La reina Isabel II, el secretario de comercio de Estados Unidos Wilbur Ross y la multinacional anglosuiza Glencore están entre los nombres más mencionados en el marco de la filtración conocida como los Paradise Papers.
Pero entre los 13,4 millones de documentos sobre operaciones en centros financieros offshore también aparecen mencionados numerosas personas y empresas latinoamericanas.
Como sucedió el año pasado con los Panamá Papers, los documentos fueron obtenidos por el periódico alemán Süddeutsche Zeitung, que se puso en contacto con el Consorcio internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) para que coordinara una investigación global.
Y, además de la BBC, entre los casi 100 publicaciones que han estado analizando la información hay medios y periodistas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Paraguay, Perú, Puerto Rico y Venezuela.
Algunos ya han empezado a compartir sus averiguaciones. Y más revelaciones se irán haciendo públicas en el transcurso de la semana.
La gran mayoría de los involucrados en las transacciones expuestas por los Paradise Papers niegan haber cometido alguna ilegalidad y hay muchas razones perfectamente válidas para recurrir a centros financieros offshore.
Pero, por considerarlo de interés público, a continuación presentamos un resumen de las principales menciones de actores de la región latinoamericana a la fecha, aclarando que la BBC no ha tenido la oportunidad de validar los reportajes publicados.
En Argentina, el caso más destacado por los medios vinculados a la investigación (La Nación, Perfil y América TV) es el del actual ministro de Finanzas, Luis Caputo.
Según estas publicaciones, antes de asumir como ministro, Caputo fungió como administrador de Noctua Partners Llc, "una gerenciadora de fondos de inversión de Miami con ramificaciones en Delaware y las Islas Caimán, dos jurisdicciones donde rige el secreto y los beneficios fiscales".
En particular, entre 2009 y hasta su entrada a la gestión pública, Caputo fue "manager" de Alto Global Fund, un hedge fund del conglomerado de Noctua basado en las Islas caimán dedicado a administrar inversiones de alto riesgo.
El ministro, sin embargo, afirma haberse desvinculado completamente de ambas empresas antes de asumir como secretario de Finanzas, en diciembre de 2015.
También defiende no haberlas mencionada en la declaración patrimonial presentada antes de asumir el cargo por haberse desempeñado como un mero "administrador", sin participación accionaria.
Según Caputo, los honorarios percibidos por su trabajo en Alto Global Fund fueron debidamente declarados y tributados.
Como explica La Nación, operar con una sociedad offshore o abrir una cuenta bancaria en un paraíso fiscal no es, en sí misma, una actividad ilícita.
Pero si su "beneficiario final" no declara su dinero o cualquier otro activo a las autoridades tributarias de su país, puede incurrir en evasión o lavado, entre otros delitos posibles.
Y, para Perfil, "el caso pone al gobierno de Mauricio Macri, que busca mostrar otra cara en la lucha contra el lavado de activos y la opacidad financiera, en una situación al menos incómoda".
"Argentina asumirá en 2018 la presidencia del G20, justamente cuando la alianza de 'países industrializados y emergentes' busca ponerse a la delantera de la lucha contra los paraísos fiscales, tras el tsunami de los Panamá Papers" recuerda el diario.
En el caso de Chile, el Consorcio internacional de Periodistas de Investigación trabajó con el Centro de Investigación Periodística, CIPER, que prometió empezar a publicar sus investigaciones este 6 de noviembre.
Al momento de esta publicación, sin embargo, el CIPER sólo había adelantado que entre los más de 13 millones de documentos de los Paradise Papers "aparecen nombres que conectan con chilenos".
"En esos casos, los archivos solo consignan información suelta y/o superficialque no entrega mayores pistas respecto de los montos que mueven hacia paraísos fiscales ni transacciones relacionadas. Tampoco de los abogados locales que los asesoran en estos negocios", advierte la organización.
El CIPER, sin embargo, dice haber trabajado e identificado "casos cuya evidencia -correos electrónicos y registros legales, principalmente- al menos permite una primera aproximación al diseño y uso de esquemas agresivos de planificación tributaria".
La mención del actual presidente de Colombia y Premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos, en los documentos filtrados es la más comentada de todas las identificadas por el diario El Espectador y la plataforma Connectas, los socios colombianos del ICIJ en esta investigación.
Específicamente, Santos es vinculado a dos sociedades basadas en Barbadosvinculadas, en tanto accionistas mayoritarias, con Global Education Group Colombia S.A., una compañía que financia gastos educativos de colombianos en el exterior que tuvo a Santos como miembro de su junta directiva en 1998.
Según los documentos, en el año 2001 -cuando se desempeñaba como ministro de Hacienda- Santos era el director de Global Tuition & Education Insurance Corporation.
Los documentos también lo señalan como director de otra compañía aseguradora de Barbados, Nova Holding Company Limited, entre abril y mayo de 2000.
Consultado sobre el tema, el mandatario reconoció que por causa de su interés en la educación había sido invitado a ser parte de la junta de Global.
"Y participé como miembro por poco tiempo, hasta cuando asumí como Ministro de Hacienda en el Gobierno de Andrés Pastrana", agregó.
"Por ayudar como miembro de la junta me ofrecieron la posibilidad de una opción para adquirir una participación minoritaria a la cual renuncié en el año 2000. Nunca invertí un solo peso y nunca fui socio de esa compañía", aseguró sin embargo el mandatario.
"Desconozco por qué aparezco como miembro de la junta dos años después. Me imagino que se demoraron en registrar oficialmente los cambios", explicó.
Según El espectador, además de Santos, más de 200 colombianos están mencionados en los Paradise Papers.
"De la mano de la firma de abogados Appleby, radicada en Bermudas, importantes compañías del país terminaron abriendo filiales en esa isla del Caribe", asegura la publicación.
"Es el caso de Ecopetrol, la Empresa de Energía de Bogotá, ISA (Interconexión Eléctrica S.A.) o EPM (Empresa Públicas de Medellín). También le han apostado a este esquema el contratista William Vélez, los empresarios Carlos y Francisco Ríos Velilla o compañías como Express del Futuro, Covinoc, Yara, la Fundación Social o seguros Paralife", detalla.
Otros individuos y empresas también son mencionados en vinculación con otros paraísos fiscales.
El Semanario Universidad, Amelia Rueda y el periódico La Voz de Guanacaste son los socios costarricenses del ICIJ para todo lo referido a los Paradise Papers.
Pero, al momento de preparar este resumen, solamente La Voz de Guanacasteha publicado los resultados de su investigación, la que se centra en el uso de paraísos fiscales por parte de los inversionistas de importantes proyectos turísticos de esa región.
"La corporación costarricense Florida Ice & Farm (Fifco) y la fundación estadounidense Schwan controlaron muchas de sus inversiones millonarias sobre el Polo Turístico Golfo de Papagayo desde una red de compañías de papel creadas en paraísos fiscales", afirma La Voz de Guanacaste.
"Las empresas refugiaron sus préstamos, ganancias y transacciones en países como Bahamas, Islas Vírgenes Británicas y Gran Caimán, que no solo están fuera del alcance del control fiscal de Costa Rica sino que no cobran impuestos por este tipo de actividades", asegura la publicación.
Según el periódico, Fifco aseguró que sus actuaciones "estuvieron siempre apegadas al marco legal vigente" y que nunca les generaron un beneficio fiscal.
"Sus directivos declinaron brindar una entrevista en persona para ampliar detalles y no contestaron puntualmente a varias de las preguntas enviadas al correo electrónico de su departamento de prensa, pero enviaron una declaración escrita general" explicó la publicación.
En su reportaje, sin embargo, se menciona una vieja declaración de un directivo de Fifco al diario La Nación, en la que explica la formación de sociedades en paraísos fiscales porque su socio, la fundación Schwan, quería hacer los negocios en un "territorio neutral".
Los directivos de The Marvin M. Schwan Charitable Foundation, por su parte, no contestaron al cuestionario de preguntas enviado a sus correos electrónicos y a su oficina.
Según el diario costarricense, se utilizaron los reportes de la fundación ante el fisco de Estados Unidos (IRS), en conjunto con los Paradise Papers, para conocer mejor a una entidad "cuyas inversiones en islas del Caribe y en Costa Rica los condujeron a un camino de pérdidas de casi $500 millones".
La principal revelación en el caso de El Salvador, trabajada por el portal digital El Faro, es el traslado a Bermuda de más US$50 millones generados por la venta de una microfinanciera operada por una influyente fundación local.
La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), es descrita por El Faro como "el tanque de pensamiento más poderoso de El Salvador, que agrupa los intereses de las grandes corporaciones privadas y del gran capital salvadoreño".
"(Fusades) nunca pagó impuestos por la operación de su financiera, tampoco por el producto de su venta en 2007 y tampoco ha pagado tributos por los réditos que obtiene de sus inversiones manejadas por dos sociedades offshore en Bermuda", destaca El Faro.
Y aunque la publicación reconoce que la organización no ha incurrido en ninguna ilegalidad, pues como fundación sin fines de lucro está exenta del pago de impuestos en todas su actividades, también destaca que no todos los expertos coinciden en que eso sea una buena idea.
"En el caso de Fusades, el punto de debate desde 2006 es si la Fundación, por ser una institución de utilidad pública, tiene derecho a que se le exima del pago de impuestos por cualquier actividad que realice (…). La controversia es sobre el ser y sobre el hacer", sostiene la publicación, que también destaca la gran influencia del centro de pensamiento en la legislación local.
Fusades, por su parte, justificó la decisión de colocar el dinero en Bermuda por la falta de opciones viables en El Salvador.
"Las opciones existen, pero son menores. Para invertir de forma diversificada, debes ir a los mercados internacionales. Para llegar a esos mercados, tenés que crear un vehículo con su personería jurídica", explicó en una entrevista con El Faro su presidente, Miguel Ángel Simán.
"Constituimos el vehículo -Fusades International Trust y Fusades Limited- de forma transparente y de forma legal para poder hacer esas inversiones, asegurarlas, hacerlas crecer y hacerlas sostenibles... Todos los recursos que se invierten por el fideicomiso regresan a El Salvador para asegurar la operación y continuidad de la institución" aseguró.
Eduardo Fox, la persona clave en las operaciones offshore. Según la Sunat, el Perú deja de percibir S/ 55 mil millones en elusión de impuestos al año.
Tras el caso de Panama Papers saltó un nuevo caso como parte de la investigación global Paradise Papers, liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). Así se abrió 6.8 millones de documentos pertenecientes al estudio legal Appleby, en los cuales se hallaron nombres de más de 110 empresarios, ejecutivos, abogados y compañías que emplearon sus servicios y están vinculados al Perú, reveló Convoca.
En las islas Bermudas, uno de los principales paraísos fiscales utilizados para evadir y eludir el pago de impuestos, tiene desde 1898 su sede el estudio legal Appleby, proveedor de empresas de papel y de otros servicios extraterritoriales para corporaciones, multimillonarios y otros que requieran discreción en el manejo de sus fondos. Aunque no tiene oficina en Lima, Appleby cuenta con un alto ejecutivo asignado para sus operaciones en Latinoamérica, se trata del mexicano Eduardo Fox de la Mora, quien labora hace más de 20 años en aquel bufete.
Entre los clientes peruanos destacan dueños, ejecutivos y compañías del sector minero, petrolero, de energía, así como de la industria de cosméticos y cuidado personal, y otras actividades empresariales. Víctor Shiguiyama, jefe de la Sunat, informó la semana pasada que el Estado peruano deja de percibir al año más de S/ 55 mil millones por elusión de impuestos.
Casos ya revelados Los casos de las empresas peruanas se tratan de préstamos como lo ocurrido por la suiza Glencore y la argentina Pluspetrol. Lo mismo ocurre con la empresa Belcorp, que habría realizado operaciones financieras en favor de sus subsidiarias y, por otro lado, la formación de un seguro para sus empleados. Tras conocerse el caso, Belcorp se pronunciaría hoy.
