Mientras en el gobierno anterior las DIA tardaban 201 días en ser calificadas, hoy el plazo total es de 254. Autoridad ambiental defiende su gestión, asegurando que el alza de tiempos se debe a normas más exigentes.
Más de 8 meses tarda hoy una empresa en obtener la aprobación a una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), requisito necesario para desarrollar proyectos de inversión de tamaño mayor.
Esto, de acuerdo con las cifras del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), que revelan que el promedio en que tarda la obtención de un permiso durante la actual administración es de 254 días totales. En el gobierno anterior, en tanto, el mismo trámite tardaba 201 días.
Se trata de un tema que preocupa al mundo privado, pues la denominada “permisología” se ha transformado en una traba para invertir. Esto, pues además de las autorizaciones ambientales, las empresas deben tramitar otras licencias sectoriales, lo que demora la concreción de proyectos.
Según el director ejecutivo (s) del Servicio de Evaluación Ambiental, Juan Cristóbal Moscoso, hoy el plazo es mayor principalmente por las mayores exigencias y actividades adicionales que fueron introducidas en la ley a fines del gobierno anterior, lo que implica más carga para todo el estamento evaluador.
Según el profesional, a pesar de ello el plazo legal -que excluye las pausas solicitadas por el titular y que, por lo mismo, es el que la autoridad efectivamente puede manejar- para evaluar las DIA llega a 76 días, versus 71 en la administración anterior. Esta diferencia entre días totales y días legales, advierte Moscoso, se debe a que las empresas solicitan suspensiones para responder de mejor manera a las consultas de los organismos técnicos, realizar actividades adicionales necesarias por particularidades de su proyecto, o bien, subsanar omisiones de su responsabilidad.
“La extensión de los plazos generalmente está asociada a la carencia o deficiencia de información presentada por los titulares ante el SEA y a la ausencia de relacionamiento previo con las comunidades existentes en el área de emplazamiento de los proyectos”, complementa Moscoso. Por ello, advierte, el SEA realiza permanentemente acciones para reforzar la gestión de los titulares y consultores y así perfeccionar la calidad de las presentaciones que estos efectúan.
“En esta administración se han realizado más de 187 capacitaciones a los actores relevantes del SEA, a las que han asistido más de 4 mil interesados. Asimismo, antes de fin de año contaremos con una plataforma e-learning para promover más las capacitaciones”, enfatiza.
Una opinión distinta es la que tiene el ex director ejecutivo del SEA del anterior gobierno y hoy vicedecano de Derecho de la Universidad Católica, Ricardo Irarrázabal, quien estima que el aumento en los plazos de evaluación tiene que ver, a su juicio, más bien con “ineficiencias” de la autoridad.
Para Paulina Riquelme, abogada socia de EeLaw, hay varias razones explican el aumento, entre las que destaca la existencia de problemas de gestión y falta deprofesionales en el SEA, mayores requerimientos legales y la dictación de un nuevo reglamento que hace más estrictas las evaluaciones.
“El SEA no administra, solo coordina. Copia y pega observaciones de servicios”, complementa.
“Gran parte de los plazos tienen que ver directamente con el exceso de información que solicitan algunos servicios sectoriales. Lo lamentable es que muchas veces esta información no tiene relevancia para la evaluación ambiental y por lo mismo solo aumenta los tiempos de evaluación sin generar beneficios de ningún tipo al sistema, concluye Rodrigo Benítez, abogado del estudio Jara Del Favero y ex subsecretario de Medio Ambiente.
