El mecanismo de Participación Público Privada (PPP) acarreará inversiones en el país por unos US$ 97.000 millones que en los tres años se decantarán en autopistas, energía y construcción, según un informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) difundido este martes
La Participación Público Privada es una moderna herramienta de gestión pública muy utilizada en los países desarrollados y en varios de América Latina. En la Argentina no se utilizó aún cuando su potencial es enorme. A partir del próximo año empezará a concretarse pero para que brinde buenos resultados es fundamental profesionalizar los organismos públicos de contrataciones, transparencia y una estrategia que evite la concentración de proyectos en Buenos Aires.
A través del esquema de Participación Público Privada (PPP) se establece una articulación del Estado con el sector privado diferente a los métodos de contratación tradicionales. El Estado no contrata la ejecución de una obra sino la provisión de un servicio. Es decir, fija un objetivo y le da libertad al privado para que desarrolle el diseño del proyecto, el mecanismo de financiamiento, los métodos de ejecución y la forma de operar el servicio. El esquema busca inducir la innovación para un mejor diseño, ejecución y administración de los proyectos y un mayor compromiso del privado con los resultados.
Las PPP tienen una institucionalidad muy desarrollada en los países avanzados. Allí se ejecutan contratos de largo plazo en proyectos muy variados que van desde obras viales a la construcción y mantenimiento de hospitales, cárceles y escuelas. En la región vienen siendo muy utilizados desde hace un par de décadas por Chile, Perú, Colombia, México y Brasil. Recientemente Uruguay los ha comenzado a usar en desarrollos para el servicio penitenciario, escuelas y hospitales.
En la Argentina recién se sancionó la Ley regulando las PPP el año pasado y se prevé comenzar a utilizarlas a partir del 2018. Según el proyecto de ley de Presupuesto, entre los años 2018 y 2020 se ejecutarán con PPP las siguientes inversiones
+En construcción de autopistas y mejoras en vías de transporte se invertirán unos U$S 50 mil millones.
+En obras para energía y manejo del agua se invertirán unos U$S 30 mil millones.
+En viviendas, hospitales y cárceles se invertirán unos U$S 17 mil millones.
Estos datos señalan que, en los próximos 3 años, se planea hacer inversiones con mecanismos de PPP por un total de U$S 97 mil millones. Suponiendo que las inversiones se realizan a razón de U$S 32 mil millones por año, tomando como referencia que las inversiones por el mecanismo tradicional de contratación están presupuestadas en el orden de los U$S12 mil millones para el año 2018, esto implica que a través de la PPP se estaría esperando cuadriplicar la inversión en infraestructura.Concretar esta aspiración es un desafío estratégico. En primer lugar, porque es una forma rápida de reducir los déficits de infraestructura. En segundo, porque su versatilidad permite innovar en soluciones sociales como viviendas, hospitales, escuelas y áreas complejas como la gestión de cárceles.
Las PPP potencialmente tienen varias ventajas. Para la situación que atraviesa la Argentina una muy atractiva es que libera recursos del Estado. El privado es el responsable de financiar la inversión inicial y el Estado asume el compromiso de pagar un canon cuando comienza la provisión del servicio. Además en algunos proyectos existe la posibilidad de que los particulares aporten al financiamiento a través del pago por el uso del servicio.
Por ejemplo, una ruta donde el privado recupera la inversión y los costos de mantenimiento a través de peaje y un canon del Estado. Aunque discutible, el compromiso del canon no se registra como deuda pública. Otro punto interesante es que el privado es inducido a optar por la mejor calidad en la inversión. Por ejemplo, al construir una ruta tendrá especialmente en cuenta que a su cargo estarán los costos de mantenimiento.
Su principal desventaja es que son instrumentos sofisticados, muy demandantes de calidad institucional y profesionalidad de los funcionarios del Estado. Hay estudios en el Reino Unido que señalan que la falta de conocimiento de los funcionarios públicos de ese país hizo fracasar los primeros contratos de PPP. La experiencia demostró que es crucial desarrollar capacidades técnicas y sentido de la ética en el sector público para diseñar correctamente los contratos, medir con precisión los resultados y establecer el canon en función de ellos.
La compleja institucionalidad que demandan las PPP lleva a alertar sobre otro riesgo específico en la Argentina que es la profundización de las asimetrías regionales. El plan de inversiones previsto para las PPP muestra un claro sesgo en favor de Buenos Aires. Sería muy importante rever este aspecto a través de una estrategia donde el Estado nacional promueva el uso del instrumento y el desarrollo de institucionalidad y transparencia para que las provincias jueguen un rol activo sumando inversiones con PPP.
El Gobierno y la cámara dicen que serán claves para el financiamiento en los programas público-privados (PPP); las locales actuarán como subcontratistas, con al menos un 33% del proyecto.
Las empresas constructoras argentinas participarían como subcontratistas o asociadas a firmas internacionales de mayor envergadura en las iniciativas de participación público-privada (PPP), un modelo para el que el gobierno nacional ya tiene unos 60 proyectos en carpeta por US$ 26.000 millones.
Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, realizó la estimación sobre el rol de las firmas argentinas en esta nueva etapa. En diálogo con LA NACION, ratificó el apoyo del sector al PPP como un modelo "muy importante para complementar la inversión estatal" -en experiencias a nivel internacional representa el 20% de lo destinado a infraestructura-, pero advirtió que es un "proceso lento, no es sencillo".
Weiss, que participó de la IV Jornada de Infraestructura organizada por la Cámara de la Construcción delegación Córdoba, sostuvo que los bancos y fondos de inversión que financian obras realizadas bajo el formato PPP "eligen grandes compañías internacionales, de las que las argentinas podrán ser subcontratistas".
El PPP es "un negocio financiero, no de producción", definió, y admitió que se están explorando posibilidades para que algunas empresas nacionales puedan asociarse a esas "grandes". El mecanismo permite que el sector privado financie una obra de infraestructura y que se repague a largo plazo; el Estado no pone recursos hasta que el trabajo contratado se termina.
Ricardo Delgado, subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal, dependiente del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, indicó a este medio que el modelo exige un componente nacional mínimo no inferior al 33%: "Es un paso inicial importante evitar que la infraestructura sea sólo ejecutada por compañías extranjeras".
Agregó que las modalidades contractuales previstas son "muy flexibles" para posibilitar que se adapten a diferentes obras y condiciones. "La participación del exterior tiene que darse, si no el país no podrá dar el salto que requiere; si no, no hay estructura financiera que pueda sostener lo que se necesita; lo que queremos es que la torta se amplíe", agregó Delgado.
Para Weiss, hay "algunos nichos" que generan más interés, como las rutas, obras hídricas y las relacionadas con el sector energético. Entre las iniciativas definidas por el Gobierno figuran, por ejemplo, la construcción de 2800 kilómetros de autopistas, 4000 kilómetros de rutas, construcción y mejora de cárceles y hospitales y ejecución de nuevas líneas eléctricas de alta tensión. "No perdamos de vista que será un proceso lento porque es complejo; hay que alcanzar muchos acuerdos antes de empezar la ejecución", subrayó. De los 52 proyectos PPP incluidos en el presupuesto 2018 enviado al Congreso, una decena tiene como fecha de terminación el año 2020.
"Las empresas nacionales tenemos vocación de construir y de gestionar en los casos que sea necesario, pero quienes financian buscan a las más importantes a nivel mundial", insistió el empresario.
Delgado admitió que en el Gobierno son "conscientes" de que el modelo "no resuelve de un día para el otro" los problemas existentes. "Hay que reconstruir confianza", sostuvo.
En Interior también se analiza que el PPP pueda aplicarse a planes de viviendas. Consultado sobre el tema, Miguel Camps, presidente de la Asociación Empresaria de la Vivienda, afirmó que el punto crucial es a qué mercado se apunta. "En el extremo de un proyecto social, veo más un esquema tradicional de las constructoras como contratistas. En el caso de la clase media, hay financiación con el Banco Nación y el desarrollador sale un poco de escena, es más un plan para una constructora".
Javier Cao, líder de Proyecto de la consultora Abeceb, describió como "muy probable" el escenario que proyecta Weiss: "Si en materia de obra pública el acceso a financiamiento es definitorio, en este caso en particular lo es más porque la propia empresa debe conseguirlo. Si, además, es una iniciativa importante, la posibilidad de que sean firmas regionales o internacionales, crece". El tamaño de la licitación es relevante porque en las obras más grandes "aumentará el interés" de jugadores de peso, que "puede que ni miren otras más chicas, donde se incrementarán las chances para las nacionales".
Gustavo Ortolá, director de Go Real State, de la Corporación América, coincidió en que el financiamiento es un "ingrediente clave" y que, aunque "hay muchos inversores mirando" a la Argentina, todavía faltan resolver algunas cuestiones importantes, como la nueva ley de mercado de capitales, que está trabada en Diputados.
Socios privados
El modelo de participación público-privada (PPP) le permitirá al Gobierno tener financiamiento de bancos y empresas para grandes obras de infraestructura.
Crédito
Las constructoras nacionales creen que tendrán dificultades para conseguir el financiamiento para sumarse.
Participación
Esto ya está generando la atracción de las grandes constructoras internacionales. Para darles cabida a las locales, el modelo impulsado por el Gobierno exige una participación mínima del 33% de firmas argentinas.
Modelo regional
En Chile y en Uruguay, las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones son las principales financiadoras de los PPP.
