Las modificaciones sustanciales al proyecto del Gasoducto del Sur Peruano (GSP) se efectuaron de manera no presencial, es decir, sin participación física de los entonces ministros y altos funcionarios de Ollanta Humala, lo cual habría sido un ‘modus operandi’ para aprobar proyectos a favor de las empresas brasileñas.
De esa forma ‘virtual’ se perfilaron las ‘Bases del Proyecto Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano’, el otorgamiento de seguridades y garantías del Estado a favor del concesionario, entre otras decisiones.
EXPRESO tuvo acceso a varias de las actas del Consejo Directivo de ProInversión de 2014, efectuadas durante el gobierno nacionalista y registradas meses antes de que se le adjudicara el GSP al consorcio formado por Odebrecht. Todas ellas se efectuaron por la vía electrónica.
Como se sabe, el proyecto del GSP, que contempla una inversión de US$ 7,300 millones, fue cancelado por el Gobierno peruano en enero pasado luego de que Odebrecht no pudiera lograr el financiamiento (“cierre financiero”) por el escándalo de corrupción en el que estuvo inmerso.
De acuerdo a los informes de la Contraloría General de la República, se aprobaron las bases del concurso sin que estas incluyeran un sistema de evaluación que contemplara la propuesta más conveniente, según se supo.
Además, el ente de control señaló que la versión final del contrato de concesión no cumplió con las disposiciones establecidas en las bases y en el proyecto del contrato y tampoco detectó si el operador estaría o no calificado para una tarea de esa envergadura.
Entre mayo y julio de 2014 el consejo directivo de ProInversión efectuó varias reuniones no presenciales que fueron registradas en diversas actas y en las que figuran los nombres de los entonces ministros de Economía, Luis Castilla; de Transportes, Carlos Paredes Rodríguez y su reemplazante José Gallardo Ku; de Energía, Eleodoro Mayorga; y de Agricultura, Juan Benites Ramos.
Asimismo están el entonces director ejecutivo de ProInversión, Javier Illescas Mucha, el secretario general (e) Gustavo Villegas del Solar; y el director de Promoción de Inversiones (e), Yaco Rosas Romero.
Por ejemplo, el acta Nº 595 indica que a las 3 de la tarde del 7 de mayo de 2014, en las instalaciones de ProInversión, se designó a los miembros del Comité Pro Seguridad Energética.
“El director ejecutivo [Javier Illescas] informó que a la fecha habían renunciado al comité la señora Rosa María Ortiz y el señor Guillermo Lecarnaqué, por lo que solicitaba se nombren los reemplazos correspondientes”, se indica.
“El ministro de Energía [Eleodoro Mayorga] sugirió a la señora Rosario Patiño Marca y a Édgar Ramírez Cadenillas como presidente, lo que se estaría formalizando en el transcurso del día junto con la norma correspondiente”, se precisa.
De la misma forma, el acta de la sesión Nº 590 del Consejo Directivo de ProInversión da cuenta de una modificación sustancial a las bases del proyecto el 21 de abril de 2014, la cual se aprobó en una sesión no presencial, fechada como si se hubiera realizado a las 5 de la tarde del mismo 21 de abril de 2014.
En otra sesión no presencial del Consejo Directivo de ProInversión se aprobó el otorgamiento de seguridades y garantías del Estado a favor de la sociedad concesionaria que, en ese momento, constituiría el adjudicatario Consorcio Gasoducto Sur Peruano.
gestión
El diseño del proyecto resulta más complejo pues ya no contará con el financiamiento de las facturas eléctricas, indicó la ministra de Energia y Minas, Cayetana Aljovín.
Cuando en enero de este año el Gobierno resolvió el contrato deGasoducto Sur por el caso Odebrecht, el presidente Pedro Pablo Kuczynski anunció que en nueve meses sería licitado nuevamente el proyecto, es decir, en octubre del 2017.
No obstante, los meses pasaron y en julio último el anterior ministro de Energía y Minas ( MEM), Gonzalo Tamayo, señaló que la licitación se realizaría a mediados del 2018.
Pero ello tampoco se cumplirá pues hoy la actual titular del MEM,Cayetana Aljovín, anunció que la licitación se dará a fines del 2018.
La demora se debe a que el diseño del proyecto resulta más complejo, pues ya no contará con el financiamiento de las facturas eléctricas, señaló Aljovín durante su presentación en el Foro Peruano de Inversión e Infraestructura 2017, organizado por Proinversión.
Asimismo, la ministra remarcó que el proyecto ahora sí cuenta con reservas de gas natural suficientes, a diferencia de lo que ocurrió en la anterior licitación del 2014.
