CARLOS PAGNI

Las reformas que ha lanzado el presidente Mauricio Macri son un retrato del experimento Cambiemos. Dejan entrever su plan político. Sobre todo en la estratégica y razonable modificación del cálculo de actualización de las jubilaciones. Y exhiben con bastante claridad las limitaciones y los dilemas de su política económica.

El primer límite es la necesidad de reducir el déficit fiscal. El Gobierno confía en seguir financiándose con endeudamiento. Pero para que eso sea posible debe demostrar que el desequilibrio tiende a reducirse al mercado internacional de crédito. Como garante del gradualismo, es el consumidor principal de estas iniciativas. La deuda es más barata cuanto menor es el desequilibrio.

El segundo límite es la pobreza en la que vive el 30% de la población. Esa dolorosa realidad determina que seguirá habiendo bastante Estado por bastante tiempo. Y explica, por lo tanto, por qué es imposible reducir el déficit apelando sólo a una reducción del gasto. La ortodoxia es socialmente inviable.

Este impedimento cobija una paradoja. La estrategia del oficialismo pretende derrotar a la pobreza por la vía de un crecimiento impulsado por la inversión privada. Pero esa inversión resulta fiscalmente inviable. Es el tercer límite. Por eso las reformas deben atenuar la presión impositiva. Entre la inviabilidad social del ajuste y la inviabilidad fiscal de la inversión se abre el estrecho sendero por el que se mueve la reforma de Macri.

Sería superficial desconectar esta orientación económica de los objetivos políticos de Cambiemos. Para entender el gradualismo hay que advertir que la de Macri es una variante exótica de no peronismo, porque aspira a la representación de los pobres. O, si se lo quiere ver en clave territorial, a ganar el conurbano bonaerense. ¿Es un delirio? Esteban Bullrich sacó 35% de los votos en la tercera sección electoral, que va desde La Matanza hasta Avellaneda.

Las novedades que han empezado a discutirse son un modelo para armar. Su primera pieza es la reforma tributaria nacional. Supone dos aumentos de ingresos para el Estado, que se escudan en la corrección política. Uno es el impuesto a las bebidas que "hacen mal". Hay un capítulo que será discutidísimo: el tributo sobre el vino. Macri es abstemio. Pero Alfredo Cornejo, el gobernador de Mendoza, viene de obtener el 46% de los votos para Cambiemos. El lunes estuvo reunido con Nicolás Dujovne.

El otro nuevo impuesto es el de la renta financiera. Aquí el gabinete enfrentó otra contradicción. Desde el punto de vista político, es inaceptable no aplicarlo. Sin embargo, muchísimos argentinos no compran títulos o depositan sus ahorros para enriquecerse, sino para cubrirse de la inflación. Además, los funcionarios del área económica, en especial Luis Caputo, el ministro de Finanzas, no quieren castigar a los que financian el programa.

A partir de estas limitaciones se diseñó un impuesto que grava sólo la ganancia que supera a la inflación. Se impone sólo a las personas físicas, ya que las empresas pagan el impuesto. Establece una tasa más baja que la que se aplica para los activos externos. Y mantiene exentas a las sociedades que cotizan en la bolsa. ¿Puede haber una fuga de ahorristas? Los funcionarios creen que no, porque sigue sin haber una opción mejor en términos impositivos.

Las principales rebajas de impuestos son cuatro. Reducción de la alícuota de 35 a 25% para las ganancias que se reinvierten. Quiere decir que si una empresa reinvierte el 100% de sus ganancias, tributará como en cualquier país con una carga razonable. También disminuirá el impuesto al cheque, que en cinco años será 100% deducible de Ganancias. La otra es la eliminación del escandaloso "impuesto tecnológico", creado en beneficio de los importadores que arman y embalan electrónicos, sobre todo en Tierra del Fuego. El tratamiento de ese régimen especial, por el cual el Estado resigna una gigantesca masa de recursos en beneficio de esos importadores, es de la mayor sensibilidad política. Primero, porque a pesar de la protección de la que goza, esa "industria" sigue siendo muy poco competitiva. Lo demostró el ministro Sergio Bergman cuando trajo un led de Chile. Segundo, porque uno de los grandes beneficiarios del sistema es Nicolás Caputo, alter ego de Mauricio Macri. El régimen vence en 2020.

El tercer alivio para las empresas es la reforma laboral. Habrá un mínimo no imponible de cargas patronales para salarios inferiores a $ 12.000, que son los que compiten con los del sector informal. También se establece un fondo de despido para actividades con rotación cíclica de personal, a semejanza de lo que ya rige en la construcción. Es un castigo a la industria del juicio laboral. Además, habrá un régimen muy económico para que los miniemprendimientos puedan blanquear al personal. Estas tres medidas apuntan a reducir la informalidad. Las negocian los sindicatos con Jorge Triaca. El ministro es el responsable de un eje principal de la política de Cambiemos: discutir al peronismo la bandera del trabajo en los sectores más desamparados.

La tímida reducción de impuestos que propone el gobierno nacional supone que las provincias bajarán Ingresos Brutos. Es un viejo gravamen sobre las ventas que comenzó a extenderse a todos los tramos de la actividad económica. Esa cascada estrangula la competitividad porque, a diferencia del IVA, no se descuenta el que se paga con la compra del insumo. La recaudación total equivaldría a 4% del PBI.

Los gobernadores se aferran a ese gravamen distorsivo porque es fácil recaudarlo. Hay jurisdicciones en los que la alícuota llega a 7%. Conviene insistir: 7% que se acumula por cada eslabón de la cadena productiva.

Las estrellas de Cambiemos, María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta, aumentaron los impuestos territoriales previendo que deberán bajar Ingresos Brutos. "Yo tenía una alícuota alta porque estaba acorralado por los Kirchner; Pero vos enfrente me tenés a mí", le hizo notar Macri a Larreta para justificar por qué debe ajustarse. A los gobernadores peronistas, la Casa Rosada les hará notar que, en tres años, tendrán un ingreso adicional equivalente a 0,5% del PBI. Es por la recuperación del 15% de coparticipación dispuesto por la Corte. Ese 0,5% es el déficit acumulado de todas las provincias hoy en día.

La rebaja de Ingresos Brutos no sería viable sin el pacto de responsabilidad fiscal que Dujovne ya negoció con casi todos los mandatarios del PJ. Es otra pieza del mecano. El compromiso es no aumentar el gasto por encima de la tasa de inflación.

Los gobernadores se aferran a los impuestos propios, aunque sean distorsivos, porque temen que la Corte falle a favor de restituir a Buenos Aires su participación histórica en el Fondo del Conurbano. Una parte más del rompecabezas.

Lo más probable, sin embargo, es que ese fondo especial salga de otra fuente: el ahorro que haría la Nación si se modificara la fórmula de actualización de las jubilaciones. Es la piedra angular de toda esta arquitectura. La fórmula elegida por el kirchnerismo en octubre de 2008 para ajustar esos ingresos es el producto de una mente afiebrada. Combina aumentos de una parte de la recaudación de la Anses en iguales semestres de dos años consecutivos con ajustes salariales de semestres consecutivos. Además, establece un límite de 3% de la variación de recaudación total durante los dos años inmediatos anteriores. Con este método, entre 2009 y 2017, las jubilaciones crecieron 16,7% más que los salarios y 36% más que los recursos de la Anses.

En un proceso de reducción inflacionaria esa receta es insostenible. Aumenta las jubilaciones según mejoras salariales antiguas, de cuando había más inflación. No preserva el poder adquisitivo, sino que lo incrementa todo el tiempo. Por esta dinámica, en 2020, con ingresos estables, habría un déficit previsional de 2,3% del PBI.

El Gobierno se propone una nueva fórmula, basada en el aumento de precios y/o salarios, homologable con la OCDE. El cambio ya está contemplado en el proyecto de presupuesto. En principio, llevaría la actualización de un 27% a un 23% anual. El cambio significaría un ahorro de alrededor de $ 100.000 millones. El atractivo de esta decisión para los gobernadores es que de aquí saldría el Fondo del Conurbano. El atractivo para Macri es que en esos $ 100.000 millones se esconde, en parte, la chance de la reelección.

Para terminar de evaluar la propuesta oficial hay que incorporar dos variables tácitas. Una es una lucha más sistemática contra la evasión, que es del 30 por ciento. Es una obsesión de Dujovne y de Gustavo Lopetegui, que a fines de los 90 fue asesor de Larreta en esa agencia. La otra variable es el crecimiento: mejora los ingresos y permitiría acelerar la rebaja impositiva.

El rompecabezas tributario se terminará de armar con los gobernadores peronistas en una cumbre prevista para el jueves próximo. En el duelo cada sector esconde un arma. La fecha crucial es el 31 de diciembre. Ese día vence la ley del impuesto al cheque. Es un ingreso importante del Estado central, que percibe el 85% de lo recaudado. El peronismo podría intentar no renovarlo. El mismo día vence la suspensión del pacto fiscal de 1993. Si Cambiemos decide no ratificarla, las provincias deberán reducir Ingresos Brutos al 3% y aplicarlo sólo sobre la venta final del producto.

Para calibrar esta confrontación hay que considerar una novedad estratégica. Cambiemos controlará desde el 10 de diciembre más de un tercio de cada cámara del Congreso. Quiere decir que la oposición no podrá juntar dos tercios. En otras palabras: no podrá anular un veto presidencial. Es una clave para entender este debate. Para vislumbrar los próximos dos años. Y para detectar al nuevo Macri.