Ignacio Rosenfeld
Desde el primer atisbo oficial hacia las energías renovables –dado allá por inicio del Gobierno de Mauricio Macri– se han ido sucediendo distintos hechos, los cuales llevan a la siguiente interrogante. ¿Cuál es el precio de las energías renovables en Argentina? Dada la tendencia a la baja observada en las rondas RenovAr 1.0 y 1.5, sumada a la baja que se comenta respecto de la actual ronda 2.0 –alrededor de US$ 47–, resulto lógico inferir que el precio sigue una marcada pendiente negativa (el precio promedio en RenovAr 1.0 fue de US$ 61,33 mientras que en RenovAr 1.5 fue de US$ 53,98, es decir, una baja aproximada del 12% con respecto a la ronda anterior).
Ahora bien, este análisis tiene varias implicancias dado que el precio fijado –por la potencia asignada– determina el flujo de ingresos que será generado a fin de repagar los respectivos proyectos. En ese sentido, resulta entonces interesante indagar porqué al día de la fecha se ha construido un porcentaje muy bajo de todos los proyectos adjudicados en las rondas previas. En primer lugar, todas las voces coinciden en ubicar a la causal principal de dicha situación en el complicado acceso al financiamiento.
Consecuentemente, no sorprende, entonces, que una característica casi común a todos aquellos adjudicatarios que sí han avanzado en sus respectivos proyectos sea la de contar con grandes reservas de capital propias disponibles. En relación a ello, también es importante destacar que a nivel mundial las condiciones de financiamiento no son las mismas en función de que el giro de la política monetaria norteamericana ha endurecido el costo del endeudamiento, haciendo que éste sea actualmente mayor al costo registrado cuando se daban los primeros pasos con el Plan RenovAr previo a la elección de Donald J. Trump a fines de 2016 –tendencia que todos los analistas coinciden seguirá de la misma manera–.
Por último, otra causa residió en la falta de una ponderación adecuada –por parte de muchos adjudicatarios– de todos los costos vinculados al desarrollo de los proyectos lo cual naturalmente dificultó en extremo su desarrollo en la práctica (en ese sentido puede decirse que el exceso de optimismo se tradujo en cierto de grado de irresponsabilidad).
En función de lo dicho, ¿es sostenible una tendencia a la baja del precio mientras paralelamente la mayoría de los proyectos adjudicados no pueden ser construidos? A mi entender, el Gobierno debería contrapesar en la actual ronda –y en aquellas que se den en el futuro– (I) el beneficio de la baja del costo de la energía contra, y (II) la viabilidad de los proyectos adjudicados, porque de nada sirve adjudicar proyectos baratos que no se pueden llevar a cabo. En otras palabras, el Gobierno debería tomar nota seriamente de lo sucedido en las rondas anteriores porque en definitiva lo importante es que haya efectivamente una mayor oferta de energía que pueda contribuir al crecimiento de la economía local.
A todo esto hay que agregar además la consideración de un tema crucial, que es el del transporte de la nueva energía generada que aún no cuenta con las correspondientes líneas de transporte.
Si bien se ha anunciado para marzo de 2018 el inicio del proceso licitatorio con respecto a la construcción de dichas líneas, dado lo dicho en párrafos anteriores es esperable que el cuello de botella con respecto al despacho de energía se dé más bien en el mediano que en el corto plazo.
No obstante, en el gobierno hay cierta preocupación en torno a los efectos adversos de dicho cuello de botella por lo que, a fin de no amedrentar el optimismo de los oferentes, se rumorea que el Gobierno se haría cargo de efectuar los pagos a aquellos proyectos que estuviesen listos para despachar y que no pudiesen realizarlo por falta de líneas de transporte, lo cual en definitiva repercutirá en un mayor gasto público, a contramano de lo que el esquema de las renovables busca.
