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Paradise Papers: Aranguren explicó rol en offshore Shell
07/11/2017
MINING PRESS/ENERNEWS

El ministro de la cartera de Energía y Minería de Argentina dio su explicación con respecto al hecho de que fue director de dos offshore de Shell.

La declaración de Aranguren:

"Luego de haber recibido en persona y contestado por escrito las preguntas del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, creo necesario aclarar varios puntos de las notas de prensa escritas sobre Paradise Papers en las que se me menciona.

Como es de conocimiento público, hasta el 30/06/2015 trabajé en la filial argentina (Shell Compañía Argentina de Petróleo S.A.) del grupo Royal Dutch Shell plc (RDS), en la cual empecé mi carrera profesional el 8 de marzo de 1979 como Tecnólogo Junior de procesos, terminando en el puesto de Presidente, cargo que desempeñé desde el 01/01/2003 hasta el 30/06/2015.

Como parte de mi carrera en el grupo Shell, me desempeñé en el exterior en dos instancias: a) en Geelong, Australia, entre 1985 y 1986; y b) en Londres, Reino Unido, entre 1995 y 1997. En la primera asignación lo hice en el área de Tecnología de Procesos y en la segunda como Coordinador de Área para los países anglo parlantes del África (durante 1995) y luego de Latino América (en 1996 y 1997). 

En ambos casos, era práctica común desempeñar el rol de director representante del accionista en alguna de las tantas compañías subsidiarias que operaban en dichas regiones. Asimismo, adicionalmente a mi responsabilidad como presidente de Shell Argentina también me desempeñé por algunos años (entre 2003 y 2005) como Vicepresidente de Suministros y Distribución de una organización regional llamada Shell Oil Products Latin America (SOPLA), teniendo la responsabilidad del suministro y la distribución de productos Shell en todos los países de Latinoamérica, parte de la cual también incluía ser director representante del accionista en algunas de las entidades que operaban en la región. En el marco de esa función laboral, fui director de Shell Western Supply and Trading Limited con sede en Barbados, cargo que dejé hace más de 12 años.

Ser director en estas firmas, como la operatoria de las mismas, no constituye per se un delito ni viola la ley. El grupo Royal Dutch Shell plc es una organización multinacional con actividades en múltiples países del mundo y Shell C.A.P.S.A. es su filial en Argentina. En mis asignaciones como expatriado (entre 1995-1997) o cuando desempeñé además de un puesto local otro regional, tuve presencia en directorios de varias compañías donde el grupo RDS tenía intereses.

Operar comercialmente en los países antes mencionados tampoco es un delito. No hay una prohibición legal de realizar actividades comerciales en dichos países. Cabe aclarar además que mientras estuve en la empresa, las filiales se dedicaron exclusivamente a actividades petroleras.

Las notas y comentarios periodísticos relacionan estas actividades de mi etapa laboral en Shell con las compras de Gas Natural Licuado (GNL) y gasoil, a través de ENARSA y CAMMESA, respectivamente, realizadas durante la actual gestión de gobierno.

Quiero aclarar una vez más que, tal como lo ordena la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, desde que soy Ministro no tuve participación en ninguna operación adjudicada a Shell ni en ninguna otra actuación referida particularmente a Shell. Todas las compras de ENARSA y CAMMESA se hacen a través de licitaciones públicas, abiertas y transparentes, en las que se convoca a proveedores de todo el mundo.

Todas las licitaciones, cualquiera sea el adjudicatario, se adjudican a la oferta más conveniente para el erario.

Sin embargo, cuando la oferta seleccionada es de Shell me abstengo de intervenir y ordeno el envío de las actuaciones al Ministro de Producción, que me subroga como consecuencia de mi excusación en todo lo relacionado particularmente a mi anterior empleador, conforme lo aprobara el Presidente Macri por el decreto 1006/2016.

Cabe agregar, que por instrucciones mías, ENARSA ha remitido a la Jefatura de Gabinete de Ministros, a la Oficina Anticorrupción y a la SIGEN toda la documentación de las licitaciones adjudicadas a Shell, que es una de las 10 empresas a las que se le han adjudicado licitaciones de GNL durante 2017, incluyendo las ofertas de todos sus competidores, antes de concretar la adjudicación, a fin de que verifiquen la regularidad del procedimiento; más allá de que la SIGEN controla lo actuado por ENARSA a través de la Comisión Fiscalizadora de la empresa.

En el mismo sentido, no he tenido intervención alguna en compras de gasoil importado realizadas por CAMMESA, que fueron consecuencia de licitaciones internacionales llevadas adelante por YPF en virtud de un acuerdo entre ambas empresas, y las que fueron auditadas por SIGEN, verificándose que en todo momento he cumplido con mi deber de abstención.

Para aquellos que aún tengan dudas, los invito a ingresar a las páginas web de ENARSA y CAMMESA donde encontrarán por ejemplo todos los cargamentos de GNL adjudicados, con información de barco, puerto de origen, vendedor, fórmula de precio, precio, cantidad y monto facturado. Antes de la llegada del gobierno de CAMBIEMOS no había información pública sobre estas adjudicaciones.

Por último quiero recordar que en septiembre de 2016 me desprendí de mis acciones en Shell, que eran fruto de mis 36 años de trabajo en la empresa. Lo hice siguiendo una recomendación de la Oficina Anticorrupción aun cuando ese mismo organismo aclaró que no había una obligación legal de hacerlo. Dejé constancia de los montos percibidos ante escribano público y en mi última Declaración Jurada correspondiente al año 2016 presentada ante la Oficina Anticorrupción.

Ing. Juan J. Aranguren. Ministro de Energía y Minería "


Por qué desde el massismo piden que Aranguren y Caputo
vayan presos como De Vido

INFONEWS

Graciela Camaño, una de las principales voceras de esa fuerza y jefa de la bancada de diputados, explicó la posición en base a los últimos fallos judiciales. 

La aparición de los Paradise Papers implicó un momento de zozobra que algunos de los implicados no logran superar. Es el caso de los ministros Luis Caputo y Juan José Aranguren. A los pedidos de renuncia que se hicieron oír desde el kirchnerismo, se suma ahora un reclamo más severo desde el massismo: que vayan presos.

En ese sentido, la diputada Graciela Camaño señaló que son “muy interesantes”los argumentos esgrimidos por el camarista Martín Irurzun, base fundamental para la detención de Julio De Vido y Amado Boudou, que por su pasado como exfuncionarios podrían entorpecer a la Justicia. A partir de ellos, pidió que se aplique el mismo criterio con integrantes del actual gobierno, como Caputo y Aranguren.

“Es muy interesante la ampliación de los conceptos para que, los que tienen poder, puedan ser castigados”, apuntó la legisladora. Para la jefa de los diputaos massistas, “la Justicia hizo una interpretación, que no es jurisprudencia, sobre un artículo que desde 1994 la Constitución ha incorporado, y que equipara el delito de corrupción con un delito similar a los de lesa humanidad".

A mi me resulta increíble todas las irregularidades que ha cometido desde el principio Aranguren, quien teniendo acciones de Shell fue beneficiado", insistió en diálogo con el programa A los botes, que se emite por FutoRock FM. Y no se quedó ahí. Aseguró que "nos tratan de tontos" porque, "después, la persona encargada de la Oficina Anticorrupción dice que le recomendó deshacerse de esas acciones, cuando resulta que eso debe realizarse tres años antes y hasta tres años después del ejercicio de su función pública".

En el caso de Caputo, la legisladora recordó que "tiene una investigación judicial porque su empresa cobró comisiones por intermediar en la colocación de bonos", dinero que "se cobró del fondo de redistribución de la Anses" y agregó: "Por esto hay una causa, y debería estar preso, siguiendo el criterio del doctor Irurzun, porque tiene poder en tanto funcionario actual", sintetizó. 

 


 

Aranguren: su paso por una offshore de Shell 
A la que el Estado le compró gasoil por US$ 150 M

PERFIL

Sandra Crucianelli

La participación del ministro en la petrolera vuelve ser un problema. Qué datos lo vinculan con un paraíso fiscal.

El ministro de Energía, Juan José Aranguren, es otro de los argentinos relacionados al mundo offshore en Paradise Papers, el proyecto impulsado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung. El ex CEO de la petrolera Shell fue director de al menos dos empresas radicadas en una jurisdicción secreta, según los documentos a los que accedió Perfil, miembro del equipo argentino de esta investigación global.  

El hecho sería una anécdota del pasado, si no fuera porque una de ellas es la principal adjudicataria por la compra de gasoil por parte del actual gobierno.

Entre abril y septiembre de 2003, Aranguren aparece vinculado a Shell Western Supply and Trading Limited, una subsidiaria de Royal Dutch Shell PLC, radicada en Barbados. También, figura como director de Sol Antilles y Guianas Limited, otra filial de la petrolera anglo-holandesa, entre mayo y julio de 1996.

En abril de 2016, Shell Western Supply and Trading se quedó con siete de los ocho cargamentos de gas oil licitados por CAMMESA, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico, que depende del ministerio de Aranguren. La petrolera estatal YPF también participa en el proceso: elige a los oferentes y CAMMESA los contrata. La compra había sido revelada por PERFIL el año pasado. Pero no se conocía la relación directa entre la offshore y Aranguren, hasta ahora.  

¿Por qué Argentina importa combustible? Como el gas que se produce en el país no es suficiente para hogares, industrias y usinas térmicas, entre mayo y agosto se importa una gran cantidad de cargamentos de gasoil y fuel oil.

“Fue la (compañía) que ofertó el precio más conveniente para el Estado” dijo Aranguren sobre la operación, que rondó los 150 millones de dólares. Consultado por el equipo argentino de Paradise Papers sobre el origen secreto de la compañía que contrató el Estado, el ministro admitió que se vincula con la intención de pagar menos tributos y lo enmarcó en una práctica habitual de las multinacionales, en particular, las petroleras y traders. “Muchas tienen domicilio en países que se caracterizan por aplicar un régimen tributario favorable. No tenemos constancias de que existan limitaciones legales en el comercio internacional para operar con empresas de esas características” explicó.

Además se desligó de cualquier influencia suya en el contrato de CAMMESA, al recordar que en todo lo relativo con Shell, quien lo reemplaza en ese tipo de decisiones es su par del ministerio de Producción, Francisco Cabrera (por una resolución ministerial y un decreto del Presidente).

Aranguren sostuvo que no intervino en la adquisición de gasoil por parte de CAMMESA a la empresa offshore Shell Western Supply and Trading Ltd. “La operación fue realizada por YPF en el marco de un Acuerdo de Gestión celebrado en el año 2012 y sucesivamente prorrogado, conforme al cual es la empresa petrolera argentina quien realiza la convocatoria a los diversos proveedores a presentar ofertas, estipula las condiciones generales para la contratación y realiza la evaluación de las propuestas. La Secretaría de Energía sólo gestiona el procedimiento de pago”, expresó en su descargo. En la misma línea dejó al margen de cualquier favoritismo al titular de Enarsa, Hugo Balboa, otro ex Shell, a quien Aranguren define como “un amigo”. 

Sobre Guiana Lmited, otra de las offshore en las que aparece, Aranguren deslizó que podría haber “alguna confusión de nombres”, respecto de la primera admitió una pertenencia breve, aunque la justificó y calificó de “ad honorem”.

Sobre su presencia en Sol Antiiles y Guianas Limited, que realizó millonarios contratos petroleros en Puerto Rico, Suriname, Guyana y Haití, los documentos de Paradise Papers ubican a Aranguren en sus directorios entre mayo y julio de 1996.

“Creo que hay una confusión de nombres. En lugar de Sol debería ser Shell. Esto puede ser porque Sol es un grupo petrolero del Caribe que compró los activos de Shell en parte de esa región en 2005”, afirmó el ministro.

El Grupo Sol, adquirió The Shell Company (Puerto Rico) Limited en agosto de 2006, que posteriormente pasó a llamarse Sol Puerto Rico Limitado. 

Bajo los ojos de la Oficina Anticorrupción. El ministro ya había quedado en la mira por su pasado reciente en Shell y el notorio incremento en los contratos que la firma suscribió con el Estado argentino en lo que va de la era Macri.

El año pasado, el organismo que dirige Laura Alonso determinó que el funcionario "debe abstenerse de tomar intervención en cuestiones relacionadas con el Grupo Shell”, en función de lo que exige la Ley de Ética Pública.

La polémica se inició cuando se supo que según su declaración jurada patrimonial del 2015, Aranguren declaró tener desde diciembre de 2008, acciones Clase A, en la Royal Dutch Shell PLC, por valor de $ 16.326.051,67, al día de hoy, unos 900.000 dólares. El mismo valor, por el mismo concepto, volvió a informarlo en su declaración jurada a principios del año siguiente.

Cuando el caso se hizo público, en 2016, la Oficina Anticorrupción se expidió diciendo que se le haría una "recomendación preventiva", la cual acató porque para el final de 2016, dichas acciones ya no aparecían en su declaración jurada.

Elisa Carrió dijo que el conflicto de intereses era evidente. Entonces, el Gobierno salió a defenderlo, diciendo que la porción de acciones del ministro dentro de la petrolera representaba “apenas el 0,0001% del patrimonio total de la multinacional.

Su participación resulta pequeña, claro, ya que se trata de una de las cuatro petroleras más grandes del mundo, valuada en 323 billones de dólares. Pero con relación a su patrimonio no era poco. De los $ 86.685.999,94 en bienes, depósitos y dinero declarados al Inicio del 2016, el dinero que tenía invertido Aranguren en Shell representaba casi el 20 % de su patrimonio.

En septiembre del año pasado, Laura Alonso sostuvo que "no tenía información suficiente” como para concluir si Aranguren había violado la ley y le derivó el caso a la Sindicatura General de la Nación para que audite si Aranguren participó o no del proceso en cuestión, tal como se lee en esta resolución.

Fueron 2 tipos de documentos los que a los que la OA no tuvo acceso:

1) Las constancias escritas de la aprobación de la operación con este empresa offshore por parte de la Secretaría de Energía Eléctrica del  Ministerio de Energía y Minería. 

2) Las “Actas de Reuniones Informe de Situación Combustibles 2016” celebradas en las dependencias de CAMMESA, entre representantes de esa empresa y distintos actores del sector energético.

 


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