CARLOS PAGNI
Julio De Vido amaneció hoy por primera vez tras las rejas. Su caída es otra señal de la descomposición del peronismo. Y una respuesta a la demanda de regeneración institucional que exige con insistencia una parte de la sociedad. Aun cuando el sistema que llevó a la cárcel a este poderosísimo ex ministro sea el mismo que le regaló una década de inviolable impunidad. Podría ser la victoria del bien sobre el mal. Por ahora es el mal que se devora a sí mismo. De Vido perdió casi toda la protección de que gozaba. Apenas le queda la de los secretos que atesora.
Si es que sirven para algo. Los diputados de su bloque, con los del Movimiento Evita, no bajaron al recinto para reivindicarlo. Los compañeros del Frente para la Victoria se limitaron a una anodina conferencia de prensa en la que culparon al Gobierno de manipular los tribunales. Máximo Kirchner, el hijo del antiguo amigo y jefe de De Vido, ni siquiera apareció.
La defensa ni siquiera fue unánime. Con la excusa del desafuero se insinuó un realineamiento. Los diputados que responden al gobernador de San Juan, Sergio Uñac, y a José Luis Gioja, que estuvo ausente, votaron a favor de la sanción. Igual que los tucumanos de Jorge Manzur y la rionegrina María Emilia Soria, hermana del intendente de General Roca. Integran el bloque de De Vido, pero le soltaron la mano. No es casual. Pertenecen a distritos donde el Frente para la Victoria derrotó a Cambiemos. Uñac y Manzur se habían reunido un día antes para presentarse como los sobrevivientes de un naufragio. La izquierda cumplió con lo que había anticipado: el día que lo pidiera un magistrado, votaría el desafuero. Y los demás diputados peronistas abandonaron a De Vido. En los tiempos de gloria, muchos de ellos le besaban el anillo.
El ex ministro quedó preso por dos causas: un desaguisado de recursos en Yacimiento Río Turbio y sobreprecios en las importaciones de gas natural licuado (GNL). En ambas el fiscal es Carlos Stornelli, quien molestó a De Vido en el apogeo, investigando el caso Skanska. En 2007, Stornelli pidió la indagatoria de varios funcionarios. Al poco tiempo le ofrecieron ser ministro de Seguridad de Daniel Scioli y aceptó. En 2010, Stornelli regresó a la fiscalía. Hace tres meses, perseverante, pidió el procesamiento de De Vido en esa misma causa. Ahora, quizá se lo concedan.
Con De Vido se completa el ocaso de la nomenklatura que manejó el mayor presupuesto durante el kirchnerismo. Ricardo Jaime (Transporte), José López (Obra Pública) y Roberto Baratta (Energía) ya estaban tras las rejas. El ex superministro quedó aislado. Ayer apenas consiguió salir sin casco. No cabía esperar que los empresarios y sindicalistas que lo halagaron se hicieran presentes en la hora más amarga. Desapareció también su antiguo vocero, Alfredo Scoccimarro, en la lupa por Fútbol para Todos. Los abogados Virgolini, Silvestroni y Maloneay se alejaron por problemas de honorarios. Tampoco lo patrocina Rafael Llorens, el letrado de Planificación que se preciaba de que, gracias a él, De Vido era intocable. Ni lo acompaña José María Olazagasti, su mano derecha, y con él, Alfredo Lijo, el hermano del juez Ariel Lijo, con quien De Vido comparte la pasión por los canarios. Pajaritos en cautiverio, como él.
El desmanejo de fondos en Río Turbio fue denunciado por el radical santacruceño Eduardo Costa. Senador electo, Costa venció al kirchnerismo en su cuna el domingo pasado. El juez del caso es Luis Rodríguez, a quien la Sala II de la Cámara Federal debió ordenar que procesara al ex ministro. Las compras de GNL, denunciadas por Federico Pinedo, son investigadas por Claudio Bonadio, quien ya detuvo a Baratta. Son operaciones realizadas por Enarsa que habían despertado la sospecha de la propia Cristina Kirchner. Sobre todo por la presencia de intermediarios como el menemista José Roberto Dromi, hoy procesado.
Los cargos contra De Vido son, en este caso, controvertidos. Especialistas del sector gasífero, que fueron críticos de la política energética kirchnerista, objetan los cálculos del perito David Cohen, en los que se basa Bonadio. Hay una controversia sobre los montos en juego. En sus cuadros, realizados a mano alzada, Cohen define el precio del GNL sumando los costos de la producción, la licuefacción y el flete. No advierte que en el comercio internacional ese precio está determinado por el costo de oportunidad para el vendedor y el comprador, que a su vez depende de la oferta y la demanda. La divergencia es peligrosa. No sólo porque hoy el Estado sigue comprando GNL según estas reglas de mercado. También porque la debilidad del peritaje puede voltear toda la causa, consagrando una irritante impunidad. Un experto ironizó: "El perito parece haber sido puesto por Dromi".
Con independencia de estas fragilidades, ayer en Diputados se rompió un dique. Allí todos miran a Elisa Carrió, que denunció a De Vido en 2004, antes que nadie. Carrió surgió de las elecciones con un poder tan extraordinario como problemático. Carrió no hace arqueología con la corrupción. Su agenda se fija en el presente. Sobre todo en la Justicia. Anoche retomó sus denuncias contra Ricardo Lorenzetti. Lo acusó de presionar a la dirigencia política para neutralizarla. Y aclaró que a ella no la disciplina ni siquiera Macri. El éxito de Carrió es un dilema para el Presidente.
La captura de De Vido representa, para muchísimos ciudadanos, un alivio. Muchos quieren que adelante la de Cristina Kirchner. Pero ¿cambiará el Senado la doctrina según la cual sólo cabe el desafuero ante una condena definitiva? Hoy por la mañana comenzará a despejarse esa incógnita. Miguel Pichetto, la figura más gravitante de esa cámara, se reunirá con los gobernadores del PJ en el Consejo Federal de Inversiones. A la misma hora la ex presidenta declarará ante Bonadio por el acuerdo con Irán. La debe de haber inquietado ver las fotos de Lorenzetti con el presidente de la Daia, querellante en ese caso, en una visita a Tel Aviv. Tal vez le recordó otra imagen: Lorenzetti con Bonadio el día en que éste reactivó la denuncia de Alberto Nisman.
Además de provocar, para muchos, una catarsis, la captura de De Vido es también escandalosa. Por lo tardía. Muchos jueces condenan ahora al kirchnerismo con la fruición con que antes le ofrecieron impunidad. Al juez Rodríguez, el del caso Río Turbio, debieron obligarlo a dictar el procesamiento. Comprensible. Rodríguez es juez gracias a Javier Fernández, quien fue el hombre de De Vido en la Auditoría General de la Nación.
Bonadio incluyó a De Vido entre los procesados por la tragedia de Once por mandato del tribunal oral. Él lo había excluido, según informan en Comodoro Py, por una gestión de Alfredo Lijo, el hermano del juez Lijo. Por eso en tribunales se escucha que De Vido empezó a ver su final cuando Ariel Lijo se desprendió de cuatro causas en las que figuraba como imputado.
Las sanciones contra las figuras más cuestionadas del kirchnerismo deberían representar una reposición de la ley. Sin embargo, son el resultado de un balance de presiones. Aun en ese juego, se producen novedades interesantísimas. El juez Sebastián Ramos anuló el sobreseimiento con el que su colega Marcelo Martínez de Giorgi había favorecido al camarista Eduardo Freiler, de Justicia Legítima, en una causa por enriquecimiento ilícito. Para Ramos, esa absolución fue fraudulenta. El fallo es paradigmático. Pone en tela de juicio el principio de la cosa juzgada, algo que no provoca la alarma que merecería por la baja calidad promedio de la justicia federal penal. Además, Ramos plantea un antecedente para otras causas cerradas de manera sospechosa. Por ejemplo, la de enriquecimiento ilícito del matrimonio Kirchner, cancelada por Norberto Oyarbide.
Freiler ahora deberá apelar el fallo de Ramos ante sus colegas de la Cámara Federal. Mientras tanto, se lo sigue juzgando en el Consejo de la Magistratura. Allí su suerte comenzó a arrastrar a la de los Lijo. Carla Lago, la ex esposa de Alfredo, el hermano del juez Lijo, reveló que su ex marido es socio con Freiler en un balneario en Necochea. También deslizó que sería socio de su hermano el juez en el haras La Generación, de Dolores.
Se entiende que De Vido haya perdido la protección de que gozaba. Sus custodios ahora deben custodiarse a sí mismos. A veces el azar agudiza la orfandad. De Vido pasó la noche en una celda antigua y estropeada. Tal vez estaría en mejores condiciones si hubiera renovado el sistema carcelario. Fue imposible porque un ministro de Justicia se negó a convalidar una licitación sospechosa. Expulsado, el funcionario se retiró a la actividad privada, donde el kirchnerismo trató de dejarlo sin clientes. Aquel ministro era Horacio Rosatti. Hoy es juez de la Corte a la que llegarán, tarde o temprano, los expedientes de De Vido. La injusticia del sistema a veces es corregida por la justicia de la Historia.
FRANCISCO OLIVERA
Su casa de Puerto Panal, Lima, ya está acondicionada. Por las dudas. Nadie sabe si se concretará finalmente, pero la estrategia de Julio De Vido apunta a que, tal vez, dado su estado avanzado de diabetes, sus penurias judiciales puedan terminar en dos alternativas: alojamiento en un hospital penitenciario o prisión domiciliaria.
Es un secreto que tienen los pocos que lo siguieron viendo. Porque sólo Roberto Baratta, su fiel ex colaborador, preso en Marcos Paz desde la semana pasada por el juez Claudio Bonadio en la misma causa que investiga las importaciones de gas, y José María Olazagasti, su secretario privado, han frecuentado ese reducto donde, desde que se alejó del poder, De Vido ha elegido retirarse. Se llama El Arrullo, que es el sonido monótono con que manifiestan su estado de celo las palomas y las tórtolas. Pocos lo saben: además de criador de canarios, el arquitecto es aficionado a la colombofilia. Una enorme recinto de hormigón instalado en el jardín cobija a esas palomas adiestradas que, en las carreras, vuelven siempre instintivamente a su lugar de residencia.
Es la primera pretensión de sus abogados. La segunda, tal vez más a mediano plazo, consistirá en defenderse desde el aspecto técnico: el acusado no ha firmado absolutamente nada, todas las operaciones que condujo contaron con el control de los órganos del Estado y la decisión de los jueces no se ajusta a derecho. Este último aspecto es un argumento que el ex ministro comparte con sus ex compañeros de La Cámpora: la pena está en el plazo de lo excarcelable, no había sido citado siquiera a indagatoria cuando decidieron quitarle los fueros y una prisión preventiva sobre quien no había mostrado ánimo de entorpecer la investigación ni de fugarse convierte la investigación en una causa política.
No tiene muchas opciones. La ley del arrepentido no permite, como en Brasil, eximir de pena a quienes se acojan al régimen colaborando con la Justicia, y tampoco tiene demasiados a quienes echarles la culpa. Néstor Kirchner, el gran demiurgo del esquema de acumulación de poder que lo llevó a la cárcel, ya no está. Le queda entonces mirar a ese sector que siempre le generó desconfianza y cuyos miembros desfilaron hacia él entre 2003 y 2015 con total desparpajo: los empresarios. A ellos apuntará en todo caso llegado el momento, cuando decida poner en práctica una advertencia que le confesó últimamente a su entorno: hablará de los sobreprecios en las obras públicas, porque hacerlo llevará de manera inevitable, piensa, al círculo íntimo de Mauricio Macri.
Algunas de esas presunciones tienen cierto sentido. Francisco Macri, el padre del Presidente, fue uno de los empresarios preferidos del kirchnerismo, fuerza con la que convivió como concesionario del ferrocarril Belgrano Cargas y hasta protagonista de la relación con China. "El próximo presidente tiene que salir de La Cámpora", dijo en 2014 Macri padre a la revista Noticias.
El trazo grueso de esa estrategia tiene, pese a la frialdad y a la distancia que han trascendido a los medios, bastantes puntos en común con la de Cristina Kirchner. La desgracia volvió a unirlos. Aunque con ella haya hablado últimamente lo justo y lo necesario. Por ejemplo en agosto, días después de que fracasó, el 27 de julio, la primera votación para expulsarlo de la Cámara de Diputados.
En realidad, durante la campaña electoral, el consejo que el asesor catalán Antoni Gutiérrez-Rubi le dio a la ex presidenta fue que no nombrara a De Vido. La sugerencia se limitaba a quejarse de la parcialidad de una Justicia en supuesta connivencia con el Gobierno, pero sin mencionar a ninguno de los kirchneristas procesados.
Ella lo cumplió. Y dio una pista durante la entrevista que le concedió a Gerardo Rozin en el programa Morfi, que se emite por Telefé, cuando admitió que se había callado ya "demasiado" tiempo por la corrupción y que, a partir de ahora, no se callaría nunca más. "Lázaro Báez era socio de Ángelo Calcaterra, primo de Macri, y eso nadie lo cuestiona", dijo ese día. "¿Cuándo carajo van a querer averiguar quién le dio la plata a José López?", volvió a preguntar en la intimidad, durante una de las reuniones de campaña.
Es el mensaje en que insistirá también De Vido llegado el caso. Hasta ahora, su descargo en la causa del gas natural licuado, una de las dos que lo llevaron a la cárcel, fue sólo conceptual: se defiende en dos carillas y media sin dar un solo nombre. Bastante más componedor que Baratta, que usó 26 carillas e hizo 16 menciones concretas.
De Vido cree que ésa es su bala de plata. Que decida usarla, y que realmente surta efecto, dependerá de lo que vaya ocurriendo con la urgencia Nº 1: que el deterioro de la salud le permita alojarse en un centro de salud o, manso como una paloma, volver silencioso a Puerto Panal.
