semana pasada, el 15 de noviembre.
“Decidimos realizar la audiencia si bien para las renovaciones de permiso no son obligatorias, porque la obra tuvo modificaciones importantes y a nivel nacional fue aprobado un nuevo estudio de impacto ambiental” había manifestado Mariano Bertinant a la agencia Télam, en el momento de conocerse la convocatoria
Será la última etapa administrativa provincial en referencia al proyecto. Si la audiencia pública y el dictamen resultan favorables, la UTE Represas Patagonia tendrá los dos años para operar dando cuenta de las pruebas del impacto ambiental. En el Calafate, por ejemplo, han habido moviizaciones organizadas por la asociación por el Río Santa Cruz, bajo la consigna "Rio Santa Cruz sin represas) y anunciaron que viajaran ambientalistas locales para hacer oir su preocupación por la situación, ya que denuncian que las obras podrian causar un daño irreparable.
“Decidimos realizar la audiencia si bien para las renovaciones de permiso no son obligatorias, porque la obra tuvo modificaciones importantes y a nivel nacional fue aprobado un nuevo estudio de impacto ambiental” había manifestado Mariano Bertinant a la agencia Télam, en el momento de conocerse la convocatoria.
Será la última etapa administrativa provincial del proyecto. Si la audiencia pública y el dictamen resultan favorables, la UTE Represas Patagonia tendrá los dos años para operar dando cuenta de las pruebas del impacto ambiental.
La Corte Suprema de Justicia había hecho lugar en diciembre pasado a un amparo de asociaciones ambientalistas y suspendió las obras hasta la realización de nuevos Estudios de impacto ambiental y una audiencia pública en el Congreso. Esta se lelvó a cabo en julio concretados en julio pasado y los estudios fueron aprobados por el Gobierno nacional, en tanto el permiso provincial fue prorrogado esperando la decisión judicial.
Y más recientemente, hubo un rechazo de un amparo ambiental en el mes de septiembre que impedía la construcción de dos represas hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz, y que fue impulsado por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia
