GUIDO CARELLI LYNCH
La presentación fue de la Oficina Anticorrupción y la tiene el juez Bonadio. Es por un acueducto y por la construcción de una planta potabilizadora entre 2013 y 2015
Cristóbal López suma más problemas en la Justicia. Ahora, la Oficina Anticorrupción (OA) denunció que una de las empresas de construcción del Grupo Indalo obtuvo sobreprecios por casi 100 millones de pesos por una obra de un acueducto entre las provincias de Chubut y Santa Cruz y por la instalación de una planta potabilizadora entre 2013 y 2015.
La denuncia penal recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°11, a cargo de Claudio Bonadio, el fiscal de la causa es Carlos Stornelli. La obra bajo la lupa es la Ejecución de la“Optimización del acueducto regional Lago Musters –Comodoro Rivadavia – Rada Tilly- Caleta Olivia – Provincias de Chubut y Santa Cruz”, que se había adjudicado a CPC S.A, la constructora propiedad de López, que también se había visto envuelta en supuestos alquileres fraudulentos a los hoteles de la familia Kirchner.
La obra licitada tenía por objeto realizar reparaciones en diversos tramos del acueducto que tomaba el agua para potabilizar del Lago Musters y la trasladaba hasta Comodoro Rivadavia, Rada Tilly y Caleta Olivia.
Dos auditorías vieron inconsistencias en los costos a partir de un cambio en la obra
El organismo que dirige Laura Alonso decidió avanzar con la denuncia al recibir una auditoría crítica de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y otra de la Unidad de Auditoría Interna del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) que habían observado inconsistencias en los costos a partir de una modificación en la obra para en la que -en apariencia, según consta en la denuncia a la que tuvo acceso Clarín- no había justificación.
Los cambios -que consistieron en la modificación de caños de mayor densidad en algunos tramos- solo habían sido sugeridos en un informe no vinculante elaborado por la empresa estatal AYSA, que -como ENOHSA- dependía del Ministerio de Planificación Federal que manejaba en ese momento Julio De Vido. Esos cambios habían sido rechazados antes por el gerente técnico José María Luján, hasta que fue reemplazado por Sergio Benet, que pidió el informe a AYSA. Esas modificaciones habrían causado un sobreprecio de $46.075.499,21, calculan en la OA.
Por una nueva modificación, se decidió la construcción de una planta potabilizadora de ósmosis inversa en Caleta Olivia, a pesar de que los primeros informes de los organismos oficiales aconsejaban recién para 2026 los estudios necesarios para planificar la conveniencia de la instalación, según consta en el expediente. La ENOHSA, además, tampoco tenía experiencia en la construcción de este tipo de plantas.
Para la instalación de la planta que debía extraer agua de mar se hubiera debido llamar a una nueva licitación, porque se trataba de una obra totalmente distinta a la presentada en el concurso original, observaron en la SIGEN. Sin embargo, otra vez fue ejecutada por la firma de López.
Según consta en la causa 15.384, la Sindicatura también verificó sobreprecios. Calculan que por la provisión de los cuatro módulos que conforman la planta de ósmosis inversa se habría pagado un sobreprecio de $46.757.340, mientras que por la instalación de esos módulos se habría pagado la suma de $ 6.741.499,68 de más; lo que sumado al sobreprecio en el acueducto da un total de $99.574.338,90.
“Habría existido un actuar concertado entre el organismo y la empresa contratista, que fue beneficiada con una ampliación ilegal de obras, las que se hicieron pasar como una modificación de una licitación”, se lee en la presentación realizada ante Bonadio.
"La empresa fue beneficiada con una ampliación ilegal de obras", dice la denuncia
La denuncia apunta principalmente contra la máxima autoridad de ENOHSA, Lucio Tamburo y al gerente técnico Benet, que aconsejó la intervención de AYSA en primer término y rechazó los informes de su antecesor. El ente dependía de la secretaría de Obras Públicas, a cargo del detenido José López y en última instancia de De Vido. Todos podrían ser imputados por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. En el expediente también se menciona al inspector de obra Ricardo Williams, porque fue quien solicitó la cotización a la empresa contratista el mismo día en que se requirió la instalación de la planta, y a la asesora legal del ente oficial Gabriela Tamame.
Por el lado de CPC, se menciona a su apoderado Gustavo Horacio Dalla Tea, que firma los pedidos por los nuevos costos y al ingeniero Luis Cenoz, representante de la empresa. El nombre de Cristóbal López todavía no aparece, pero lo cierto es que es una empresa que pertenece al grupo Indalo que él maneja.
Antes de la denuncia de la Oficina Anticorrupción, la constructora de López CPC había conseguido, ya bajo la gestión de Cambiemos, quedarse con una serie de obras. En julio pasado licitó y ganó la construcción de una ampliación del sistema de efluentes de Bariloche. Para ganar la obra hizo una oferta menor al presupuesto pautado. En 2016, además, había ganado la licitación para construir una ruta en Santa Cruz que había sido adjudica a Lázaro Báez durante el kirchnerismo y nunca la había terminado.Desde el Gobierno argumentaban que la empresa de López no tenía trabas judiciales ni de la AFIP. Con esta denuncia la situación puede cambiar para CPC.
En la denuncia de la OA, se solicitó a Bonadio la inmovilización de los bienes de la empresa, con el objetivo de asegurar un eventual decomiso de las ganancias del delito. Entre ellos, cuentan tres propiedades en la Ciudad.
Los medios de Cristóbal López no están exentos de los problemas económicos y judiciales que atravieza el empresario K. En el canal C5N, Radio 10, Pop, Mega y Vale, entre otros, denuncian que López y su socio Fabián De Sousa no están cumpliendo con el pago de sueldos que se realiza en cuotas o con atrasos.
Todo se da en el medio de las negociaciones por una venta del Grupo Indalo al fondo OP Investments, aunque la Justicia y la AFIP ponen trabas a esa transacción por las deudas que mantiene López con el ente recaudador. La falta de pago también afectó el vínculo entre Cristóbal y el conductor Marcelo Tinelli, a quien López le había comprado la productora decontenidos Ideas Del Sur. Según había dejado trascender Tinelli, el empresario K se había atrasado con el pago de su salario y el de los empleados de la productora y además no había terminado de abonar las cuotas por la venta de Ideas del Sur.
Ante ese escenario, el conductor rescindió el contrato con Indalo que lo retenía como figura hasta el 2023 por falta de cumplimiento de obligaciones.Según trascendió, Tinelli fundará una productora más chica y seguirá como figura de El Trece hasta el 2019. Así, garantizó que este año terminen las emisiones de ShowMatch que estaban en duda.
EDUARDO PALADINI
El Máximo Tribunal debe fallar sobre el concurso de acreedores por Oil Combustibles. La decisión sería inminente.
Cristóbal López lo esperaba como el peor regalo de Navidad. Pero acaso ni siquiera llegue a eso. Es inminente una decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que puede sentenciar el futuro del zar del juego. Según pudo confirmar Clarín, el Máximo Tribunal se apresta a fallar sobre el concurso de acreedores que impulsa el empresario para Oil Combustibles, la firma con la queevadió 8.000 millones de pesos durante el kirchnerismo. Esa plata, ya se contó, la usó entre otras cosas para comprar medios adictos al Gobierno anterior. La decisión judicial, a priori, iría en contra de los deseos de López.
Con este concurso, el empresario intentó una primera jugada fuera de la ley y la Corte ya le marcó el off side. Chubutense, López había presentado la convocatoria en esa provincia, intuyendo -¿sabiendo?- que jueces amigos provinciales avalarían su presentación. La AFIP cuestionó la medida y el Máximo Tribunal le dio la razón. El concurso debía tramitarse en la Ciudad de Buenos Aires, por una sencilla razón: allí estaba radicada la empresa en cuestión. Un cambio de domicilio posterior resultó burdo e insuficiente a los ojos de la Justicia.
El organismo recaudador que conduce Alberto Abad se convirtió en el peor enemigo de López. Le exige el pago de toda la deuda impositiva -ya estaría por arriba de los 10.000 millones, por los intereses- y se niega a cualquier movimiento del socio de los Kirchner que apunte a licuar esa deuda. Para la AFIP, el concurso es un “fraude” que apunta a conseguir alguna quita y/o moratoria. También rechaza la venta del Grupo Indalo que el empresario buscó -y busca- presentar como un hecho pero sigue frenada en la Justicia.
Hasta ahora, el mejor aliado de Abad parece ser el propio Mauricio Macri. Mientras algunos funcionarios de su gabinete se muestran proclives a conceder una salida a López, el Presidente sostiene la teoría Abad, aunque en el corto plazo esto puede implicar cierre de medios y cientos de empleados en la calle.
Como reveló este diario días atrás, en la Casa Rosada no descartan que López engrose en el corto o mediano plazo la lista de “emblemáticos presos”. En esa nómina ubican a sindicalistas como el “Caballo” Suárez y el “Pata” Medina, y ex funcionarios como Amado Boudou o Julio De Vido. ¿Lázaro Báez no vendría a ser un empresario K detenido? Por su origen de empleado bancario y repentina transformación en constructor multimillonario ni siquiera lo incluyen en esa categoría.
La próxima decisión de la Corte Suprema (los acuerdos los suele firmar los martes, aunque pueden hacer alguna excepción) dejaría al empresario en una complicadísima situación económica y judicial. Sin concurso, sus acreedores podrían pedir la ejecución de la compañía. Una caja de pandora con futuro incierto para el empresario.
El concurso de Oil es el más importante en términos económicos que tiene hoy el Máximo Tribunal en análisis para una compañía privada. Jurídicamente, en cambio, no reviste demasiado misterio. El concurso se acepta o no. A priori, no debería esperarse un fallo de esos que sientan jurisprudencia. Aunque a Cristóbal López pueda marcarle el futuro para siempre.
