Las organizaciones Greenpeace, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas advirtieron en un comunicado del riesgo que supondría modificar la Ley de Glaciares para fomentar la explotación minera, intención que atribuyeron al Gobierno.
Las organizaciones Greenpeace, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas se expresaron nuevamente ante las versiones sobre los planes del Gobierno Nacional de modificar la ley de glaciares para facilitar las inversiones mineras.
Greenpeace, FARN y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas manifestaron nuevamente su preocupación y alerta sobre ciertas versiones referidas a la futura modificación de la normativa vigente del Gobierno Nacional para beneficiar a los emprendimientos mineros.
El noviembre pasado, los ambientalistas denunciaron que existen 44 proyectos mineros que estarían sobre cuerpos de hielo protegidos por la ley, según consta en un informe técnico del Ministerio de Ambiente de la Nación.
“Cuidar las ganancias de las mineras es deber de las empresas; salvaguardar la salud de la población, el agua potable, los glaciares y su ambiente, responsabilidad del gobierno. Parece que Macri está confundido en su lista de prioridades”, argumentó Gonzalo Strano, coordinador de la campaña de glaciares de Greenpeace.
Esta iniciativa se ejecutaría en el medio de una causa llevada adelante por el juez federal Sebastián Casanello por incumplimiento de esta ley, vinculado a los cinco derrames de cianuro de la empresa Barrick Gold en sus proyectos Veladero y Lama, ocurridos entre 2015 y 2017. Por la causa, fueron citados a declaración Jorge Mayoral, ex-secretario de minería de la nación y Sergio Lorusso, ex-secretario de ambiente.
“Esta reforma es inadmisible desde el punto de vista de la protección del ambiente, pero también desde lo que sostiene el derecho internacional. Es decir, no se puede retroceder en la protección ambiental para beneficiar o compensar las demanda del sector de inversiones. Si Argentina cede ante esta situación se coloca como uno de los pocos países del mundo que baja sus estándares ambientales para admitir inversiones. Es un mensaje muy negativo y contradictorio, sobre todo cuando todavía no se pone en vigencia la propia Ley que exige un inventario de glaciares completo”, sostuvo Andrés Napoli, Director de FARN.
“No podemos permitir que el gobierno destruya la ley de glaciares. En medio de la Conferencia Internacional de Cambio Climático (COP23), Argentina planea destruir sus glaciares para favorecer a las grandes transnacionales mineras”, expresó Enrique Viale, representante de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.
JORGE DANIEL TAILLANT*
Macri blanquea finalmente que la Ley de Glaciares tiene un gran propósito, proteger a los glaciares y al ambiente periglacial de la minería.
Esa fue la razón de ser de la Ley de Glaciares cuando se adoptó en 2010. Era una ley intencionalmente restrictiva para la minería para que no destruyera el recurso hídrico contenido en los glaciares y en los suelos congelados del ambiente periglacial, tan importantes como fuente de recurso hídrico para todo el país.
Ahora, después de tanto debate, después de tantas veces que el sector minero lo negara, que la Provincia de San Juan lo negara, que Barrick Gold y tantas otras empresas como Glencore, Yamana, McEwen, Osisko, Stillwater y otras, lo negaran rotundamente y reiteradamente, efectivamente hay minería donde hay glaciares y ambiente periglacial. La necesidad de los mineros de destruir la Ley de Glaciares para poder hacer sus proyectos, lo confirma.
Para quienes trabajamos hace años en la promoción de la Ley de Glaciares y en su implementación desde el 2010, esto no es noticia. Lo que sí es noticia sin embargo, es que finalmente el gobierno nacional y los provinciales como San Juan, ante la reticencia de los inversores internacionales a poner su dinero en proyectos porque dañarían a glaciares y a ambiente periglacial (los suelos congelados que contienen aun más agua que los glaciares mismos), ahora reconocen el problema y para resolverlo quieren modificar la ley.
Antes decían, como lo dijo alguna vez el director del inventario de glaciares de San Juan, Silvio Peralta, “no hay glaciares done se hace minería”. Antes decían las autoridades provinciales que en Famatina no había glaciares, e incluso que ni siquiera había nieve, o ridículamente que el ambiente periglacial no aporta agua—cosa que es rotundamente falso. Hoy ya no hace falta mentir con lo absurdo, simplemente proponen cambiar la ley para poder legitimar el conflicto entre la actividad minera y un recurso tan clave como son los glaciares y el suelo congelado para la sustentabilidad del ambiente y para todos los Argentinos.
Peter Munk, Presidente de Barrick Gold, ya se lo dijo a Cristina Kirchner en el 2008, si se sostiene la Ley de Glaciares, Pascua Lama muere. Por eso la Presidente veto la primer versión de la Ley de Glaciares, y por eso renunció su Secretaria de Ambiente de la Nación en aquél momento, Romina Picolotti, y por eso le inventaron a la ambientalista, un causa judicial ficticia, para que no volviera a molestar con eso de la Ley de Glaciares.
Pero la Ley volvió en el 2010, apenas por unos votos, pero volvió. Y por eso hoy, Barrick Gold está frenado con Pascua Lama. Por eso hoy, El Pachón de Glencore Xstrata en San Juan no avanza. Por eso hoy McEwen frenó al proyecto de cobre Los Azules, también en San Juan. Por eso hoy Stillwater no toma pasos con el proyecto El Altar, también en la alta cordillera de San Juan. También por eso hoy, el proyecto de oro de Famatina está parado en La Rioja. Todos estos proyectos se encuentran plenamente en ambiente periglacial, rico en hielo, rico en agua, en zonas de altísima fragilidad hídrica y ambiental. Y en todos estos casos, la minería quiere romper el suelo para sacar minerales. Al menos una decena de proyectos mineros ubicados en zonas de glaciares y de ambiente periglacial, no avanzan.
Son los US$18,000 millones a los que se refieren los mineros cuando piden a gritos que anulemos la Ley de Glaciares que protege al hielo y al recurso hídrico de los avances destructivos industriales que se pretenden realizar en la alta montaña por encima de los 3,500 metros de altura. Son por estos proyectos que el gobierno de Macri le ha prometido a las empresas que derogará la Ley de Glaciares para que puedan avanzar sobre el hielo tranquilamente.
Figuras como Mario Capello, Sub Secretario de Minería y su jefe, Daniel Meilan el Secretario, y el propio Ministro Aranguren, están desesperados en mostrar avances económicos y para ello, pretenden reactivar la minería riesgosa de la alta montaña que no pudo hacerse anteriormente por conflictos con la naturaleza. Dicen que es por conflicto con ambientalistas extremistas, pero en realidad el conflicto lo tienen con el suelo, con el hielo, y con la enorme problemática de realizar una actividad industrial pesada en suelos que son extremadamente movedizos porque se congelan y descongelan permanentemente. Por eso, la Ley de Glaciares los protege, ya que este congelamiento y descongelamiento continuo es lo que regula el aporte hídrico a las cuencas.
Por este empecinamiento de avanzar con lo imposible y con lo destructivo en una zona de alto valor hídrico, el actual Ministro de Ambiente Sergio Bergman, a pesar de que ya tiene en sus manos el largo esperado inventario completo de glaciares a nivel nacional, no lo publica y no nos dice donde están los glaciares y el ambiente periglacial afectados por la proyección de la minería. Es lo mismo que hizo la provincia de San Juan, cuando allá por el año 2011 completó su inventario de glaciares, pero no mostró nunca donde estaban.
En el caso de San Juan, no nos revelaron los glaciares porque revelaría el conflicto con la minería que ellos negaban. En el caso de Bergman, no los muestra porque no lo dejan. En el gobierno de Macri, está claro que puede mas la minería que el ambiente. Como será la obvia inacción del gobierno nacional en materia de glaciares, que el Ministerio de Ambiente de Argentina, autoridad de aplicación de la Ley de Glaciares, luego de casi una década de conflicto político entre la minería y los glaciares, ni siquiera ha contratado a un glaciólogo entre sus filas. Simplemente, la protección de los glaciares y del ambiente periglacial para el gobierno federal, no es prioridad.
Pero ahora parece todo sincerarse. Macri, Aranguren, Meilan, Capello, y los demás funcionarios obsesionados por promover minería a toda costa, obrarán por destruir la Ley de Glaciares, por modificarla, por ablandarla, para así, proteger menos al hielo, para proteger menos a los glaciares, para proteger menos al ambiente periglacial, la fuente hídrica para gran parte del país y de los argentinos. A diferencia del Perito Moreno y todos los demás glaciares patagónicos, grandiosos, y vistosos, pero que no dan agua dulce prácticamente a nadie, los de San Juan, los de La Rioja, los de Mendoza, los de Catamarca, Jujuy y Salta, y todo el ambiente periglacial que los rodea, en los andes centrales, sí son fuentes importantísimas de agua dulce para la agricultura y para las comunidades en sus cuencas. Hoy con la política del gobierno nacional apuntando a flexibilizar la Ley de Glaciares, estos recursos hídricos están en peligro por un posible revés legislativo.
Concluyo con una idea del ex gobernador de San Juan, José Luis Gioja, cuando se refirió al la enormidad de la montaña en su provincia: “los Andes son grandes muchachos” decía Gioja, sugiriendo que había Andes para todos, que se podía hacer actividad minera y a su vez proteger a los recursos naturales, y por ello digo yo, ¿porqué no van a llenarse los bolsillos de oro en otro lado y dejan los glaciares y el ambiente periglacial en paz?
*Director del Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA)
