La incertidumbre que atraviesa a la industria petrolera y que echa sombras sobre casi el 25% de la producción de gas del país parece tener fecha de resolución. Según confirmaron fuentes de la actividad, el mes próximo se cerrará la discusión con el ministerio de Energía por las condiciones para ingresar en el denominado nuevo plan gas.

La Resolución 46 de la cartera que dirige Juan José Aranguren establece un garantía de precio para el fluido no convencional de la Cuenca Neuquina entre 2018 y 2021. Inicialmente se indicó que todo proyecto con un nuevo plan de inversiones quedaría contenido en la iniciativa.

Incluso se le devolvió la voz y el voto a las provincias al establecerse que serían las administraciones locales las que darían el primer visto bueno para que los proyectos ingresen al plan. Esto parecía sumarle atractivo a la iniciativa ya que se acelerarían nuevas inversiones y las compañías podrían utilizar sus apuestas para obtener las concesiones no convencionales de las áreas.

Pero el escenario se enturbió cuando a más de 10 meses de aprobada la resolución ningún proyecto fue oficialmente ingresado al plan.

La inquietud traspasó las fronteras nacionales y durante la última conferencia con inversionistas que hizo YPF para explicar los detalles de su plan quinquenal (ver edición impresa de “Río Negro”) la aplicación del programa y sus alcances fueron consultados en más de una oportunidad.

La provincia de Neuquén aprobó seis nuevas concesiones no convencionales en lo que va del año. Para todas ellas se presentaron nuevos proyectos de inversión con un horizonte de unos nuevos 40 millones de metros cúbicos de gas. Pero incluso el agresivo desarrollo de Techint en Fortín de Piedra aún no tiene el sello de ingreso al sendero oficial de precios para el gas.

El esquema de Aranguren, que asegura 7,5 dólares por millón de BTU para el primer año y 6 dólares para el último, fue la clave para destrabar esas inversiones.

Pero además hay una discusión en paralelo que es la que se lleva toda la atención. Qué ocurrirá con los “viejos” proyectos de gas con los que, apoyados en precios subsidiados, el país logró detener la curva de declino. Esos planes sostén vencen el 31 de diciembre de este año, justo un día antes de que entre en vigencia el nuevo programa.

Las operadoras entienden que los desarrollos realizados y las inversiones en infraestructura para canalizar la creciente producción deben ser consideradas dentro del nuevo esquema. Agregan además que atar esos volúmenes de gas a los precios domésticos del mercado sería condenarlos a su extinción.

La reunión que está prevista para las próximas semanas busca acordar un mecanismo para poder incluir esa producción ya que las condiciones para la nueva extracción no convencional estarían garantizada. Las discusiones y las presiones se concentran sobre el mecanismo que aplicará el gobierno nacional.

Como ya publicó este medio, la opción más fuerte que circula entre la industria es la creación de una escala con porcentajes de crecimiento para cada proyecto. En términos generales se establecerían metas de producción a alcanzar para conseguir el sendero de precios propuesto por el gobierno nacional.

La idea que perdió fuerza fue la de las licitaciones de nuevos volúmenes de gas. En cabeza de los técnicos del ministerio de Energía circuló la propuesta de emular el mercado eléctrico y licitar paquetes de gas por tiempo y cantidades determinadas, a un precio preferencial.

Para varias fuentes de la industria pensar en la contractualización del mercado argentino del gas todavía es un alternativa que se ve como muy lejana.