Empresa considera como “arbitrario e ilegal” sumario sanitario. “No existió, ni se acreditó, la existencia de riesgo alguno para la salud”, dijo.

A la compleja situación financiera que enfrenta el proyecto Alto Maipo, ahora se sumó un nuevo flanco: la sociedad controlada por AES Gener inició una ofensiva judicial para intentar anular una sanción impuesta por la Seremi de Salud por infracciones ambientales.

Si bien la multa resulta insignificante para la magnitud de la obra, menos de $ 10 millones, la compañía busca desechar la acusación de la Seremi respecto a que las acciones sancionadas generaron un eventual riesgo para la salud de la población, apuntando a un sumario sanitario “arbitrario e ilegal”.

Alto Maipo afirma que la Seremi no tiene competencia respecto a la fiscalización de la obra, lo que a su juicio está a cargo de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA).

Dado esto, la compañía presentó una reclamación judicial en contra de la Seremi de Salud, representada por el Consejo de Defensa del Estado, para intentar anular el sumario en que se acusó a la eléctrica de haber infringido una serie de resoluciones asociadas a las plantas de tratamiento de aguas servidas y riles del proyecto.

Pese a que en primera instancia la acción judicial fue desestimada por el 23º Juzgado Civil de Santiago por cuestiones formales, la empresa presentó la semana pasada un recurso de reposición con el objetivo de que sea admitida a trámite, lo que aún está pendiente de resolución.

“Actualmente se encuentra en curso un procedimiento sancionatorio ante la Superintendencia de Medio Ambiente, que fuese iniciado mediante una formulación de cargos que incluía los hechos que motivaron el inicio del sumario sanitario seguido ante la Seremi de Salud”, dice la acción judicial.

En enero, la entidad fiscalizadora decidió abrir un expediente contra la futura central, que podría derivar en la revocación de su permiso ambiental, la clausura temporal o definitiva y multas por hasta $ 2.800 millones (unos US$ 4,3 millones).

La iniciativa, que enfrentó la salida del Grupo Luksic de su propiedad y que elevó sus costos en más de 20%, enfrenta 14 cargos por incumplimientos. Como parte de este proceso, la Superintendencia le solicitó a Alto Maipo informes geológicos del proyecto.

Para abogados del sector, quienes piden reserva de su nombre por mantener litigios abiertos con la Seremi, Alto Maipo busca despejar cualquier atisbo de una eventual duplicidad de sanciones, por lo que apunta a que solo la SMA puede fiscalizar la iniciativa.

Pero la compañía va más allá, afirman los mismos consultados, y busca desvirtuar cualquier acusación de que la iniciativa podría causar un riesgo para la población.

“Es dable concluir que las infracciones imputadas a mi representada no sólo no son efectivas, sino que además, en ningún caso han generado un riesgo para la población, motivo por el cual la imposición de una sanción carece absolutamente de fundamento y, además, es del todo desproporcionada”, dice la acción judicial presentada por Alto Maipo, representada por Pablo Ortiz, socio de Vergara Galindo Correa Abogados.