La exfuncionaria fue procesada por el juez federal Bonadio en la misma causa del pedido de desafuero y detención del exministro de Planificación, Julio De Vido.
Se le atribuye el “delito de defraudación contra la administración pública” por la compra de gas licuado desde el exterior por parte de Enarsa.
La exsecretaria de Hidrocarburos, Tamara Pérez Balda figura en Río Negro con tres causas penales, una de ellas, aún, abierta. Esta exfuncionaria provincial fue procesada recientemente por el juez federal Claudio Bonadio en la misma causa del pedido de desafuero y detención del ex ministro de Planificación, Julio De Vido.
Además, a Pérez Balda se le fijó un embargo de 1.000 millones de pesos y la prohibición “de salida del país”, con otros 24 imputados. Dos señalan a la rionegrina en las operaciones censuradas, según sus dichos expuestos en la resolución de 269 páginas.
Su actuación corresponde a su labor en el Directorio de Enarsa –cargo que ocupa desde abril del 2010– y, también, integró el Comité de GNL, cuya participación es resaltada por otros imputados por las compras de gas natural licuado, cuestionadas judicialmente por los sobreprecios y el mecanismo utilizado. La resolución dice que esa importación no tuvo licitación sino “concursos de precios en el que el valor del fluido ya estaba definido y no existía negociación alguna”. Bonadio concluyó con la imputación del “delito de defraudación contra la administración pública”. Balda figura como “partícipe necesario”.
Dos imputados incluyen a Pérez Balda en la formalización de las operaciones. Exequiel Espinosa y Jorge O Donnell, que fueron presidente y gerente de Gas de Enarsa, se desligan de las compras y describen pasos de las adjudicaciones, comprometiendo al Comité de GNL, que la ex secretaria rionegrina conformaba con otros dos directores.
La maniobra –según el fallo– consistió que el país –en el periodo 2008-2015– importara GNL a diferentes “empresas internacionales, a precios superiores a los valores de mercado, generando de esta manera un perjuicio a las arcas del Estado de aproximadamente 6.965 millones de pesos”.
En diciembre del 2005, Pérez Balda asumió al frente del área de Hidrocarburos de Río Negro, en la gestión de Miguel Saiz. Tres causas penales acumuló, con un procesamiento por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” por negarse a responder a la entonces Defensora del Pueblo, Ana Piccinini. Esa instancia fue luego revocada por la Cámara Penal.
También, en el 2009, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas abrió un expediente por presunto “crecimiento desproporcionado de su patrimonio” y, finalmente, en junio del 2015, la Justicia resolvió con su sobreseimiento. En cambio, una tercera causa –también de entonces– sigue activa y derivó en “incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos”, referido a otra denuncia de Piccinini ya que Pérez Balda era secretaria de Hidrocarburos y, además, integraba el directorio de la empresa provincial Edhipsa que firmaba contratos con privados. El último fiscal de la investigación, Juan Pedro Peralta requirió información a Energía y Edhipsa de los vínculos de esa sociedad estatal con otras petroleras.
6.965 millones de pesos alcanzaría el perjuicio a las arcas del Estado por la importación de GNL a empresas internacionales.
“No sabía nada” y “no asistía”
“Nada, no sabía nada”, consigna la resolución que fue la respuesta de Pérez Balda cuando se le pregunto “cuál era su conocimiento sobre gas natural licuado”. Aún así, integraba un Comité de GNL para esa compra, explicando que el mismo se “constituyó para un verano, en enero, y el resto de los directores estaban de vacaciones”.
“A las reuniones de GNL en general no asistía, me llamaban si necesitaban quórum. Yo todavía vivía en Río Negro en el 2014. Iba y venía cuando Enarsa me convocaba”. Hoy –según sus datos en el fallo– vive en Palermo. Se defendió ante el juez porque su “función era política, no tenía funciones ejecutivas”.
“Siempre se trabajaba sobre la urgencia, llegaba la instrucción de Planificación, vía Baratta (hoy detenido) y se nos ordenada salir a comprar cargamentos de GNL”.
Insistió en su defensa que “no había fundamento para oponerse” con los “informes técnico y legal favorables y no objeción de SIGEN”. Reiteró que “todo era siempre en urgencia, nos llegaba el informe en el día y en el mismo día teníamos que decidir en ENARSA porque se vencían los plazos de entrega de cargamentos”.
En referencia a los otros imputados, la rionegrina dijo al juez que a “De Vido lo conozco de haberlo visto en un acto, no tengo ni tuve relación personal con él. A Roberto y Dromi no los conozco”. Pérez Balda sigue en el directorio de Enarsa por las provincias, con un mandato renovado el año pasado por “propuesta del gobernador de Neuquén y ratificado por el ministro (José) Aranguren” frente a un empate. Afirmó que su “función era política, no tenia funciones ejecutiva.
Hablaba –dijo– con intendentes, gobernadores cuando había que hacer alguna actividad o proyectos propios a las funciones de Enarsa, como la instalación de una planta de gas en Neuquén o un parque eólico en Comodoro Rivadavia”.
