MARCELO BONELLI

Cristóbal López podría recibir en las próximas jornadas otro mazazo judicial: la Cámara de Casación tiene todo listo para dictaminar que su deuda con el fisco es una defraudación al Estado y que, por lo tanto, no podría recibir los beneficios de la moratoria tributaria. En términos jurídicos, rechazarían una maniobra del “zar del juego” para licuar sus deudas con la AFIP y, así, hacer viable la venta del Grupo Indalo.

Puesto en otros términos, no permitirían que el empresario kirchnerista pueda quedar impune y concretar un “pagadios” por 10.000 millones de pesos. Clarín confirmó que el contundente fallo adverso de la Corte Suprema, esta semana, habría reforzado el argumento de los miembros de Casación contra López.

Hay un total hermetismo, pero el tribunal habría dado una clara señal: su decisión será en cuestión de un puñado de días. Cristóbal estafó al Estado por 8.000 millones de pesos. Durante años retuvo ilegalmente el impuesto a los combustibles y con esa friolera financió la compra de medios, para apoyar en forma militante a Cristina. Ahora está dejando un tendal que perjudica sobre todo a los periodistas, a trabajadores y a figuras como Marcelo Tinelli.

La AFIP descubrió una maniobra adicional, por alrededor de 2.600 millones de pesos. En total, la maniobra contra el Estado sumaría 10.600 millones. Para eso tuvo la complicidad de Ricardo Echegaray y un fuerte aval político: de la ex presidenta y del jefe de La Cámpora, Máximo Kirchner. La AFIP lo denunció -como corresponde- en el fuero federal. Pero López logró -no se sabe cómo- que el caso pasara a la Justicia en lo Penal Económico.

Este plan lo habilitaría a presentarse en moratoria y zafar del escandaloso fraude.

La Cámara de Casación estaría ultimando el fallo que le daría un golpe a las pretensiones del “zar del juego” o, en caso contrario, facilitaría la operación de López. La integran los jueces de la vieja guardia conservadora Eduardo Riggi y Liliana Catucci y la más cercana al kirchnerismo, Ana María Figueroa .

En la AFIP dicen tener la información confidencial de que el fallo frenará la estafa de Cristóbal. Una decisión en ese sentido golpearía el corazón de los planes del empresario kirchnerista: haría fracasar la venta de Indalo al fondo que lidera Ignacio Rosner.

Rosner tiene ciertas conexiones con la Casa Rosada y ya hizo la compra total del Grupo Indalo. Hay un convenio secreto firmado bajo condiciones insólitas: la venta se hace en 100 pesos y a través de una sociedad que tiene sede en el paraíso fiscal de Delaware.

Pero Rosner condicionó todo a que la deuda con la AFIP quede en la Justicia Penal Tributaria y pueda ser refinanciada en 60 cómodas cuotas. Existe un fuerte juego de presiones sobre el tribunal. Hay allegados al Gobierno que quieren buscarle una salida al empresario. Federico Achával es su socio en las tragamonedas y -en los primeros meses del conflicto- utilizó su excelente llegada a Olivos.

En la Casa Rosada desmienten todo. En reuniones privadas, Marcos Peña transmitió que el Gobierno nada que ver tiene con un salvataje a López y a sus medios de comunicación.

López busca entregar todo, eludir a la AFIP y salir de escena. Nunca quiso entrar en el mercado de los medios, pero fue impulsado por Cristina y por su ambición de poder. Ahora se juega mucho: dicen que puede terminar preso y su imperio destruido.

En las próximas jornada habrá un desfile de hombres de negocios en Tribunales. Están salpicados por otro escándalo: la obra pública y Odebrecht. Enrique Wagner, ex titular de la Cámara de la Construcción, fue citado para el 4 de diciembre. Empresario del sur, Wagner fue líder del sector durante buena parte de la década kirchnerista.

Tambien están convocados directivos de Roggio, Supercemento y Castellone. Aldo Roggio habló del tema en una reunión reservada de la CAC: dijo que él no sabía de ningún pago de coimas y que, de haber existido, ocurrió en Brasil. La causa Odebrecht fue muy mal manejada por el actual gobierno. Por impericia o por decisión, la Argentina es uno de los pocos países que no hicieron acuerdo con Odebrecht para conocer a qué funcionarios le pagaron retornos.

Argentina comparte esa triste situación con Venezuela y Angola. Lejos -muy lejos- del mundo al que Mauricio Macri quiere ingresar. Entre varios ministros también existe una idea poco aceptable. Temen que propiciar una suerte de “ Lava Jato” local pueda espantar o retrasar inversiones. Esa teoría no la comparte Cambiemos. Elisa Carrió opina lo contrario y se plantea ir a fondo.

Tampoco la aceptan en el exterior: los hombres de negocios reclaman trasparencia en todas las reuniones con ministros y hasta con el propio Presidente. Los empresarios sólo hacen inversiones cuando un mercado asegura una lógica tasa de utilidad. Los actuales desajustes macroeconómicas no generan esas condiciones. Por eso no llovieron las inversiones. Encima, el BCRA aplica un “cepo monetario” que sólo favorece la bicicleta financiera.

Otra vez la tasa de interés abrió esta semana la disputa con Federico Sturzenegger: hay ministros que cuestionan la efectividad y la falta de resultados de la política antiinflacionaria del Banco Central.