Rago Gallo les tomará declaración en diciembre a cuatro exejecutivos. Es por la construcción de la escombrera.
Exdirectivos de la empresa Pachón habían quedado en la mira de la Justicia federal por no haber realizado los controles o tomar acciones para evitar que la minera chilena Los Pelambres arrojara, durante cinco años, 40 millones de toneladas de escombros en suelo calingastino, justo en el territorio de su propiedad. Luego de analizar los registros, el juez Leopoldo Rago Gallo definió a cuatro presuntos responsables y fijó las fechas de las indagatorias. Así, el 5 de diciembre le tomará declaración a Julián Patricio Rooney, el 6 a Luis Enrique Lucero, el 12 a Xavier Luis Ochoa y el 13 a Robert Frank Drabik, revelaron fuentes calificadas.
El escenario representa otro eslabón en la causa y hasta un giro, ya que Pachón fue quien demandó en 2014 y denunció en 2015 a Los Pelambres por la escombrera. El tema es que la misma se construyó entre 2007 y 2012. El dato salió a la luz ayer, luego de que se realizara la audiencia ordenada por el magistrado, en la que la minera chilena presentó un plan de retiro de la montaña de rocas en un plazo de cinco años y medio.
Fue Fiscalía de Estado de la provincia quien puso la denuncia en agosto para que la Justicia investigue la supuesta responsabilidad de exejecutivos de Pachón.
El fiscal Francisco Maldonado recogió el guante y le solicitó a Rago Gallo que ampliara la instrucción contra los que tuvieran alguna participación y los indagara. El juez hizo el análisis y citó a cuatro sospechosos. Los que están bajo la lupa fueron exdirectivos de la firma Xstrata Copper, que en 2013 fue adquirida por Glencore, actual propietaria del yacimiento de cobre El Pachón. Rooney fue director titular en 2007, 2010 y 2012.
Por su parte, Lucero fue vicepresidente en 2007, 2010, 2012 y 2015, mientras que Ochoa ejerció la Gerencia General en 2010 y 2012. Por último, Drabik fue gerente General en 2007, indicaron las fuentes.
Los cuatro serán indagados como sospechosos de infringir la ley 24.051 de Residuos Peligrosos. Esto es, la intervención de directores, gerentes y administradores de una empresa en el delito de contaminación.
Cuando le hizo lugar al pedido de indagatoria, Rago Gallo consideró que se debía determinar si la escombrera se generó tras una actitud "tolerante" por parte de la concesionaria del territorio. Por eso, intentará establecer si quienes manejaban el proyecto omitieron realizar un "efectivo control sobre el medio ambiente, procurando mantenerlo a salvo de riesgos externos". Tanto el fiscal de Estado, como el fiscal General y el juez entienden que la compañía, como propietaria del terreno en posesión de la pertenencia minera, tiene un deber de custodia y la obligación de conservar la zona de cualquier tipo de peligro.
En el Gobierno hay un sumario administrativo contra Pachón y desde hace tiempo sospechan que sabían de la existencia de la escombrera. Según las fuentes, la empresa tiene una perforación cerca de los residuos. Además, compró y anexó la mina Valentina I, donde está la escombrera, al proyecto de cobre bajo una cláusula en la que reconocía el estado del terreno y liberaba de reclamos futuros al vendedor.
Por el lado de Los Pelambres, los investigados son tres exgerentes (Ignacio Cruz Zabala, Alberto Cerda Mery y Robert Mayne-Nicholls) y el CEO de Antofagasta Minerals (Francisco Veloso), grupo que controla a esa compañía, como presuntos responsables de usurpación de suelo y agua y contaminación.
Con la presión de una investigación penal sobre sus espaldas y la orden del juez federal Leopoldo Rago Gallo, la minera chilena Los Pelambres presentó ayer finalmente el plan para retirar las 40 millones de toneladas que había depositado en la cordillera calingastina. Tras los pedidos de la gestión uñaquista, la compañía ajustó la remoción de seis a ocho años a cinco años y seis meses, con la posibilidad de una prórroga de un año. No obstante, desde Fiscalía de Estado y el Ministerio de Minería de la provincia se plantaron en que la extracción sea en cinco años y será el magistrado el que tenga la última palabra sobre los tiempos.
DIARIO DE CUYO accedió a la propuesta, en la que se indica que trasladarán la montaña de rocas a una escombrera en territorio trasandino, llamada Hualtatas, ubicada a 11 kilómetros. Como alternativa secundaria y en el caso de congestiones e inconvenientes, contemplan utilizar la escombrera de la mina Los Pelambres, que está a 19 kilómetros, también en suelo chileno. Desde la cartera minera local señalaron que el primer lugar ya tiene una capacidad de ocupación del 70 por ciento, mientras que el segundo, de un 30 por ciento. El plazo de remoción de cinco años y medio se debe, según las fuentes, a que cuando armaron la escombrera en la cordillera calingastina estaban a un kilómetro y medio de distancia de donde sacaban la roca. Ahora, la distancia de traslado del material es mucho mayor, 11 y 19 kilómetros.
Una vez aprobado el plan de remoción de la escombrera y obtenidos los permisos correspondientes, desde Los Pelambres indicaron que tienen la intención de iniciar los trabajos en diciembre. En una primera etapa, la empresa utilizará de tres a cinco camiones mineros de 100 toneladas de capacidad cada uno. Esa fase se estima que durará no menos de siete meses, ya que la minera chilena señaló que llamará a licitación para incorporar 10 camiones de 240 toneladas de capacidad cada uno.
Según trascendió en la audiencia ante al magistrado, toda la remoción de la escombrera Cerro Amarillo demandará una suma aproximada de 100 millones de dólares que serán afrontados por Los Pelambres.
Construcción
Desde 2007 a 2012, Los Pelambres arrojó 40 millones de toneladas de escombros en suelo sanjuanino. La escombrera tiene 1.360 metros de longitud y una altura de 40 metros.
Acciones
La empresa Pachón recién realizó la demanda civil contra Los Pelambre en 2014. Al año siguiente, radicó la denuncia penal por usurpación de agua y suelo y contaminación
De baja
La gestión uñaquista le dio de baja a un acuerdo con la minera chilena en el que se cerraba ambientalmente la escombrera, a la espera de un decisión diplomática o judicial sobre el retiro.
Informe
En la causa penal, el juez Rago Gallo ordenó una pericia del suelo y las aguas en la zona de la escombrera. El informe reveló que hay lagunas contaminadas y que es un foco de contaminación.
Otro implicado
Fiscalía de Estado y Fiscalía General le pidieron al magistrado que ampliara la investigación penal contra Pachón. El juez le hizo lugar y además ordenó el retiro de la escombrera.
