El Gerente General de la empresa, Pablo Pérez Burgos, negó que Cartellone se hará cargo de los proyectos de la multinacional española en el país. “Es verdad que estuvimos analizando la operación, sin embargo desistimos y nunca avanzamos con negociaciones”, dijo al ser consultado por Rumbo Energético, negando la versión  que aseguraba que la operación sólo dependía de la aprobación de la Justicia.

De esta manera se extiende la novela de Isolux en Argentina, que deja en el país numerosas obras inconclusas, algunas de las cuales son clave para el Gobierno, como la usina de Río Turbio, en Santa Cruz.

La obra energética es centro de una amplia investigación judicial por la supuesta malversación de fondos públicos durante el gobierno de Cristina Kirchner y la gestión del ex ministro de Planificación Julio De Vido, en el cual se gastaron 1.630 millones de dólares para la construcción de una central térmica de 250 MW que está inconclusa.

En el sector energético se estima que una obra de similares características no debería costar más de 700 millones de dólares, lo que refleja los sobrecostos en que incurrió la obra.

Además de las numerosas obras energéticas y civiles que culminó en los últimos años, Isolux dejó abiertos trabajos que van desde la construcción de Paseo del Bajo, obras licitadas por la Dirección Nacional de Vialidad, la construcción de la obra civil del reactor Carem25, y la usina que funcionará a carbón en el sur santacruceño.

En la cartera energética se confiaba en que “si la operación lograba ser rentable se podría avanzar en un plan para alcanzar una producción 1,1 millones de toneladas de carbón para cuando esté operable el segundo de los módulos de la usina”.

Pero el yacimiento también enfrenta sus problemas propios, ya que no sólo la empresa YCRT hoy intervenida aún no tiene una definición jurídica -la que se definiría antes de fin de año- sino que el Gobierno denunció los convenios colectivos y considera que para poder operar de una manera satisfactoria debería contar con una dotación de 1.450 personas, es decir muy inferior a las 2.770 que integran la actual planta de trabajo.

Para avanzar en la resolución de ese tema, el Gobierno tiene abierta una propuesta de retiro anticipado y prevé ofrecer a los trabajadores de la mina continuar sus tareas en las obras de construcción de la represa hidroeléctrica Cóndor Cliff, ubicada a unos 300 kilómetros del yacimiento.